El Congreso chileno rechaza el cese de tres jueces por dar libertad condicional a violadores de derechos humanos
Por 73 votos contra 64, la Cámara de Diputados no aprobó la acusación constitucional contra los magistrados de la Corte Suprema
La Cámara de Diputados de Chile frenó la acusación constitucional con la que un grupo de parlamentarios de izquierda buscaba destituir a tres jueces de la Corte Suprema por “notable abandono de deberes” por haberle otorgado la libertad condicional a siete violadores de los derechos humanos. En una votación larga que se prolongó hasta altas horas de la noche de este jueves en el Congreso, los diputados la rechazaron por 73 votos contra 64. La oposición, compuesta por el Frente Amplio de izquierda y la disuelta coalición Nueva Mayoría de Michelle Bachelet, de centroizquierda, cuenta con mayoría en el Parlamento, pero no tuvo una posición única. En la misma semana que Chile conmemoró los 45 años del Golpe de Estado de 1973, la acusación enfrentó al poder legislativo y el judicial, que consideraba que estaba en juego “la vigencia del Estado de Derecho” y la autonomía de los magistrados.
“Nunca había visto en Chile un intento tan burdo de quitar la independencia judicial”, señaló en su exposición en el Congreso Davor Harasic, defensor del magistrado Hugo Dolmestch, uno de los tres jueces que arriesgaban la destitución. “Si el juez falló bien o mal no es un abandono de deberes”, agregó Alfredo Etcheberry, abogado de otro de los magistrados, Carlos Carlos Künsemüller. Para Jorge Correa Sutil, que defendía a Manuel Valderrama, la acusación “entrañaba una tesis que debilita la democracia chilena”.
La Cámara de Diputados primero revisó si la acusación cumplía con los requisitos que establece la Constitución y si aceptaba la cuestión previa, propuesta por las defensas de los jueces de la Corte Suprema. Este asunto, sin embargo, se desestimó con un empate a 69 votos, por lo que la acusación pasó a la siguiente etapa y los diputados entraron al debate de fondo. Hubo escenas de emoción entre los parlamentarios de izquierda, que en sus escaños mostraban imágenes de desaparecidos y ejecutados en dictadura. “Estamos del lado de las víctimas o estamos del lado de los victimarios”, señaló el parlamentario democristiano Raúl Soto, cuyo partido estuvo dividido.
Los jueces no desconocían la facultad del Parlamento para acusarlos constitucionalmente, pero estimaban que, en este caso, lo que los congresistas buscaban era cuestionar los fundamentos del fallo. "El ejercicio de la jurisdicción fue confiado de manera exclusiva y excluyente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones", señaló hace algunas semanas el magistrado Sergio Muñoz, presidente subrogante de la Corte Suprema.
Para los acusadores, en cambio, los jueces del máximo tribunal del país incurrieron en un notable abandono de deberes al otorgarle el beneficio de la libertad condicional a siete violadores de los derechos humanos, pasando por alto las normas de la comunidad internacional. “La jurisprudencia internacional, a la que le ley chilena está subordinada, establece claramente los estándares para dar beneficios carcelarios a genocidas, criminales de guerra o de lesa humanidad”, explicaba hace unos días a EL PAÍS la diputada comunista Carmen Hertz, portavoz del grupo de parlamentarios que presentó la acusación. “El Estatuto de Roma señala, por ejemplo, que deben estar auténticamente disociados de los crímenes que cometieron, es decir, que hayan entregado antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron. Ese requisito ninguno de estos siete violadores de los derechos lo cumple”.
Entre los beneficiados por la libertad condicional está Gamaliel Soto, suboficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado en 1974 de Eduardo González, de 31 años, director del hospital de Cunco (sur de Chile). También Moisés Retamal, excoronel del Ejército, condenado a seis años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos en 1973. La comisión especialista le había negado el beneficio porque Retamal, según el informe de Gendarmería, tiene "insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado (...) validando o justificando conductas delictuales, entre otros aspectos negativos de su personalidad". Otro de los beneficiados es el exbrigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que recorrió el país en helicóptero Puma y que asesinó a 90 personas en diferentes ciudades.
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