“Ya es imposible cerrar los ojos ante la represión en Nicaragua”

Epsy Campbell Barr (San José, 1963) es la primera vicepresidenta negra en la historia de las democracias latinoamericanas. El recién elegido jefe de Estado y de Gobierno de Costa Rica, Carlos Alvarado (centroizquierda), la nombró en mayo ministra de Relaciones Exteriores, un cargo que siempre había sido ocupados por hombres y al que tampoco había accedido nunca un afrodescendiente. Son gestos que ejemplifican la mayor inclusión que promueve el nuevo Gobierno, pero que han pasado a un segundo plano ante la magnitud de la empresa que la canciller Campbell tendrá por delante: el estallido de la crisis nicaragüense, la represión del Ejecutivo de Daniel Ortega y la ola migratoria de nicaragüenses que buscan refugio en su vecino sureño.

Costa Rica sintió de inmediato los efectos a través de dos vías: las exportaciones hacia el país centroamericano, que cayeron y siguen sin recuperarse, y las miles de solicitudes de refugio de personas que se sienten amenazadas en Nicaragua, que no han dejado de crecer. Desde que comenzó la crisis han llegado más de 25.000 peticiones, hoy en distintas fases de tramitación. En paralelo se ha activado el germen de la xenofobia y la inquietud por la capacidad del país centroamericano -una de las economías más avanzadas de América Latina- de absorber a los nuevos inmigrantes.

P. Dijo Ortega que les pediría la lista de refugiados nicaragüenses en Costa Rica. ¿Le han respondido oficialmente?

R. Él no hizo ninguna solicitud formal, pero nuestro presidente le contestó con claridad: la gente que pide refugio pide refugio porque tiene miedo, y a esa gente uno no la entrega al causante de ese miedo.

P. ¿Por qué la insistencia de Costa Rica ante el mundo?

R. Nicaragua vive una situación dramática en derechos humanos y democracia, con amplios impactos económicos y sociales, no solo en Nicaragua, sino también en nuestro país. Lo dijimos en la OEA y en Naciones Unidas la semana pasada.

P. ¿Qué pide a la comunidad internacional?

P. Que actúe de manera inmediata. Todas las violaciones de derechos humanos han sido constatadas por la misión del Alto Comisionado [de la ONU]. Acá, en Costa Rica, estamos pagando factura de esta crisis democrática de Nicaragua. No se ha hecho lo suficiente en el plano internacional, aunque celebramos algo que hasta hace poco parecía imposible: que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda asumir esta discusión sobre Nicaragua. Ya es imposible cerrar los ojos ante la represión policial de manifestaciones pacíficas, ante la detención de estudiantes, ante las denuncias sobre torturas... Hay un toque de queda autoimpuesto, el turismo dejó de llegar a Nicaragua y se está expulsando a muchos nicaragüenses.

La exdiputada Campbell debuta en la diplomacia global con verbo fuerte y comprometida con la línea crítica de Alvarado contra las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Lo volvió a reiterar este jueves en la Asamblea General de la ONU, donde habló como representante del presidente Alvarado, que prefirió quedarse en el país para hacer frente a una huelga de empleados públicos que ya se extiende por casi tres semanas. “Costa Rica no puede llevar sola esa carga. La situación de Nicaragua no es sostenible (…) La crisis en ese país tiene potencial de escalamiento con un impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de Centroamérica”, dijo Campbell en Nueva York solo dos semanas después de reiterar la decisión de San José de dejar sin embajador su sede diplomática en Managua.

P. ¿A qué se refiere con “actuar de manera inmediata” en Naciones Unidas?

R. El multilateralismo debe buscar el mecanismo a través del cual llamar a Nicaragua a rendir cuentas. Deben pedirle, de manera inmediata, un cese a la represión. Es un país que tiene quizás más de 400 muertos, una cifra propia de una guerra civil. No podemos normalizar eso. Se requiere una acción articulada y no conformarse con lo que Nicaragua quiera reportar o no. Debe restituirse el ingreso a la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

P. ¿A qué atribuye este desinterés que usted detecta en la comunidad internacional frente a la situación en Nicaragua?

R. Costa Rica ha sido muy eficiente en colocar a Nicaragua en la discusión internacional, pero Nicaragua tiene aún aliados.

P. ¿Quiénes?

R. Bueno, ya vio los países que se opusieron a debatir el tema en el Consejo de Seguridad [China y Rusia, ambos con poder de veto, más Bolivia, Kuwait y Etiopía]. Algunos creen el relato que no es real. Nosotros aquí recibimos a dirigentes sociales, a muchachitos que estaban felices estudiando en sus universidades, a médicos que fueron despedidos por atender a personas de las protestas... ¿En qué país del mundo despiden a la gente que hace su trabajo? Bueno, de eso es capaz del Gobierno nicaragüense.

P. Rusia lleva varios años con presencia en Nicaragua ¿Juega algún papel ahora?

R. No tengo los elementos para medir cuánto apoyo tiene Nicaragua, pero lo cierto es que tiene un diálogo con unos actores políticos internacionales que aún le acreditan legitimidad internacional. Nosotros lo que les pedimos es que vayan a Nicaragua y vean lo que allí ocurre. ¿Quién que tiene todo controlado expulsa a una misión de derechos humanos? Nosotros tenemos la evidencia en nuestro territorio, por eso pedimos acciones más contundentes que permitan un arreglo pacífico.

P. ¿Con Ortega o sin Ortega?

R. No nos metemos en esa política interna; lo que procura Costa Rica es que se acabe la represión y haya una solución pacífica a la demanda social.

P. El expresidente Óscar Arias ha dicho que Costa Rica debería llevar a Ortega a la Corte Penal Internacional. ¿Ha pensado en esa posibilidad?

R. No ha existido un Gobierno en Costa Rica que haya sido tan contundente frente a Nicaragua. Llevar a una persona a la Corte implica todo un proceso que podría valorarse. Pero, por el momento, seguiremos siendo consistentes usando las herramientas que tenemos a mano para impactar en la realidad nicaragüense desde la multilateralidad y con la política de atención de flujos migratorios, aunque no sea muy popular. Esas recomendaciones siempre son buenas: podemos analizarlas y no podemos descartar nada.

P. El informe del Alto Comisionado de la ONU enumera violaciones serias a los derechos humanos, atribuibles a Ortega. ¿No es suficiente para llevarlo a la Corte Penal Internacional?

R. Hay expertos que han trabajado cerca de la Corte y que podrían darnos algunas opiniones sobre ese informe. Si bien para nosotros es terrorífico el contenido del informe, eso no necesariamente se compara con otras cosas muy atroces que también ocurren en otras partes del mundo. Ese razonamiento debe ser muy apegado al realismo jurídico y hay que ver si dé para armar un caso. Por eso le digo que no lo descartamos.

P. ¿Se mantiene la política de acogida de Costa Rica?

R. Exacto. Tenemos que establecer prioridades y es la forma de atender esa realidad migratoria de nicaragüenses, pero también de venezolanos, salvadoreños y extracontinentales.