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El Gobierno de Ecuador afronta una crisis por la fuga de un ex alto cargo de Correa

El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, investigado por malversación, anuncia que se ha quitado el grillete electrónico y se refugia en otro país

El expresidente de Ecuador Rafael Correa.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa. AFP

Con un irónico agradecimiento por el buen trato recibido en las últimas semanas, el exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa se despidió y notificó por WhatsApp al Ministerio de Justicia ecuatoriano que se había fugado del país y que estaba camino de un territorio amigo donde encontraría asilo. El Ejecutivo de Lenín Moreno -heredero de Correa, pero enfrentado con él- se enteró el sábado por la noche de que Fernando Alvarado, investigado por malversación de fondos, no enfrentará a la Justicia de Ecuador. Al menos, no voluntariamente. El encargado de la imagen pública de Correa durante 10 años tiene en su contra 11 informes con indicios de responsabilidad penal por el despilfarro de recursos del Estado y la mala gestión de los medios públicos durante la última década. Y ahora, además de las medidas cautelares impuestas en agosto por la Corte Nacional en un proceso por peculado –malversación de fondos y burladas en los últimos días, Alvarado enfrenta una orden de localización difusión azul de la Interpol en 192 países.

“No podemos confirmar que está fuera del país o la ruta que habría tomado”, dijo la ministra de Interior, María Paula Romo, tras reconoció el éxito de su huida. El Ejecutivo ecuatoriano ofreció el domingo una rueda de prensa para atajar las críticas y aclarar cómo el exsecretario de Comunicación pudo viajar por varias provincias del país durante casi dos días, quitarse el brazalete electrónico y dejarlo en una zona de carretera y poco poblada de Quito sin que saltase ninguna alerta en el sistema de vigilancia. Pero esa exposición de lo ocurrido y el anuncio de medidas más severas contra los sospechosos de corrupción no consiguieron frenar las voces que pedían la renuncia de los responsables políticos. El presidente Lenín Moreno tuvo que convocar este lunes, dos días después de la fuga, una reunión “con todos los poderes” del Estado para tratar de lidiar con la crisis interna creciente.

El mandatario se encerró en privado en el palacio presidencial junto a la titular de la Asamblea, al responsable transitorio del Consejo de la Judicatura, al fiscal general, al contralor y al procurador del Estado, a los titulares de la Corte Nacional, y al representante del Consejo de Participación Ciudadana. Tras una reunión de tres horas, Moreno anunció que ese mismo bloque se reunirá cada quince días en Carondelet para supervisar la lucha contra la corrupción. Además, reiteró su compromiso de que los delitos contra las arcas públicas no queden en impunidad y anunció que todos los funcionarios públicos que debían haber alertado de la fuga de Fernando Alvarado quedaban relegados de su cargo.

“Se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social y del exMinisterio [sic] de Justicia esta cartera se fusionó recientemente con Interior, incluyendo a los servidores del ECU911 el servicio de emergencias, que estuvieron a cargo del monitoreo del grillete electrónico”, precisó el presidente latinoamericano. Pero sin afectar a ninguno de los ministros o altos mandos. Ni el de Justicia, Paúl Granda ni la de Interior. En cambio, renunció la número dos de Granda, la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán. Y se fue replicando en un comunicado que, con ello, “no se solucionan los problemas estructurales que lleva consigo por décadas el sistema penitenciario del país”.

“La fuga de Fernando Alvarado deja al desnudo la inoperancia de nuestra justicia y la negligencia del Gobierno ecuatoriano. ¿Esta es la 'gran cirugía a la corrupción' que prometió Lenín Moreno? Queremos más acción y menos discurso”, remachó Guillermo Lasso, líder de la oposición en redes sociales. "Esta es una situación que no hubiese sido posible si no hubieran existido acciones cómplices de otras instituciones", insistió la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, al entrar en Presidencia. Según la versión oficial, Alvarado consiguió retirarse el brazalete electrónico, tras haberlo manipulado para que no saltase la alarma al hacerlo. Los detalles de cómo lo hizo y quién le ayudó están en investigación.

Su huida, apuntó el ministro de Justicia, es fruto de dos circunstancias. La primera: que las autoridades manejan 11 informes con indicios penales contra él por haber contratado con dinero público a empresas de su familia, o haber aprobado contratos sin justificación técnica o por haber pagado sueldos y beneficios, como casas y coches, más altos de lo normal a directivos de los medios públicos que él gestionaba durante el Gobierno correísta. La segunda: que su mano derecha, el exsubsecretario de Comunicación Pablo Yánez decidió la semana pasada empezar a colaborar con la Justicia y acogerse a un programa de protección de testigos a cambio de dar información detallada de las irregularidades. Eso daría un impulso definitivo al proceso por el que se investigaba a Alvarado y que justificó hace dos meses que le colocaran un grillete electrónico, le obligaran a comparecer ante el juez cada 15 días y le prohibieran la salida del país.

El Gobierno de Moreno también ha decidido, como paliativo al deterioro de la imagen institucional, exhortar a fiscales y jueces que, en adelante, apliquen las medidas más severas que sean oportunas jurídicamente contra todos los funcionarios y exfuncionarios que tengan abiertas investigaciones por corrupción en su contra. Ya sean de esta o de la Administración anterior. Se recordó, a propósito, que hay 31 exaltos cargos del correísmo con causas abiertas en Fiscalía y se pidió que se congelen los bienes de todos los familiares de Alvarado. Además, para reducir el riesgo de una nueva fuga y como reacción colateral, se ordenó el traslado de Jorge Glas, exvicepresidente condenado a seis años de cárcel por el caso Odebrecht, a una cárcel de mayor seguridad. Y él, como protesta, se ha puesto en huelga de hambre.

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