Domeñando a los jueces

Lo vimos en Perú cuando luego del “autogolpe” cuando el régimen echó mano de centenares de expedientes judiciales y se fijó el objetivo de controlar a la justicia. En estos tiempos -y en diferentes rincones del planeta- se repite este ingrediente central en el ADN autoritario.

Así, los pasos más visibles del proyecto autoritario en curso en países como Polonia, no han clausurado el parlamento o intervenido canales de televisión, sino que maniatado al tribunal constitucional o a la corte suprema. Y así, conseguir rápido el objetivo de librarse de incómodos controles que pudieran frenar el poder absoluto o actuar ante posibles hechos de corrupción.

En los tiempos que corren, estos propósitos fagocitantes de la independencia judicial tienen, en esencia, tres rasgos fundamentales.

De un lado, tendencias antidemocráticas que no van en la línea del “fin de la historia”. De aquella en la que, luego de la caída del muro, el mundo marcharía linealmente en la perspectiva de la democracia representativa. El mundo ha evolucionado, sí. En general lo ha hecho en un sentido democrático, pero hoy las tendencias generales en diferentes regiones van en otra dirección, no en la expansión y desarrollo de valores e instituciones democráticas.

Por el contrario, el autoritarismo es el mood de estos tiempos. Desde la Filipinas de Duterte, la Nigeria del siempre reelecto Muhammadu Buhari, pasando por la Rusia de Putin y sin olvidar a Polonia con Jarosław Kaczyński, el poder detrás del trono. La misma música. Y, last but not least, el régimen de Maduro que ha impuesto un control político total sobre el Tribunal Supremo y el sistema judicial (90% de jueces son “provisionales”), la Fiscalía (100% de fiscales son provisionales) y el Defensor del Pueblo (que en las calles conocen como el “defensor del puesto”).

Es el momento, pues, no del “fin de la historia” sino el de la recreación de “la misma historia” con impunes chauvinismos ultranacionalistas y la construcción en diferentes países, no solo de muros, sino de estructuras autoritarias en las que la separación de poderes colapsa. En fin, una “temperatura” política que hace que fructifiquen proyectos políticos que tienen en común el atropello a la independencia judicial en todos los rincones del globo. Quedan atrás los sueños de una evolución democrática, lineal y ascendente.

Segundo: este control a la justicia busca atajar no solo contrapesos generales al poder político, sino, específicamente, generar una dinámica que facilite la corrupción y garantice la impunidad en caso a alguien se le ocurra investigar a alguien en el poder. Ello lleva a decisiones políticas que apuntan a digitar desde el poder la composición de cortes o ministerios públicos o a la modificación de procedimientos. Por ejemplo, con el “noble” propósito” de la celeridad judicial, acortar exageradamente los plazos legales para investigaciones sobre casos complejos de corrupción como se viene pretendiendo hacer, por ejemplo, en Rumania.

Tercero, ya no son solo gobernantes ávidos de poder absoluto quienes amenazan la independencia judicial. Tienden a gravitar aún más las estructuras de crimen organizado y de corrupción buscando premunirse de impunidad y garantías para seguir operando sin dificultades. Es el caso del Perú en donde la independencia judicial no fue mellada en tiempos recientes por el poder político sino por el crimen organizado como ocurrió con los llamados “cuellos blancos del puerto” y su articulación con redes criminales.

Pero hoy la autopercepción de derechos por la sociedad se ha afianzado; su capacidad de reacción y movilización se convierte en un poderoso factor para frenar esos apetitos de impunidad. No hay aquí ningún “fin de la historia”, se trata, más bien, de otra historia.