El dilema de Francia ante las condenas a muerte de yihadistas en Irak
Siete combatientes franceses del ISIS han sido condenados a la pena capital. Otros cinco están pendientes de juicio. El Gobierno dice confiar en la justicia iraquí
La firmeza con que los franceses reclaman que los yihadistas de esa nacionalidad deben ser juzgados en los países en los que hayan cometido sus crímenes, postura defendida también por el Elíseo, ha empezado a cuestionarse después de que se conociera que Irak ha condenado a muerte, en pocos días, a siete combatientes del Estado Islámico (ISIS) de origen galo. Y probablemente serán más: otros cinco extremistas procedentes de Francia están pendientes de juicio. Varias asociaciones han pedido al Gobierno que interceda. El Ejecutivo de Emmanuel Macron asegura que trabaja para que se les conmuten las penas, pero se sigue negando, por el momento, a pedir la extradición de los adultos que fueron a combatir —hombres y mujeres— para juzgarlos en su territorio y solo acepta, bajo condiciones, el regreso de menores.
Poco después de que se conociera la séptima condena a muerte consecutiva de un francés, el miércoles, Macron afirmó que su Gobierno pedirá a Bagdad “la conmutación a una pena de prisión perpetua o a otra que corresponda dentro de los marcos de los acuerdos bilaterales”. Poco antes, su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, había asegurado que se están “multiplicando las gestiones para evitar la pena capital” de los yihadistas franceses. A la par sin embargo, ambos reiteraron la posición oficial de París: “Los adultos detenidos en Irak deben ser juzgados por la justicia iraquí si esta se declara competente. Francia respeta la soberanía de las autoridades iraquíes”, dijo Exteriores en un comunicado el lunes. “Reconocemos la soberanía iraquí y su justicia”, insistió Macron, siete condenas capitales más tarde. Sus juicios han sido “justos”, acotó Le Drian ante la Asamblea Nacional.
Una postura "ambigua"
Francia, un país que ha vivido en primera persona el terrorismo yihadista, no duda en aplicar la mano dura con los extremistas. Pero este país se precia también de ser la cuna de los derechos humanos y, aunque solo abolió la pena de muerte —mediante la guillotina— en 1981, desde entonces rechaza firmemente la condena capital. Esta doble posición está siendo puesta a prueba más que nunca con la oleada de sentencias a muerte de yihadistas franceses en Irak.
“La postura de Francia respecto a la ejecución de la pena de muerte es ambigua e incoherente, porque Francia fue la que organizó el traslado de esos franceses desde Siria hacia Irak —un extremo sobre el que París no se ha pronunciado oficialmente—, así que es Francia la que ha pedido que esos franceses sean juzgados en Irak, sabiendo muy bien que iban a ser condenados a muerte, ya que todos los miembros del ISIS lo han sido”, afirma Nabil Boudi, el abogado francés de dos de los condenados esta semana y de un tercero que será juzgado el lunes en Bagdad.
Será un nuevo “simulacro de proceso”, denuncia en conversación telefónica. “No se puede hablar de un proceso justo o injusto porque ni siquiera ha habido un proceso. Son juicios de diez minutos, en cadena. El abogado no tiene acceso al expediente y tampoco puede hablar con su cliente”.
El controvertido retorno de los yihadistas
Se calcula que en torno a 1.700 franceses han viajado a Siria e Irak para combatir desde el año 2014. De ellos, unos 300 habrían regresado y 450 habrían muerto. Según una encuesta de febrero, antes de las condenas el 82% de los franceses apoyaba la decisión del Gobierno de dejar que Irak juzgue a los yihadistas y el 89% se declaraba “inquieto o muy inquieto” ante una eventual deportación de los combatientes para que sean juzgados en Francia. Boudi sin embargo considera que ni el Gobierno ni la justicia deberían dejarse influir. “La opinión pública es muy dura en Francia, si fuera ella la que fija el calendario de la justicia, iríamos hacia un régimen autoritario”, advierte.
El colectivo Familias Unidas, que agrupa a familias de radicalizados, reclamó esta semana al Gobierno francés que “haga todo lo posible para detener esta funesta cadena de condenas a muerte, inéditas en nuestra historia reciente”. También piden que “se juzgue a los combatientes franceses en nuestro territorio”.
Sin ir tan lejos, la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AFVT), que incluye a víctimas de la oleada de atentados en Francia en 2015, también ha manifestado su “profunda oposición a la pena de muerte” y su deseo de que los yihadistas sean juzgados y condenados “bajo el respeto de sus derechos fundamentales”.
¿Cuánto tiempo tiene Francia para actuar? En Irak, la pena de muerte, que se produce por ahorcamiento, se ejecuta normalmente en las semanas siguientes al pronunciamiento de la sentencia. Aunque desde comienzos de 2018 Irak ha condenado a muerte a más de 500 extranjeros —hombres y mujeres— por pertenencia al ISIS, ninguno ha sido ejecutado hasta la fecha. Entre ellos figuran dos ciudadanos franceses y una alemana. Un hecho que no sirve de nada, advierte el abogado de los yihadistas franceses. “Supongamos que mañana hay un cambio de régimen en Irak y que el nuevo Gobierno decide ejecutarlos. ¿Qué hacemos entonces? No hay garantía alguna”.
Francia debe ocuparse mejor de los hijos de yihadistas
A los llamamientos desesperados de los familiares de yihadistas, que llevan tiempo denunciando la situación precaria de menores hijos de combatientes retenidos en Siria, se han unido ahora varias instancias oficiales: tanto el defensor de los derechos, el equivalente al defensor del pueblo, como la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH) han criticado la situación de esos niños e instado al Gobierno a que actúe en consecuencia.
La retención de menores concentrados en los campos bajo las fuerzas democráticas sirias (FDS) en el norte de Siria y las condiciones en que se encuentran “constituyen violaciones de sus derechos garantizados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificada por Francia en 1990”, ha afirmado el defensor, Jacques Toubon, que insta al Estado a “adoptar medidas efectivas para que se ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes sufridos por los niños y sus madres en esos campos”. El presidente de la CNCDH, Jean-Marie Delarue, ha exigido al Gobierno que “tome la decisión de repatriar, sin condiciones”, a todos los menores franceses retenidos en Siria. Francia ha actuado hasta el momento “caso por caso”. El ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, reiteró esta semana que los menores son los únicos a los que Francia está dispuesta a repatriar, siempre que estos sean huérfanos o que su madre dé su consentimiento para ello. Hasta la fecha, Francia ha repatriado a cinco huérfanos y a la hija de tres años de una francesa condenada a cadena perpetua en Irak.
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