Ecuador acusa a Assange de instalar un “centro de espionaje” en su embajada en Reino Unido

La imagen de un Julian Assange deteriorado, arrastrado por Scotland Yard y gritando desquiciado durante su detención en la embajada en Londres pesa en Ecuador. El Gobierno de Lenín Moreno, que permitió el acceso de la policía británica a su sede diplomática para forzar la salida del fundador de Wikileaks, ha corregido este lunes esa impresión latente de que la medida se tomó de forma precipitada y con más visceralidad que reflexión. Para ello, ha optado por compartir tres cartas oficiales como respaldo de que el Reino Unido se había comprometido a no extraditar a Assange a ningún país si no median garantías de que no va a recibir un trato inhumano o de que no va a ser condenado a muerte. El presidente ecuatoriano ha asegurado, además, en una entrevista al diario británico The Guardian que Assange había convertido la sede ecuatoriana en Londres en un “centro del espionaje” y recalcó que la decisión de retirarle el asilo no fue “arbitraria” sino que se “basa en el derecho internacional”.

Los tres documentos son anteriores a la detención. Uno, de marzo de 2018, está firmado por el entonces ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. El segundo, de agosto del mismo año, con la rúbrica del secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, Hon Jeremy Hunt. La última misiva es de una semana antes de la operación, del pasado 3 de abril, y lleva el sello de la Embajada británica. En las tres, Reino Unido apela a su legislación nacional que es la que le impide extraditar a una persona si ésta puede o será condenada a pena de muerte o a tratos inhumanos o degradantes. Para evitar malas interpretaciones, en dos de los comunicados se subraya con una línea que, bajo la ley británica, “no puede” ordenarse la extradición sin esas garantías.

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“Cuando se recibe una solicitud de extradición de un país donde el delito conlleva la pena de muerte, la ley de Gran Bretaña exige que la extradición no se puede ordenar a menos que el Ministro de Estado [Home Secretary] haya recibido primero una garantía adecuada de ese país de que la pena de muerte no se impondrá o aplicará”, es la traducción literal del Gobierno ecuatoriano a lo recogido en las dos primeras cartas. En la tercera, ya en español, la Embajada birtánica hace mención, además, al Acta de Derechos Humanos de 1998 y recuerda la prohibición de la tortura y el trato inhumano o degradante del artículo 3. La ley nacional británica, indica el texto, incorpora esos derechos.

Más allá de aclarar a la opinión pública que la decisión no se tomó de forma precipitada y sin garantías, Ecuador también ha explicitado el motivo por el que ahora, y no antes, permitió que Scotland Yard entrara a la legación diplomática y sacara a la fuerza a Assange.

El presidente ecuatoriano, que había interpelado al fundador de Wikileaks en varias ocasiones por su injerencia en asuntos de política interna de otros países y que le cortó Internet para evitar más fricciones en las relaciones internacionales de Ecuador, indicó que Assange había violado las condiciones del asilo con ese tipo de actividades. “No podemos permitirnos en nuestra casa, la casa que abrió sus puertas, convertirnos en un centro de espionaje”. Antes que Moreno, el expresidente Rafael Correa -que fue quien le concedió asilo inicialmente en 2012- ya tuvo que tomar una decisión similar e interrumpirle temporalmente el acceso a Internet para impedir que tuviera injerencias en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.