“¡Dan vergüenza!”

“Me pregunto, ¿cómo van a hacer ustedes al volver a sus casas y poder mirar en los ojos a sus hijos? ¡Dan vergüenza!”, clamaba hace unos días Sevilay, esposa de Murat Arslan. Mirando a los rostros impasibles de los tres jueces que lo condenaron el viernes 18 de enero, traducía en su indignación el sentimiento de la sociedad democrática turca.

Condenado a 10 años de prisión por un tribunal sometido al poder político y en violación de todas las garantías de debido proceso, Arslan es un juez independiente y un demócrata turco que se convertirá, sin duda, en un símbolo para la recuperación democrática en su país.

Arslan tiene larga trayectoria como magistrado y se convirtió, junto con otros centenares de jueces turcos, en uno de los principales objetivos de la represión que desató el régimen luego del frustrado golpe de Estado de julio del 2016. Miles de funcionarios entre jueces, policías y militares, fueron, como él, perseguidos, detenidos, muchos torturados y varios de ellos condenados por tribunales dúctiles al poder para imponer un pensamiento único. Entre ellos, Arslan. Desde allí no cesa la liquidación de la justicia independiente. Un testigo de las audiencias ha descrito detalles de su proceso; tiene diabólica semejanza con los que disponía Stalin a través de áulicos como Vishinsky.

Lo que está ocurriendo en Turquía, en las narices de un Viejo Continente que a ratos parecería querer mirar hacia otro lado, es escandaloso. Pese a que en esta columna me refiero casi siempre a asuntos latinoamericanos o, eventualmente, globales, mi condición de Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados me obliga a hablar hoy de Turquía. Aunque, en realidad, no debería considerarlo excepción pues la independencia judicial es un derecho y un tema global.

¿Quién es Murat Arslan? ¿Cómo ha sido su proceso y por qué ha sido condenado? Detenido desde octubre del 2016, el Consejo de Europa le entregó el 2017 el premio Václav Havel de derechos humanos. La condena es uno de los ataques más severos y burdos y parecería querer enviar un mensaje a cualquier juez que se le ocurriese sacar los pies del plato y actuar independientemente frente al poder político. Como juez independiente, Arslan era un incordio, garantizando los derechos procesales de los intervinientes y resistiendo a las presiones políticas. Y como tantas decenas de miles de turcos, de la noche a la mañana fue acusado y procesado como “terrorista” sin fundamento fáctico ni jurídico alguno.

La Plataforma para la Independencia de la Justicia Turca, que agrupa a las cuatro principales asociaciones de jueces de Europa, constató un rosario de violaciones a las garantías procesales, tales como el derecho a la defensa o a una apelación. En la última audiencia, un testigo que guarda su identidad para no sufrir represalias, comentaba que en su intervención de cierre Arslan desafió al tribunal diciéndole que, dadas las condiciones, en lugar de un ilusorio ejercicio de la defensa, hablaba desde allí a las siguientes generaciones, “a los verdaderos juristas que sostendrán el estado de derecho y no a éste tribunal”.

El tribunal enmudeció. Era el trío judicial de turno en un proceso en el que ninguno de los magistrados que condenó, participó en las etapas iniciales … cuando las normas procesales turcas establecen que todas las audiencias deben celebrarse con la composición que dictará sentencia.

Grave este renovado ataque a los jueces independientes en cabeza de Arslan. Y grave, como ya lo he expresado aquí (12/01/2018), que el tribunal regional de derechos humanos declare inadmisibles, como práctica, decenas de miles de casos de Turquía por “no agotamiento de los recursos internos”.

¿Ante quién agotarlos?