La sombra de la justicia politizada (¿cómo se compara España con la UE?)

Mientras la tormenta populista arrecia en el continente acaparando gran parte de la atención, la Unión Europea afronta en varios lares de su geografía un desafío menos evidente pero de enorme calado: la sombra de la politización de la justicia. Hay al menos cuatro frentes que, con distintas características, producirían urticaria o inquietud al barón de Montesquieu. Polonia, donde la Comisión Europea ha logrado frenar una muy polémica reforma del Tribunal Supremo; Rumania, donde Bruselas se emplea a fondo para que Bucarest recule en varias medidas en materia de administración de la justicia y código penal; Hungría, donde la mayoría de Victor Orbán ha aprobado en diciembre la institución de un sistema jurídico paralelo competente en asuntos de la administración pública; y España, que en circunstancias muy diferentes de los tres países anteriores, será foco de atención continental con el inicio del juicio por la cuestión catalana. Empecemos por este último caso.

España es una democracia avanzada y sólida. Respetados centros de estudio como Freedom House y The Economist Intelligence Unit la sitúan entre las más maduras del mundo, respectivamente en el puesto 20º y 19º, en ambos casos por delante de Reino Unido, Francia, Italia o Estados Unidos. Los logros de la democracia española en cuatro décadas son admirables. Dispone sin duda de un sistema judicial profesional que ha dado muchas muestras de independencia con una auténtica avalancha de procesos contra la corrupción política. Sin embargo, este notable panorama se ve manchado por una simple mirada comparativa con los países de su entorno. Esta evidencia un llamativo pecado original de influencia de la política en la administración de la justicia.

En España, los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos todos por el Parlamento. La Constitución (artículo 122.3), sabiamente, entregaba a las Cortes el nombramiento de solo ocho de ellos. Pero una posterior ley orgánica decretó el en plein. Obviamente tienen garantizada su independencia de acción, pero su génesis es una tara original difícil de olvidar cuando el espectáculo de los partidos repartiendo las plazas adquiere tintes bochornosos.

Veamos ahora qué ocurre en el entorno europeo, en dos países cuyos órganos de gobierno de la justicia tienen atribuciones similares al CGPJ.

En Italia, solo ocho de los 27 miembros del Consejo Superior de la Magistratura son elegidos por el Parlamento, en sesión plenaria. Otros 16 son votados por sus colegas. El órgano es integrado además por el Presidente de la República y el presidente y el fiscal general de la Corte de Casación.

En Francia, los miembros del Consejo Superior de la Magistratura de designación política son minoría. Este órgano funciona en tres composiciones diferentes (plenario, para jueces y para fiscales) pero siempre con 15 miembros. Solo seis son de nombramiento político (dos cada uno el presidente de la República, el del Senado y el de la Asamblea Nacional). Otros seis son jueces y fiscales elegidos por sus colegas. Además hay un miembro del Consejo de Estado y un abogado. Presiden el líder de la Corte de Casación o su fiscal general, según las composiciones.

En Reino Unido, con una tradición jurídica distinta con respecto a la latina que plasma los casos mediterráneos, la independencia de la administración de la justicia ha sido poderosamente reforzada por una reforma de 2005, que entre otras cosas ha constituido la Comisión de Nombramientos Judiciales en el intento de reforzar el espíritu profesional de la selección y gestión del personal judiciario.

Este artículo no puede ser un estudio comparativo exhaustivo, pero es evidente que España se halla rezagada en esta cuestión. De hecho, si España figura muy bien en los informes generales sobre vigor democrático, no va tan bien en una encuesta sobre independencia del poder judicial realizada por el World Economic Forum entre ejecutivos empresariales. Esta no tiene ningún valor científico, pero sí permite reflexionar. En ella (datos para 2017), España figura en el puesto 59, precedida por otros 16 países de la UE. En este caso Reino Unido y Francia puntúan mucho mejor (aunque Italia no, lo que demuestra que la despolitización del CSM es oportuna, pero no suficiente).

Así, la ofensiva contra la corrupción política es un tranquilizador síntoma de independencia, pero la sombra de ese pecado original multiplica el daño cuando se producen situaciones polémicas, como el clamoroso volte-face del Supremo en la cuestión de las hipotecas. La fe ciudadana en la justicia puede verse corroída. Los partidos españoles deberían reflexionar mucho sobre esto.

Los casos de Polonia y Rumania son más graves porque tocan tejidos democráticos más jóvenes y menos consolidados. La Comisión Europea ha demostrado vigor en su combate. En el caso polaco, ha logrado que el Gobierno de Varsovia reculara en una polémica reforma del Tribunal Supremo. Malgorzata Gersdorf, presidenta de ese tribunal que resistió estoicamente la embestida de la polémica reforma, puede con razón ser considerada un auténtico tótem de la independencia de la justicia en nuestro continente. En este caso, Montesquieu observaría admirado y conmovido.

Es probable que la Comisión logre ganar el pulso también en el caso rumano.

Aunque las cuestiones económicas, sociales y migratorias tienen tintes de urgencia insoslayables y consecuencias políticas sísmicas, no hay que subestimar el riesgo ínsito en las grietas al principio de la separación de poderes. Sigue siendo el pilar que ha hecho de las sociedades occidentales las más avanzadas del planeta. Conviene defenderlo con el pecho siempre frente al peligro. Viva Montesquieu.