La española que paraliza la purga del Supremo polaco

Rosario Silva de Lapuerta ha irrumpido en la vicepresidencia del Tribunal de Justicia de la UE como una exhalación. Diez días después de asumir el cargo, la jueza madrileña de 64 años ha dictado el auto que ordena a Polonia que suspenda la purga de magistrados del Tribunal Supremo y restablezca en su puesto a los ya cesados. Se trata de una medida sin precedentes. Nunca antes la Corte europea había bloqueado una reforma de tanto calado de uno de los Estados miembros, aunque la decisión no sea todavía definitiva.

La jueza tiene experiencia en eso de ser pionera. A los 24 años, poco después de terminar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, se convirtió en la primera mujer Abogada del Estado, donde fue destinada en Málaga. Un cuarto de siglo después aterrizó en el Tribunal de Justicia de la UE, concretamente en octubre de 2003. En medio, un historial que ya auguraba una carrera meteórica. En su hoja de servicios aparecen cargos en los ministerios de Transporte, Exteriores y Justicia. También un paso por las aulas como profesora de derecho comunitario en la Escuela Diplomática y la codirección de una revista de actualidad europea.

Los antecedentes hablan de una mujer con el veneno del derecho comunitario en la sangre. En la votación del martes de la semana pasada, los 28 jueces del TJUE le dieron un mandato de tres años como vicepresidenta, hasta 2021, renovable tantas veces quiera si vuelve a presentarse y ser elegida. Sustituye al italiano Antonio Tizzano, ahora jubilado. Solo un español, Gil Carlos Rodríguez, presidente del organismo entre 1994 y 2003, ha llegado más alto que ella en el escalafón de la justicia comunitaria.

Esa habilidad para alcanzar cotas de poder inéditas para una mujer ha sido imitada por la pequeña de sus ocho hermanos, Marta Silva, la primera en llegar a Abogada General del Estado, posición que ocupó entre 2012 y 2016 tras ser elegida por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia. La familia no es un aspecto menor en la biografía de Rosario Silva. Es hija de Federico Silva Muñoz, también Abogado del Estado pero más conocido por haber sido ministro franquista de Obras Públicas entre 1965 y 1970, fundador de Alianza Popular y, antes del nombramiento de Adolfo Suárez, uno de los tres nombres que sonó para ser presidente del Gobierno una vez muerto el dictador Francisco Franco.

También es sobrina del extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta, señalado por su implicación en el caso Gürtel, cuya causa fue finalmente archivada por su mal estado de salud. Pero ni ese parentesco ni el pasado franquista de su padre han sido fuente de problemas en Luxemburgo. Las mayores suspicacias por sus lazos familiares se produjeron en 2004, cuando el Gobierno de José María Aznar nombró a su marido, Julio Núñez, embajador en el Gran Ducado para evitar que el matrimonio viviera separado. Rosario Silva pasó entonces a ser simultáneamente jueza del TJUE y embajadora de España en Luxemburgo —trato que suele darse por deferencia a las esposas de los embajadores—. Esa situación sin precedentes la relegó durante años a un papel secundario. "Las sentencias del tribunal se notifican a los Estados en las embajadas en Luxemburgo. Estéticamente era muy feo", recuerda una fuente cercana a los hechos.

Silva, a la que algunos excompañeros describen como una persona distante en el trato personal pero muy trabajadora, ha sido una ardua defensora de los tribunales europeos frente a la tentación de algunos países de hacer sus propias interpretaciones de las leyes comunitarias. "Hay algún magistrado con ideas especiales y que no se calla a la hora de exponerlas, nosotros no nos callamos tampoco y decimos lo que pensamos. Entendemos que ellos son muy importantes pero hay muchos Tribunales Constitucionales en los Estados miembros y si cada uno piensa que es el último intérprete [de la legislación comunitaria] se nos va la Unión Europea al traste", afirmó durante una conferencia en referencia al todopoderoso Tribunal Constitucional alemán.

Pese a que antiguos miembros del tribunal perciben un cierto giro hacia posturas más duras en asuntos migratorios sobre los que Rosario Silva ha sido ponente, su independencia no está en cuestión. El entorno conservador en el que se ha movido siempre la jueza española no ha impedido que haya sido ella la responsable de pararle los pies al Gobierno ultraconservador polaco en su controvertida reforma del Tribunal Supremo. El partido Ley y Justicia ha aprobado una rebaja de la edad de jubilación de los jueces del Supremo que fuerza la salida de casi un tercio de sus miembros, una intervención en el poder judicial que la Comisión Europea ha denunciado ante la Corte de Luxemburgo. Los 15 jueces de su Gran Sala tienen la última palabra al respecto.

El movimiento de Lapuerta podía intuirse si se observan los precedentes. La jueza fue la ponente hace tres meses de un caso que culminó en varapalo a Polonia. El tribunal europeo sentenció que un país de la UE puede aplazar la entrega de un sospechoso si percibe riesgo de que no se le garantice un juicio justo en el país que emite la euroorden. El fallo fue un claro recado a Varsovia: se refería al caso de un ciudadano polaco arrestado en Irlanda que se opuso a ser entregado a su país alegando como argumento la intervención del Gobierno en la justicia.

En el asunto polaco, como en muchos otros, su sintonía es total con Koen Lenaerts, el recién reelegido presidente del TJUE. Ambos desembarcaron juntos en la institución hace 15 años, y ambos ocupan ahora su cúpula. El cargo de vicepresidente, creado hace solo seis años, ha sido la antesala de dos caminos opuestos: trampolín para ser futuro presidente, y premio a una larga trayectoria antes de la jubilación. El tiempo dirá si Rosario Silva Lapuerta vuelve a ser la primera en algo o hace de la vicepresidencia su último servicio.