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Ortega libera a los principales líderes de las protestas en Nicaragua

El Gobierno excarcela a otras 56 personas después de aprobar una polémica ley de amnistía

El periodista Marlon Powell, tras ser liberado, junto a su esposa. En vídeo, testimonios de un excarcelado y de la madre de un excarcelado.

Daniel Ortega ha dado en los últimos días un inesperado giro a la crisis que vive Nicaragua. Este martes fueron liberados 56 presos políticos encarcelados tras la represión contra las protestas que desde el año pasado exigen el fin del régimen sandinista. Entre ellos se encuentran los principales líderes de la revuelta cívica. La liberación ocurre horas después de la excarcelación de otros 50 reos, todos como consecuencia de la polémica ley de amnistía que el Gobierno de Ortega aprobó el fin de semana, criticada por una oposición que no ha podido evitar la algarabía por la libertad de los presos.

Entre los liberados este martes están líderes estudiantiles como Yubrank Suazo o los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de información del Cana 100% Noticias, que fueron detenidos el 23 de diciembre, cuando la Policía nacional asaltó y confiscó la redacción. También fue excarcelado el líder campesino Medardo Mairena, quien había sido detenido en junio del año pasado en el aeropuerto de Managua, cuando intentaba viajar a Estados Unidos. A Mairena se le acusa de ser el responsable de un ataque en una lejana aldea del sur de Nicaragua, que dejó varios policías muertos. El día del suceso, sin embargo, el campesino estaba en Managua, en una manifestación opositora. Mairena es dirigente del movimiento campesino, que se opone a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, una faraónica obra de infraestructura valorada en 50.000 millones de dólares y cuya concesión fue entregada a un empresario chino de las telecomunicaciones.

Las liberaciones se dan tras la aprobación el fin de semana de una ley de amnistía impuesta por Ortega, que ha sido rechazada por la oposición, porque la consideran que se trata de un instrumento jurídico para hacer un “borrón y cuenta nueva” tras las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la represión contra las manifestaciones. El texto ordena a las autoridades cerrar los procesos abiertos contra centenares de opositores, acusados de supuestos delitos ligados al terrorismo y liberar a quienes hayan sido encarcelados por las protestas. “Intentan beneficiar a los implicados en delitos de lesa humanidad. Esta ley produce denegación de justicia a las víctimas y promueve la impunidad”, asegura José Pallais, portavoz de la opositora Alianza Cívica, que guardaba cautela tras la liberación de los 56 presos. “Hay una gran satisfacción y alegría, pero aún faltan más de 80 por liberar”, afirmó. La Alianza cotejaba aún a última hora de la mañana las distintas listas de reos con organizaciones y el Gobierno.

El grupo opositor —que reúne a empresarios, estudiantes, académicos, feministas, campesinos y sindicalistas— se había levantado recientemente de las negociaciones con Ortega como presión para lograr la liberación de todos los detenidos. El mandatario se había comprometido a hacerlo y puso como límite el 18 de junio, pero la Alianza consideró que era una forma de ganar tiempo por parte del líder sandinista. Pallais dijo este martes que hasta que no se liberen a todos los detenidos no volverán a sentarse a negociar.

A partir de ahora se abre un horizonte incierto para Nicaragua. Ortega ha cumplido con parte de su compromiso, con el que presumiblemente evitará la aplicación de sanciones por parte de la Unión Europea, como había amenazado con hacer a partir del 18 de junio si no se consumaba la liberación de los presos. La situación económica en el país centroamericano ha empeorado en el último año y ha puesto al régimen de Ortega contra las cuerdas. Fueron las principales fortunas del país quienes forzaron al presidente, con el apoyo de El Vaticano y la Organización de Estados Americanos (OEA), a volver a abrir una mesa de negociación. No obstante, la oposición también tendrá que ver hacia dónde lleva ahora sus reclamos. La liberación de los presos era una de las exigencias, pero también el adelantamiento de elecciones presidenciales, algo que Ortega ha rechazado.

“Estamos en libertad, todo el mundo sabe que somos inocentes, nuestras manos no están manchadas de sangre, no somos terroristas, eso lo tiene bien claro el pueblo de Nicaragua”, dijo la periodista Lucía Pineda en las primeras declaraciones al salir de la cárcel, vestida todavía con el traje azul que les impusieron a los considerados presos políticos en Nicaragua. Pineda, quien también tiene nacionalidad costarricense, agradeció también las gestiones del Gobierno del presidente Carlos Alvarado, de Costa Rica, que presionó al régimen de Ortega por su liberación.

“Soy un hombre libre, yo no he cometido nunca un delito, a mí me secuestraron por seis meses”, dijo por su parte Miguel Mora. El periodista, visiblemente demacrado, aseguró que desde ahora exigirá que sea devuelto su canal, uno de los de mayor audiencia en Nicaragua, que durante los momentos más álgidos de las protestas mantenía una intensa cobertura. “Estábamos trabajando cuando llegó la Policía. El jefe de la Policía me tiene que entregar hasta la última grapa, los vehículos, todo el equipo”, aseguró Mora, quien dijo que se va a comunicar con su equipo de reporteros —muchos de ellos ahora exiliados— para reanudar el trabajo periodístico.

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