La justicia europea ve pocos abogados preparados en derecho comunitario

Rosario Silva de Lapuerta, juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha manifestado este viernes que España tiene "pocos" abogados especialistas en derecho comunitario que puedan defender con competencia los intereses de sus clientes en la jurisdicción europea. La magistrada que representa a España ante el TJUE ha afirmado que este país cuenta con "muy buenos abogados" expertos en legislación comunitaria, pero que estos pertenecen siempre a "los mismos grandes despachos", que en la práctica "tienen casi el monopolio" de acudir al tribunal con sede en Luxemburgo.

En una conferencia organizada por la asociación Diálogo de amistad hispano-francesa, Silva de Lapuerta ha manifestado que cuando los tribunales españoles plantean cuestiones prejudiciales al TJUE, suele acudir a Luxemburgo el abogado que lleva el caso y no un especialista de esos grandes bufetes. La magistrada observa que en esos casos "falta más conocimiento sobre derecho comunitario", lo que, según ella, "es una pena, ya que si el abogado no alega derecho de la Unión Europea, lo normal es que el juez no lo aplique, con lo que hace un servicio malísimo a su cliente".

La magistrada observa que las universidades españolas enfocan el estudio del derecho comunitario de forma dispar: "Algunas han entendido que es algo muy importante y le dedican horas, y otras creen que es algo accesorio, una maría (…) en muchos casos se considera extraterrestres a los que se dedican a estos temas".

En el turno de preguntas, la magistrada ha negado que las actuales tensiones nacionales en la Unión Europea, con la amenaza de salida del Reino Unido a través de un referéndum el próximo junio, hayan creado problemas, siquiera ambientales, en el TJUE. "Internamente no nos afecta nada, cero; nos olvidamos totalmente de la nacionalidad que tiene el que se sienta a mi lado a deliberar".

Silva de Lapuerta también se ha referido a la posición de un sector del Tribunal Constitucional alemán que sostiene que este órgano nacional tiene la última palabra en su país sobre el alcance de la legislación comunitaria. "Hay algún magistrado con ideas especiales y que no se calla a la hora de exponerlas, nosotros no nos callamos tampoco y decimos lo que pensamos. Entendemos que ellos son muy importantes pero hay muchos Tribunales Constitucionales en los Estados miembros y si cada uno piensa que es el último intérprete [de la legislación comunitaria] se nos va la Unión Europea al traste", ha afirmado.

En su conferencia, Silva de Lapuerta ha explicado las funciones y la estructura del TJUE, el "gran desconocido" de las instituciones comunitarias, y que es el máximo intérprete de las normativas de la Unión. En especial, se ha detenido en el "gran invento" de las "cuestiones prejudiciales", que resuelven, de forma vinculante, dudas sobre la validez o la interpretación de las directivas comunitarias a los jueces nacionales encargados de decidir en última instancia de los asuntos. El TJUE cuenta con un juez designado por el Gobierno de cada Estado, así como diez abogados generales, extraídos de juristas capacitados para cubrir las más altas funciones jurisdiccionales en sus países de origen.