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El Ejército ecuatoriano, investigado por vender munición y armas a disidentes de las FARC

Hay siete militares y seis civiles detenidos por su relación con el grupo que secuestró y asesinó en marzo a tres periodistas en la frontera con Colombia

El comandante general del Ejército, Roque Moreira, en una conferencia de prensa en Quito.
El comandante general del Ejército, Roque Moreira, en una conferencia de prensa en Quito. EFE

Ecuador experimentó por primera vez en su territorio la indignación y estupor que impone el terrorismo cuando un grupo disidente de las FARC puso una bomba a inicios de año que hizo explotar un cuartel policial y medio centenar de casas en la frontera con Colombia. Dos meses más tarde, tres trabajadores del diario El Comercio fueron secuestrados y asesinados por la misma facción: el Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arízala, alias Guacho. Otra pareja de civiles desapareció poco después a manos de la banda relacionada con el narcotráfico. También cuatro militares. Y ahora, tras diez meses del primer ataque, una investigación coloca al propio Ejército ecuatoriano en el foco de sospecha. Siete uniformados en activo fueron detenidos la semana pasada, junto a otros seis civiles, acusados de vender armas y municiones a la banda de Guacho.

La fiscalía ha registrado cuarteles militares, oficinas y viviendas en cinco provincias del país y ha detenido a 14 sospechosos, entre ellos, un funcionario del Ministerio de Defensa. Uno de los arrestados fue liberado después. La línea de investigación oficial apunta a un entramado que aprovisionaba con material bélico del Ejército a los grupos que operan en la frontera ecuatoriano-colombiana y que están relacionados con el narcotráfico. Para ocultar la venta fraudulenta, un ingeniero informático de las Fuerzas Armadas se encargaba de alterar los inventarios.

“Desde Quito les vendían munición. El ingeniero tenía un sistema donde primero registraba todos los bienes, armas y municiones. Después, él modificaba las cantidades que había en las bodegas. Avisaba a los rastrilleros (quienes custodian la armería) con los que trabajaba y así ellos ya podían sacar el armamento y lo vendían a unas personas que eran de Borbón y Esmeraldas”, indicó, tras el operativo, un agente de Inteligencia.

La tesis de la fiscalía y de la policía es que el arsenal era trasladado a la frontera norte en encomiendas, autobuses o vehículos particulares para evitar los controles en carretera y que una mujer, también apresada, hacía de enlace con el líder de la disidencia de las FARC. De hecho, hace dos semanas se interceptó en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, un taxi que llevaba 2.500 balas camufladas en arroz. En agosto, se encontró más munición en una bodega al norte del país en la que se vendían víveres. Además, un militar ecuatoriano fue sorprendido en un bus interprovincial con tres maletas llenas de balas.

Aunque los investigadores creen que la red que traficaba con armas y munición funcionaba desde 2016, el operativo para desenmascarar a los uniformados comenzó a desentrañarse este año con la detención de uno de los miembros del grupo de Guacho en Colombia. En mayo, acordó colaborar con la policía a cambio de protección y aseguró que la banda criminal obtenía las armas de la Policía de Ecuador. Aunque, de momento, los únicos implicados son militares.

La investigación ha entrado ya en la fase de instrucción fiscal y durará 90 días, mientras se recaban indicios para poder formular cargos contra los implicados e ir a juicio. Entretanto, el ministro ecuatoriano de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha querido precisar este lunes que no hay ningún oficial de alto rango involucrado —los detenidos son cabos y un sargento— para tratar de limitar así el desgaste de la credibilidad del Ejército. “Reitero una y 100 veces más, solo es munición (no armas) y alteración de los registros de municiones. Con esto no estoy diciendo que no se vaya a profundizar en la investigación. Los resultados finales los haremos conocer, pero lo que sí corresponde es ceñirse a lo que está oficialmente procesándose, tanto en Fiscalía como en el proceso legal”, insistió.

El comandante del Ejército, el general Roque Moreira, aseguró tras las detenciones que la institución armada cooperará en todo con la Justicia. “Nos duele lo que está sucediendo, seremos totalmente transparentes y brindaremos el apoyo para las autoridades competentes a cargo de la investigación”, declaró ante los medios.

La presunta colaboración con la banda de Guacho añade otra cicatriz a la imagen de las Fuerzas Armadas del país latinoamericano. Cuando comenzaron los ataques en enero, el propio presidente Lenín Moreno reconoció que, durante los diez años de Gobierno de su predecesor, Rafael Correa, el apoyo y los recursos destinados a los militares habían sido muy reducidos y eso había afectado a la capacidad operativa de los uniformados. Se sustituyó al ministro de Defensa de entonces y se nombró al general retirado Oswaldo Jarrín.

Además de la nueva investigación, otras detenciones e incautaciones han revelado en los últimos años la permeabilidad del narcotráfico entre la Fuerza Pública. La última operación fue en la Base Aérea de Manta. La Policía detectó un camión con 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína dentro de la zona militar que servía como punto de acopio para la droga y dos miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fueron detenidos. Esa base fue en su día bastión de la lucha antinarcóticos al colaborar con los aviones espías de EE UU, pero en 2009 las tropas estadounidenses fueron expulsadas del territorio nacional por orden del expresidente Correa.

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