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El ‘caso AMIA’ divide a la comunidad judía argentina

La petición para que desista de la querella contra Fernández de Kirchner, investigada por presunto encubrimiento del atentado que dejó 84 muertos en 1994, precipita la renuncia del presidente de la mutual

Federico Rivas Molina
Manifestaten muestran retratos de las víctimas del atentado a la AMIA en el acto por el 23 aniversario, en julio de 2017.
Manifestaten muestran retratos de las víctimas del atentado a la AMIA en el acto por el 23 aniversario, en julio de 2017.Reuters
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La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pidió a la DAIA, el brazo político de la comunidad judía en el país sudamericano, que desistiera de la querella contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, investigada por el presunto encubrimiento del atentado terrorista que en 1994 destruyó el edificio de la entidad en Buenos Aires y dejó 84 muertos. La decisión, totalmente inesperada, le costó el cargo al titular de la mutual, Agustín Zbar, y produjo un cisma en las organizaciones que impulsan la investigación por el ataque. Tras cuatro días de discusiones internas, la AMIA retiró su pedido y la causa siguió su curso, a la espera de que se inicie el juicio oral que tiene a Kirchner como principal acusada. La justicia investiga si un pacto con Irán firmado durante el kirchnerismo tuvo como objetivo dar impunidad a los iraníes acusados del ataque.

El pedido formal de la AMIA no solo puso en riesgo la acusación contra Kirchner. También fue evidencia de las diferencias que dividen a la comunidad judía con respecto a este tema. El pedido a la DAIA suponía la retirada de la AMIA como querellante en la investigación, en un intento por despegar a las organizaciones judías de una investigación de alto contenido político. La entidad impulsó en el pasado la campaña legislativa contra el pacto con Irán, firmado en 2013 entre Buenos Aires y Teherán para permitir la indagatoria de los acusados iraníes. El acuerdo pasó el filtro del Congreso argentino , pero no entró en vigencia por el rechazo cerrado del parlamento iraní. La comunidad judía lo leyó como un pacto de impunidad y logró finalmente que se lo declarara inconstitucional durante el macrismo.

Pero el memorando tendría también un derrotero judicial. El fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, determinó tras una larga investigación que al acuerdo con Irán buscó el encubrimiento de los acusados iraníes a cambio de beneficios económicos para Argentina. Nisman apareció muerto en su piso de Buenos Aires días antes de su presentación ante el Congreso, donde debía mostrar las pruebas que, según él, involucraban a Kirchner en la presunta maniobra. A cuatro años de la muerte de Nisman, no se sabe aún si fue un suicidio o un asesinato, pero la causa por encubrimiento avanzó en los tribunales de la mano del juez Claudio Bonadio. El magistrado acusa a Kirchner de traición a la patria. Su canciller, Héctor Timerman, de origen judío, murió el 30 de diciembre antes de sentarse en el banquillo.

El próximo 18 de julio se cumplirán 25 años del atentado que destruyó la sede de la AMIA. El aniversario coincidirá con el juicio contra Kirchner, quien siempre consideró un montaje que su Gobierno pudiese pretender, mediante un acuerdo internacional, proteger a los acusados del atentado. La expresidenta recuerda incluso que el memorando fue aprobado por el Congreso, además de que nunca sirvió para desactivar las alertas rojas de Interpol que pesaba sobre los iraníes involucrados. El pedido de la AMIA fue en este sentido. El impacto de la carta se vio agravado por las declaraciones posteriores de su presidente, Zbar, quien puso en duda la responsabilidad de Kirchner. Ante el rechazo general de la comunidad judía, Zbar pidió disculpas y solicitó una licencia “indefinida” que le fue rápidamente aceptada.

En un comunicado firmado este lunes, la directiva de la AMIA anunció que retiraba su pedido ante la DAIA. "La carta enviada a la DAIA no pidió -ni insinuó bajo ningún punto de vista- abandonar la investigación en curso por la firma del Memorando, ni trató de desligar responsabilidades de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el presunto delito de acción pública cometido”, dice el texto. Luego, aclara que la intención de la mutual fue mantenerse “alejada de intereses partidarios” y “evitar que [la investigación] sea utilizada con fines electorales, además de la imperiosa necesidad de sostener la autonomía de las instituciones comunitarias”.

La renuncia de Zbar “es una acción que va en el camino correcto para desarmar todos los problemas y discusiones de los últimos días. El hecho de que la AMIA retirara la carta le pone fin al problema”, dijo el vicepresidente de la DAIA, David Stalman. Kirchner está ahora a la espera de que la justicia ponga fecha al juicio oral.

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Sobre la firma

Federico Rivas Molina
Es corresponsal de EL PAÍS en Argentina desde 2016. Fue editor de la edición América. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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