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BREXIT ANÁLISIS i

Reino Unido, en guerra civil

Acabe como acabe, el Brexit se ha convertido en un peligroso agente infeccioso que fomenta la división

Un manifestante antibrexit a las puertas del Parlamento en Londres (Reino Unido).
Un manifestante antibrexit a las puertas del Parlamento en Londres (Reino Unido). AP

Es igual cómo acabe el Brexit: el daño ya está hecho. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte está en guerra civil. Y seguirá así por mucho tiempo. No es una guerra con soldados ni con guerrilleros, no hay tiros ni bombardeos, no hay campos de prisioneros ni de refugiados. Pero hay guerra. Una guerra civil propagada por ese agente tóxico de la discordia y la división llamado Brexit.

El país está dividido en dos mitades de peso muy semejante entre brexiteers (los que se quieren ir de la Unión Europea) y remainers (los que se quieren quedar). Eso ya era así tras el referéndum de junio de 2016, pero ahora esas dos mitades están cada vez más radicalizadas y cada grupo se divide en nuevas mitades enfrentadas, lo que dificulta cualquier posición común dentro del país.

El parlamento está dividido hasta el punto de que sabe lo que no quiere (no quiere irse sin acuerdo) pero no es capaz de formar una mayoría sobre lo que quiere. Los dos grandes partidos están también divididos, y esa división está en la base de la incapacidad para dar con una solución que tenga no ya un consenso amplio, sino una mayoría suficiente. El Gobierno está dividido desde siempre, pero la división es ya tan profunda que los ministros votan cosas distintas unos y otros según sus preferencias, haciendo añicos la disciplina y colegialidad del Gabinete.

¿Quién tiene la culpa de todo esto? Hay muchos culpables, con distintas gradaciones de responsabilidad. Estos son algunos de ellos, citados por orden de aparición en escena en esta gran farsa.

Con David Cameron empezó todo: convocó el referéndum para zafarse de la creciente competencia del xenófobo UKIP con tanta arrogancia que ni siquiera previó una salida de emergencia en caso de derrota (por ejemplo: que cualquier acuerdo de salida tuviera que ser ratificado en un nuevo referéndum).

Theresa May, su sucesora y teórica remainer, abrazó la fe del converso para reforzar su poder y la unidad interna del Partido Conservador y se fue tan a la derecha que dio carta de naturaleza a la idea de un Brexit duro, durísimo, aumentando así el poder y la influencia de los eurófobos fanáticos en el partido. Son estos los que (de momento…) han boicoteado la posibilidad de que el acuerdo entre May y el resto de socios obtuviera el aval de Westminster.

Esos eurófobos, con el ultra Jacob Rees-Mogg a la cabeza, han acabado perdiendo el sentido de la realidad y han logrado que los votantes favorables al Brexit estén cada vez más favor de una salida sin acuerdo, un brindis al sol que nunca se ponía en el Imperio Británico.

Los laboristas, liderados por un brexiteer, Jeremy Corbyn, a pesar de que sus votantes están mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE, solo se han preocupado de debilitar al Gobierno con el objetivo de provocar elecciones anticipadas.

Incluso los remainers tienen el pecado de seguir azuzando el miedo al Brexit en lugar de explicar las enormes y numerosas ventajas que tienen los británicos en su vida cotidiana por ser miembros de la Unión Europea.

En esas circunstancias, cualquier acuerdo que alcance el parlamento, ahora, dentro de tres meses o dentro de un año, carece de verdadera legitimidad. La realidad es que el pacto alcanzado por Theresa May con Bruselas, del que todos reniegan por intereses propios, no es ni duro ni blando: es un acuerdo a ciegas (la relación futura, que es lo que realmente importa, está toda ella por decidir) que tiene la ventaja de saldar muchos problemas (sobre todo, la factura del divorcio y el estatuto de los expatriados a ambos lados del canal de la Mancha) y de dar a las empresas un periodo transitorio para que se preparen (que se preparen, quizás, para marcharse de Reino Unido…).

Ni siquiera la famosa salvaguarda sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es un verdadero problema. Primero, porque la UE no tiene ningún interés en que Reino Unido siga en la unión aduanera de forma indefinida al tiempo que puede restringir el acceso de los trabajadores comunitarios. Y, segundo, porque es falso que la otra solución (una frontera comercial entre la isla de Irlanda y Gran Bretaña) sea un agravio inaceptable que divida de hecho al Reino Unido y lo convierta en un Estado vasallo. Hay otro estado en la UE, aún más preocupado por cuestiones de integridad territorial, llamado España. En España, las islas Canarias no formaron parte del Mercado Interior durante años y aún hoy gozan de un estatuto fiscal diferenciado, y Ceuta y Melilla no están en la Unión Aduanera. A nadie se le ha ocurrido pensar que sean por ello menos españolas o que España sea un vasallo de la UE. El rechazo a la salvaguarda irlandesa es, exclusivamente, del unionismo radical, del que hoy por hoy depende la mayoría del Partido Conservador en Westminster.

La mejor solución a este berenjenal es que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sea sometido a votación a los británicos en un referéndum con dos preguntas o un referéndum a dos vueltas: si el acuerdo se aprueba, problema resuelto; si se rechaza, un segundo voto o una segunda papeleta ha de decidir si Reino Unido se va sin acuerdo o se queda. No es tan complicado.

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