Bruselas llama a Rumania a desandar el camino hacia la involución

Frans Timmermans advirtió el mes pasado de que, si fuera necesario, la Comisión Europea sería "brutal" en su evaluación de la situación en Rumania. Durante su intervención de este martes no ha ido tan lejos, pero casi. El vicepresidente de la Comisión Europea ha admitido que los comisarios no han debatido la posibilidad de aplicar el artículo 7 de los tratados, el botón nuclear ya activado contra Polonia y Hungría, previsto para actuar contra violaciones del Estado de derecho. Pero sí ha dejado a Bucarest una larga lista de tareas: ha reclamado a sus dirigentes no revertir los avances en la lucha contra la corrupción, los ha emplazado a paralizar las reformas que ponen en riesgo la independencia judicial, y ha hecho un oscuro balance del último año de Gobierno. "En los últimos 12 meses hubo cero avances, y en algunos casos incluso se está yendo marcha atrás. Esto es un maratón. Sería trágico que en los últimos cientos de metros el atleta se dé la vuelta y corra en la dirección contraria", ha señalado usando un símil deportivo.

El político holandés ha hecho un retrato desigual de la situación en Rumania y Bulgaria. Ambos países están sometidos a vigilancia a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación desde su ingreso en la UE en 2007, y los resultados sobre su larga senda hacia los estándares democráticos europeos se han dado a conocer este martes. Dicha fórmula de control se puso en marcha como un medio para corregir sus carencias, sobre todo en el ámbito judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Más de una década después, siguen sin cumplir con los requerimientos comunitarios, pero Bulgaria está mucho más cerca de hacerlo. Pese a las sombras que desplegó sobre la libertad de expresión el asesinato hace un mes de la periodista búlgara Viktoria Marinova, Timmermans ve factible que Sofía abandone el mecanismo antes de que acabe el mandato del presidente Jean-Claude Juncker a finales del próximo año.

El diagnóstico difiere para Rumania. Cientos de manifestantes resultaron heridos este verano en concentraciones contra la corrupción tras violentos choques con la policía. Y el Consejo de Europa ha certificado que las reformas emprendidas por el Parlamento rumano pueden debilitar la eficacia de su sistema penal para combatir la corrupción y el crimen organizado. "La evolución, por desgracia, viene a cuestionar y a veces, a revertir, los avances realizados en los últimos 10 años. Se habían conseguido muchas mejoras. Ver que ahora se está dando marcha atrás nos entristece muchísimo", ha lamentado Timmermans. El dirigente holandés ha pedido al Ejecutivo rumano que frene una reforma judicial que Bruselas considera perniciosa, ha demandado que se paralicen los despidos y nombramientos de fiscales, y ha exigido que se congele la entrada en vigor de las modificaciones del código penal.

Las nuevas leyes son menos beligerantes con la corrupción pese a que el país es uno de los peor clasificados de la UE en la materia: ocupa el puesto 59 del ránking de Transparencia Internacional, que mide la corrupción en 197 países. Son numerosas las denuncias de que en su seno pervive un sistema clientelar donde las comisiones, sobornos o conflictos de interés están a la orden del día.

La única tregua en el balance comunitario ha llegado cuando la panorámica ha retrocedido en el tiempo. Timmermans ha resaltado los logros en la lucha contra la corrupción en las altas esferas de la última década, pero ha reiterado que la Comisión no permanecerá impasible ante la amenaza de involución. "Tenemos que mantenernos firmes apoyando a la población rumana en su lucha contra la corrupción", ha afirmado.

El mismo día que la Comisión revelaba sus perspectivas negativas sobre Rumania, la Eurocámara también ha girado la vista hacia Bucarest. Los eurodiputados adoptaron durante el pleno celebrado en Estrasburgo una resolución en la que piden al Gobierno que tome medidas para luchar más eficazmente contra la corrupción y desista de su polémica reforma del sistema judicial por suponer una amenaza para la separación de poderes.