La justicia ecuatoriana dicta una orden de prisión preventiva contra Rafael Correa

La situación legal del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se complicó este martes tras dictarse una orden de prisión preventiva contra él por su implicación en el secuestro del legislador de la oposición Fernando Balda. La juez de la Corte Nacional que está llevando el caso dispuso el pasado 18 de junio que el exmandatario ecuatoriano debía comparecer ante el juez, en Quito, cada 15 días, mientras dure la instrucción de lo que ha sido considerado judicialmente como un crimen de Estado.

Pero Correa desobedeció la orden este lunes y solo se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bruselas, ciudad en la que reside desde hace un año. Ante el incumplimiento, la Fiscalía solicitó este martes endurecer la medida cautelar y la Corte Nacional emitió una orden de prisión preventiva y una alerta roja ante la Interpol para capturarlo y extraditarlo. El expresidente ha considerado la medida "un grave atropello a la justicia" y a sus derechos. "Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de derecho como Bélgica", ha asegurado en Twitter.

Correa considera que su vinculación en el secuestro hace seis años de Fernando Balda en Bogotá es una persecución política y, por eso, había anunciado días atrás que estaba estudiando la posibilidad de pedir asilo en algún país amigo. Su abogado defensor, Caupolicán Ochoa, repitió este martes la misma idea a la salida de la audiencia en la que el fiscal general encargado (provisional), Paúl Pérez, pidió que se endurecieran las medidas cautelares. “No se trata de hacer justicia, sino de hacer venganza. No se ha respetado el debido proceso y se han violado todas las garantías”, cuestionó la defensa, quien repitió la tesis de su representado de que el caso de Balda está sirviendo para depositar “odio político” contra Correa y conseguir “sacar” al expresidente de la actividad política.

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Una vez que el expresidente llegue al país, según la orden de la jueza de garantías penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, deberá ser trasladado a la cárcel 4 de Quito, en la que cumple condena por el caso Odebrecht el vicepresidente de su último Gobierno, Jorge Glas. La decisión de la jueza rechaza, por tanto, por insuficiente la comparecencia de Correa ante el vicecónsul, Bernardo Burgos González.

El expresidente publicó el lunes un vídeo y el documento que certificaba su visita a la sede diplomática, después de haber anunciado en una entrevista en España que no acudiría ante el juez en Quito debido a que una de sus hijas había sufrido un grave accidente de tráfico. Correa ya había declarado en el consulado de Bruselas por los otros casos que tiene abiertos en Ecuador, principalmente, por su mal manejo de la economía nacional.

La orden de prisión no está aún en ejecución, dado que la defensa de Correa ha apelado la medida. “Tiene todo el derecho de apelar y solicitar asilo político en cualquier país. Pero desde hoy anuncio que haré activismo político en las embajadas de los países donde Ecuador tiene presencia, empezando por la de Bélgica para que, con documentos, constaten que esto no se trata de una persecución política, sino de un crimen de Estado”, adelantó Balda, quien desde este martes es formalmente acusación particular en el caso que investiga su secuestro en 2012.

Según las investigaciones, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de oposición en Bogotá, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el exmandatario de Ecuador y estaba prófugo de la Justicia en el país vecino.

De acuerdo con la instrucción del caso, desde el Gobierno se ordenó capturarlo pese a que se encontraba fuera de la jurisdicción nacional. Finalmente, el vehículo en que había sido secuestrado fue interceptado por la policía colombiana y Balda fue extraditado a Ecuador para cumplir hasta dos años de condena. “Tiene que haber justicia para todos los crímenes de Estado que se cometieron. No para uno solo”, reclamó este martes el exasambleísta que ya consta formalmente como víctima en el proceso.