Absuelto el expresidente argentino Carlos Menem de encubrimiento del atentado a la AMIA
La justicia condena a seis años de cárcel al primer juez de la causa, Juan José Galeano, por el pago a un testigo
El expresidente Carlos Menem ha tenido este jueves una buena noticia. Un tribunal argentino lo ha absuelto por el presunto desvío de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en Buenos Aires durante su gobierno, en julio de 1994. A casi 25 años de aquel ataque terrorista, aún impune, Menem estaba acusado de presionar a la Justicia para que abandonase, en su momento, la llamada “pista siria”, que apuntaba a un amigo de su familia. Los jueces no encontraron pruebas de esa presunta maniobra. Sí condenaron, en cambio, a seis años de cárcel al juez Juan José Galeano, instructor durante la primera etapa de la investigación, por pagar a un testigo para que señalara a policías como facilitadores del atentado.
Los primeros años de la investigación del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos, fueron caóticos, tanto que se abrió una investigación por encubrimiento. Las sospechas sobre Menem cayeron tras el abandono de la línea que apuntaba contra el empresario Alberto Kanoore Edul, un conocido de la familia Menem, también de origen sirio. Kanoore Edul compraba amonal, el explosivo utilizado para volar el edificio de la AMIA. “Se demostró que no hubo un solo elemento que pudiera justificar la culpa de Menem. Fue un proceso injusto, él tenia la misma preocupación que el resto de la Argentina sobre este atentado. Nunca ordenó interrumpir la investigación”, dijo el abogado del expresidente, Omar Daer, a la salida de los tribunales. La querella había pedido para Menem cuatro años de cárcel.
Menem, de 88 años, tiene sólo una condena firme. En 2013, la justicia lo encontró culpable de la venta ilegal de Armas a Croacia y Ecuador, países que enfrentaban un embargo internacional. La pena fue de siete años y medio, pero la justicia lo absolvió en segunda instancia por "excederse los plazos razonables" para probar el delito. Dos años más tarde, en 2015, el expresidente fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por el pago de dinero sin declarar a altos funcionarios de su gabinete. Siempre evitó la cárcel, protegido por los fueros parlamentarios que tiene como senador.
La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició hace cuatro años, por impulso de tres asociaciones de familiares de las víctimas, del Ministerio de Justicia y de los policías falsamente acusados por Galeano. Los jueces confirmaron que el exmagistrado había pagado 400.000 dólares a un vendedor de autos robados, Carlos Telleldín, para que acusara a una decena de uniformados como nexos locales con los terroristas que volaron la AMIA. Telleldín figuraba en el expediente por ser el último propietario de la camioneta utilizada como coche bomba. Los policías y Telledín terminaron presos, pero en 2004 fueron absueltos por un tribunal que anuló la instrucción del Galeano.
El exmagistrado se sentó ahora en el mismo banquillo que Telleldín, uno condenado por pagar, el otro por cobrar. Galeano dijo en su defensa que el pago fue “imprescindible” para esclarecer el ataque a la AMIA. “La investigación fue víctima de la miseria de la interna de los servicios de inteligencia y de seguridad”, dijo. Entre los 13 acusados juzgados este jueves estaba el exsecretario de Inteligencia de Menem, Hugo Anzorreguy, condenado a cuatro años de prisión.
El atentado a la AMIA ha sumado ocho nuevos condenados, pero ninguno relacionado con la autoría material del ataque. El juicio por encubrimiento sólo puso luz sobre las maniobras políticas y judiciales que permitieron que, luego de tantos años, el crimen siga impune. Argentina acusó al gobierno de Irán de estar detrás del atentado, pero poco ha podido hacer para avanzar sobre los altos funcionarios del régimen iraní que consideró sospechosos. La pista iraní, finalmente, terminó con un nuevo proceso judicial en Argentina, esta vez contra Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta irá a juicio por la firma de un pacto con Teherán para que un juez pueda tomar declaración a los acusados. El pacto nunca se aplicó, pero un juez acusa a Kirchner de encubrimiento.
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