“La oposición debe derrotar a Maduro desde dentro del régimen”

Rafaela Requesens (Caracas, 26 años) tiene a su cargo la difícil tarea de representar los intereses de los universitarios en un país donde la cuantía mensual de una beca para cursar estudios superiores apenas alcanza para tomar un par de veces el autobús de casa a la facultad. Máxima dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, la más antigua del país, la representante universitaria es hermana del diputado en la Asamblea Nacional (Parlamento) Juan Requesens, en prisión desde el pasado agosto después de que Venezuela lo acusara de participar en un supuesto atentado perpetrado con drones explosivos contra el presidente Nicolás Maduro. En una entrevista concedida en Madrid este lunes, Requesens, opositora como su hermano, defiende la inocencia de este, denuncia que el hambre y el éxodo de venezolanos a países de la región “vacían” la universidad y aboga por extender la mano a chavistas desencantados con la deriva del Gobierno.

“A Juan lo encerraron por ser una piedra en el zapato del régimen”, sostiene la líder estudiantil. Su hermano, dirigente del partido Primero Justicia, del expresidente del Parlamento Julio Borges y del excandidato presidencial Henrique Capriles, fue detenido el pasado 7 de agosto, tres días después del supuesto intento de magnicidio durante un desfile militar en Caracas. Rafaela, que se encontraba junto al diputado “cuando 10 encapuchados lo tumbaron en el piso” fue conducida también a una de las sedes del servicio de inteligencia ese día, aunque la liberaron a las pocas horas.

Más de tres meses después de esa escena, la dirigente universitaria denuncia que su hermano “apenas ha visto a su abogado en dos ocasiones” y que “no se les ha permitido comunicarse de forma confidencial”. “¿Qué tipo de defensa se puede preparar así?”, lamenta. La lista de los agravios sufridos por el diputado, denuncia la dirigente estudiantil, no acaba ahí. Requesens acusa a las autoridades de incumplir la obligación de presentarlo ante un tribunal durante las 48 horas posteriores a la detención, y considera que la oficialista Asamblea Constituyente, el órgano legislativo paralelo creado por Maduro en 2017 para zafarse de la mayoría opositora en el Parlamento, no era competente para aprobar la petición del Tribunal Superior de Justicia de retirar la inmunidad parlamentaria del diputado ─como finalmente ocurrió─ para que las autoridades pudieran proceder a su detención.

Requesens no se muestra sorprendida ante estos hechos, ya que considera que el régimen “incumple [sistemáticamente] las garantías básicas de un Estado de derecho” y “construye habitualmente casos judiciales de forma artificial”. Un “buen ejemplo” de estas prácticas es, denuncia la opositora, el vídeo publicado por el Gobierno días después de la detención del opositor en el que este aparece aceptando, frente a la cámara, su participación en el atentado. Requesens denuncia que su hermano había sido “torturado” y “drogado” antes de esta autoinculpación.

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En la grabación, que tiene un notable retroceso entre audio y vídeo, el diputado reproduce la versión del Ejecutivo sobre el supuesto ataque, según la cual el exdiputado Borges, exiliado en Colombia, pidió a Requesens que ayudara a Juan Monasterio, también encarcelado por su supuesta relación con el intento de magnicidio, a acceder desde ese país a Venezuela. Monasterio fue detenido, de acuerdo con la versión del Gobierno, el mismo día que tuvo lugar el presunto atentado. La familia y el abogado de Requesens rechazan con contundencia la implicación del diputado en el supuesto complot.

Preguntada por el futuro político que le aguarda al país, Requesens se muestra confiada en que “el Gobierno de Maduro caerá”. “Pero Venezuela no será entonces de un mismo color”, añade la opositora en referencia a que el chavismo no desaparecerá si Maduro es finalmente relegado. La líder estudiantil cree que la oposición debe hacer un esfuerzo por atraer a sus filas “a funcionarios y cuadros medios del régimen” que reniegan de las prácticas de la cúpula política del país, a la que la Organización Estados Americanos, cinco países de la región y hasta la exfiscal general chavista Luisa Ortega ha denunciado ante la Corte Penal Internacional por haber cometido posibles delitos de lesa humanidad. La dirigente universitaria resume esta idea afirmando que “la oposición debe quebrar a Maduro desde dentro del régimen”.

Además de abogar por la unidad de los venezolanos en torno a un proyecto político “que revierta la grave situación que vive el país”, Requesens insta a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre Maduro. La dirigente estudiantil cree que el presidente debe abandonar en 2019, justo cuando habría concluido el mandato presidencial que le otorgó su primera victoria en 2013. Aunque el sucesor de Hugo Chávez repitió victoria en unos nuevos comicios celebrados en 2018, Requesens, al igual que el grueso de partidos de la oposición y parte de la comunidad internacional, no considera válido el resultado de estas elecciones, que se celebraron bajo acusaciones de fraude y falta de garantías democráticas. La opositora reclama una actitud más beligerante a la comunidad internacional a partir de este hecho. “El año próximo Maduro pierde la escasa legitimidad que le queda”, sostiene antes de concluir que espera que la comunidad internacional “comparta ese diagnóstico”.