El expresidente Zedillo urge a México a pasar de la prohibición a la regulación de las drogas

La guerra global contra las drogas ha fracasado y México es el mejor ejemplo de ello. Así de contundente se muestra un grupo de especialistas de la Universidad de Yale y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) capitaneado por el expresidente mexicano Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000) en un estudio presentado este martes. La única solución posible, dicen, es pasar de la prohibición a la regulación: despenalizar la utilización y la posesión para uso personal de todas las sustancias hasta ahora consideradas ilícitas, regular su provisión legal y liberar a quienes han sido encarcelados por delitos de drogas no violentos.

La batalla sin cuartel que México libra desde hace más de una década contra las drogas no solo no ha cumplido su propósito sino que ha devenido en una tragedia nacional: la espiral de violencia, de la que no se ve final y que deja miles de muertes -85 al día, según los últimos registros-, así lo atestigua. "El intento por hacer cumplir la prohibición ha provocado más delitos, violencia, muerte, enfermedades, corrupción, así como debilitamiento de las instituciones y la violación de los derechos humanos", subraya este colectivo de expertos. Y ha llegado el momento de pensar en otras soluciones, a pesar de que el grueso de la producción y el trasiego de drogas a lo largo y ancho de México tiene como destino final Estados Unidos: "Abordar los graves males derivados del tráfico ilícito de drogas requiere el abandono total del paradigma de prohibición que ha orientado las políticas de drogas durante el último siglo en México y, prácticamente, en cualquier lugar del mundo".

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El propio Zedillo entonó este lunes su propio mea culpa en este ámbito. "Quizá debemos darnos el beneficio de la duda a quienes hemos seguido la política equivocada durante tantos años". Aunque los años más sangrientos de la guerra contra el narco llegaron bastante más tarde, con el panista Felipe Calderón (2006-2012) al frente del Gobierno, México llevaba años de persecución a las drogas. "Los derechos humanos y la salud pública deben ser los dos pilares del nuevo paradigma; la prohibición debe ser descartada y reemplazada por la regulación. Debe orientarse a la opinión pública para que se vea el uso de drogas como un problema de salud pública y no como un asunto penal", reza el documento firmado, además de por el propio expresidente mexicano, por Catalina Pérez, Alejandro Madrazo y Fernanda Alonso.

En el momento más sangriento de su historia reciente, el debate sobre la legalización de las drogas está plenamente vigente en el país latinoamericano. El futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Morena) ya ha deslizado, por boca de la próxima titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que propondrá a Naciones Unidas la despenalización de estas sustancias. “Tengo una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país”, dijo a mediados de julio. “Ya la despenalizó Canadá y casi la mitad de los Estados de EE UU. ¿Qué estamos pensando, matándonos, cuando ya toda Norteamérica la está despenalizando y muchos países europeos?”. Sánchez Cordero se refería a la despenalización de la marihuana en un buen número de Estados de la primera potencia mundial y, a escala federal, en Canadá. En el último lustro, Uruguay también ha dado un paso de gigante en la misma dirección y ha cedido a las farmacias el monopolio en la distribución de esta hierba.

Adiós a la prohibición

El llamamiento de Zedillo llega menos de 24 horas después de que la Comisión Global de Política de Drogas -a la que también pertenece el expresidente mexicano junto con otros exmandatarios americanos y europeos como Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Ricardo Lagos (Chile) o Jorge Sampaio (Portugal)- pusiese formalmente encima del tapete la regulación como "parte crítica" de la reforma de política de drogas a escala global "si lo que se desea es reducir el mercado ilegal y los daños de la prohibición".

La regulación y administración de productos y comportamientos de riesgo, argumentan, son funciones clave de las autoridades gubernamentales alrededor del mundo con una excepción: cuando se trata de las drogas. Para ello, dicen, las autoridades deberían involucrar a todos los actores implicados -expertos, sancionados por el tráfico de sustancias, consumidores y actores de pequeña escala- siempre prestando especial atención a las tensiones entre la salud pública y los intereses comerciales y aprendiendo de lo ocurrido en otros mercados de drogas actualmente amparados por la ley, como el alcohol y el tabaco. "Los Gobiernos tienen la responsabilidad de recopilar evidencia, analizar y contrastar las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la prohibición y la regulación, respectivamente".

Aunque el llamamiento resuena con un eco especial en el caso de las economías avanzadas, las más lucrativas para las mafias y los que más fácil lo tienen para construir el nuevo paraguas legal para un mercado de drogas plenamente regulado y fiscalizado -"aún en los países ricos, el desplegar enormes recursos para el cumplimiento de la ley y la prohibición punitiva ha probado ser ampliamente inefectivo o activamente contraproducente"-, ni mucho menos se dirige únicamente a este ramillete de naciones. "¿A quién le conviene la legalización? A América Latina y el Caribe, ¡por Dios! Porque la ilegalidad es la que está matando a la gente", apunta la jefa de la Cepal -el brazo de Naciones Unidas para el Desarrollo en la región- y miembro de la Comisión, Alicia Bárcena, que hace unos meses ya dejó caer que había llegado "la hora de plantear seriamente" esta cuestión.

"Las economías de bajos o medianos ingresos o las instituciones frágiles no deben considerarse obstáculos para explorar la regulación: al reducir los efectos corrosivos del comercio ilegal, la regulación de los mercados de drogas puede fomentar el desarrollo", detallan desde la Comisión Global de Política de Drogas. "Se podría dar prioridad a la regulación legal de las drogas con la mayor prevalencia en el contexto nacional, a drogas de origen vegetal (cannabis, hoja de coca u opio) o a aquellas que son parte de un patrimonio cultural". La clave, concluye el organismo, creado en 2011, "es comenzar a tomar medidas concretas y graduales en el camino hacia la reforma".

El de la droga es el mercado ilegal más grande del mundo. Hace más de una década, en 2005, se calculó en 320.000 millones de dólares el movimiento anual de dinero solo en el tramo final del mercado, el minorista, una cifra comparable con la comercialización global de textiles. "250 millones de personas en el mundo están tomando riesgos consumiendo drogas actualmente prohibidas", dicen los miembros de este selecto panel. "Aceptar esta realidad y poner una estrategia efectiva de regulación para manejarla no implica admitir una derrota ni condonar el uso de drogas: forma parte de un enfoque responsable e informado en evidencia, que lidia con el mundo por cómo es y no por motivaciones ideológicas que atentan con crear un 'mundo libre de drogas' de manera contraproducente y dañina".