La oposición nicaragüense reta a Ortega con una nueva huelga general

La carretera a Masaya, el corazón comercial de Managua, lucía parcialmente vacía el jueves, con la mayoría de tiendas y comercios cerrados y poco tráfico vehicular en respuesta a la convocatoria de una huelga general hecha por la oposición y respaldada por la patronal nicaragüense. Es un nuevo intento de presión al régimen de Daniel Ortega para lograr la libertad de los arrestados en el marco de las protestas iniciadas en abril del año pasado y una salida negociada a la profunda crisis política en el país centroamericano, que deja ya 325 muertos y más de 60 000 exiliados y que ha deteriorado a marchas forzadas la economía. El Gobierno, por su parte, ha llamado a no repetir lo que define como un "fallido intento de golpe de Estado". 

En esta importante vía de la capital —que el año pasado fue el epicentro de las manifestaciones contra Ortega— lucían cerrados los supermercados, los dos principales centros comerciales (Metrocentro y Galerías), así como bares y restaurantes del que también es un punto de reunión de los managuas los fines de semana. También echaron el cierre algunas universidades privadas y colegios como el Alemán, donde estudian los nietos de Ortega.

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Mientras, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) informó de que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Bancos, notificó que deberían “prestar ininterrumpidamente” los servicios financieros. “Todos los bancos del sistema financiero hemos cerrado durante los paros nacionales que se dieron durante el año 2108”, dijeron los integrantes de Asobanp en un comunicado. “Consideramos imperativo que el Estado garantice inmediatamente la libertad, la justicia y los derechos humanos para que prevalezcan en el país procesos democráticos libres, justos, transparentes y supervisados”. En un recorrido por la capital de Nicaragua, EL PAÍS pudo constatar que varias oficinas bancarias abrieron el jueves, aunque manteniendo en mínimos sus servicios: con pocos cajeros y sin atención a otras gestiones financieras, como la concesión de préstamos.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) —la principal cámara empresarial del país— denunció la víspera que el ejecutivo de Ortega “amenazó” a pequeños empresarios para evitar que se sumasen al paro. El Ministerio de Trabajo emitió, por su parte, un comunicado en el que advertía que todas las actividades de los diferentes sectores económicos, privados y públicos, se desarrollarían este jueves "con normalidad" y que habría “sanciones” contra las empresas que no cumplieran con lo establecido en ese memorando.

Los opositores dijeron que esas amenazas llevaron a varios pequeños comercios a abrir, aunque buena parte de la gran industria se sumó a la convocatoria. "Sabíamos que iba a haber presión hacia algunos sectores empresariales, por lo que decidió que se iban a combinar los dos métodos para garantizar el éxito del paro: Paro de consumidores y paro de empresarios", dijo a este diario la sindicalista Sandra Ramos, integrante de la Alianza Cívica. En un recorrido por los mercados populares de Managua se pudo constatar que muchos comerciantes abrieron sus puestos, pero había poca asistencia de compradores. “Quisiéramos hacer un paro, pero no podemos por nuestra situación: trabajamos con dinero prestado y a diario tenemos que buscar para el pago de ese préstamo. Además, tengo diabetes, entonces tengo que comprar medicamento, porque no soy asegurado. Por eso tenemos que trabajar”, dijo a EL PAÍS Félix Berríos, un comerciante del Mercado Oriental, el mayor de Nicaragua.

Berríos aseguró que pese a haber abierto su puesto, hasta el mediodía había vendido poco: 100 córdobas, apenas tres dólares, cuando necesitaba reunir al menos 300 para poder pagar la cuota diaria de su préstamo. El comerciante dijo que desde que hace un año estalló la crisis ha visto cómo muchos comerciantes han tenido que cerrar sus puestos de ventas. “Hay un gran cambio. He visto desaparecer a muchos negociantes, que se han ido del país, no solo huyendo de la situación política, sino por los problemas económicos”, explicó.

La opositora Alianza Cívica —el bloque variopinto que negocia una salida a la crisis con el Gobierno— convocó al paro como forma de presión para lograr la libertad de los detenidos en el marco de las protestas, más de 600 personas según varias organizaciones de derechos humanos. Aunque el Gobierno ha excarcelado ya a varios centenares, todavía hay en las cárceles del país más de 130, considerados presos políticos, entre ellos los líderes estudiantiles que lideraron las manifestaciones desde abril del año pasado y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, detenidos en diciembre. Los opositores convocaron la huelga en honor a Eddy Montes, un preso político que tenía además nacionalidad estadounidense y que fue asesinado la semana pasada en la cárcel La Modelo en condiciones confusas. Estados Unidos ha exigido una investigación independiente para esclarecer la muerte de Montes.

Desde la oposición consideraban un éxito la huelga, a pesar de las amenazas del Gobierno. “La mayoría de los nicaragüenses respaldamos el paro por la libertad total y pronta de nuestros presos políticos y por el retorno y garantía del ejercicio pleno de nuestras libertades. El Gobierno ha estado utilizando una política de terror, de intimidación, al reprimir nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente, así que si no podemos llenar las calles nos hemos puesto de acuerdo en vaciarlas”, dijo la sindicalista Sandra Ramos.