Sin techo a más de un año del huracán María: “A mis 72 años el tiempo apremia”

Gladys Peña, boricua de 72 años, revisa con decepción unos vaqueros que cuelgan de un cordel que atraviesa su salón. Los había vuelto a lavar con la esperanza de que desaparecieran las manchas que dejó el paso del huracán María. Ha pasado algo más de un año desde que el ciclón azotó a la isla causando 3.000 muertes, pero Gladys no se rinde. “Perdí toda mi ropa”, lamenta antes de sonreír, casi por reflejo. Como en muchas otras casas del asentamiento Caño Martín Peña, San Juan, su techo son dos lonas de plástico azul. “A veces me entra agua al dormitorio, es que aquí llueve mucho”, comenta. María no solo se llevó las planchas de zinc; también las camas, los veladores, los roperos y varios recuerdos. “¿Pero qué vas a hacer? Uno no puede luchar contra la naturaleza, hay que aceptarlo”, dice resignada Carmen Osorio, de 63. Perdió la casa donde vivió junto a su difunto esposo durante cuatro décadas y aún duerme sobre un colchón prestado en un sitio improvisado donde guardaba la ropa usada que vendía.

El asentamiento Caño Martín Peña es el rostro de la desigualdad puertorriqueña. Las ocho comunidades que lo conforman llegaron a instalarse hace décadas a la orilla de la vía fluvial sin un sistema de alcantarillado, lo que lo convierte en una amenaza sanitaria para sus cerca de 26.000 habitantes. Además, es propenso a inundarse por la falta de dragado. Todavía se ven escombros flotando, árboles caídos y botes estancados en su cuerpo de agua. Los vecinos de enfrente de las chabolas son “los dueños de Puerto Rico”, explica Paxie Córdova, de 54 años. A solo una calle de distancia comienza la milla de oro de San Juan, donde los bancos y las lujosas oficinas mueven la economía de la isla. De un lado de la acera es como si el huracán no hubiese pasado, y del otro, como recién se hubiesen limpiado los restos.

El Organismo Federal para el Manejo de las Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) fue la principal fuente de ayuda económica a las víctimas del desastre natural. “El problema es que para recibirla, la casa tenía que estar a tu nombre... y en el caño muchos viven en propiedades que se construyeron de forma ilegal”, apunta Córdova.

Justo en agosto la red eléctrica sacó de la oscuridad a toda la isla. A Gladys no se le escapa un detalle: “La luz volvió a mi casa el miércoles 7 de febrero”. Tres días después regresó ella a su hogar. Durante siete meses vivió donde unos vecinos que tenían un generador eléctrico, indispensable para hacer funcionar la máquina que utiliza por las noches para controlar su apnea. Aunque ahora, sin ventiladores en casa, a cualquiera le resulta difícil respirar el denso aire caribeño.

Raydenis, la hija de Carmen, tiene su casa bajo la de su madre, que ahora está en proceso de reconstrucción. Desde la ventana sin marco mira hacia la calle en pendiente y se le aguan los ojos: “Mi casa fue la primera en recuperar la electricidad de la manzana, que estuvo seis meses a oscuras, pero veía para la cuesta y solo veía luces encendidas”. Se da una pausa para recuperarse. “La nuestra volvió en Navidad”, relata.

Para los puertorriqueños la paciencia es un músculo que se han visto obligados a ejercitar. Primero esperaron la llegada del huracán, luego la de la luz, y ahora la de las soluciones. La isla, un territorio no incorporado de Estados Unidos, depende de los presupuestos de la primera potencia mundial. Hasta abril de 2018, FEMA había destinado más de doce mil millones dólares para la recuperación del huracán María. En la casa de Gladys el piso de madera se humedeció tanto que las tablas se hicieron ondas y se debilitaron hasta el punto de no poder aguantar la remodelación del techo. A través de un sorteo consiguió una casa nueva que todavía espera: “A mi edad, el tiempo apremia. Solo quiero alcanzar a ver el caño dragado”.

Para aquellos que no se pueden beneficiar de FEMA existe G8, una organización sin fines de lucro que logró en 2004 que las más de 200 cuadras de terreno del caño pasaran a ser reconocidas como propiedad de la comunidad mediante un fideicomiso, que opera de forma similar a un condominio. Con aportes de distintas entidades reunieron un fondo destinado al proyecto Techos para el Caño, donde sortearon bajo una serie de requisitos la reconstrucción de 1.200 techos y 75 casas completas.

Lucy Cruz Rivera, presidenta de la organización, se pasea cual alcaldesa por el asentamiento. Se sabe el nombre y la historia que esconden las familias que viven detrás de cada pared descascarada, de cada persiana cerrada y de cada patio vacío. Ella está luchando, junto a otros, por una inversión gubernamental que vista de dignidad el asentamiento. Rivera afirma que necesitan 240 millones de dólares para dragar el caño, donde todavía están atrapados restos de escombros, árboles caídos y la ilusión de los vecinos. Pero el horizonte no se ve despejado. Hace un par de semanas el presidente Donald Trump afirmó que el dinero que se ha invertido en la reconstrucción de Puerto Rico ha sido “masivo” y puso en duda la cifra de los 3.000 muertos: “Un lugar donde gastamos más que en cualquier otro sitio es Puerto Rico. El dinero que hemos gastado ahí supera lo masivo. Y por eso lo estoy estudiando muy seriamente". Mientras tanto, los habitantes que aún no cuentan con un techo nuevo rezan para que no llueve.