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Tres jueces chilenos, al borde de la destitución por otorgar la libertad condicional a violadores de los derechos humanos

El Congreso votará, 45 años después del golpe de Estado de Pinochet, una acusación constitucional presentada por un grupo de parlamentarios de izquierda y centroizquierda

Una activista sostiene fotos de desaparecidos en una protesta frente a la Corte Suprema de Chile.
Una activista sostiene fotos de desaparecidos en una protesta frente a la Corte Suprema de Chile. Getty

El beneficio de la libertad condicional otorgado a siete violadores de los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet tiene a tres magistrados de la Corte Suprema chilena al borde de la destitución. Diez parlamentarios de izquierda presentaron una acusación constitucional en su contra por "notable abandono de deberes": consideran que los jueces no aplicaron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad, como el Estatuto de Roma, el texto fundacional de la Corte Penal Internacional, que establece determinados requisitos para este tipo de causas.

Justamente en la semana en que Chile conmemora los 45 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la acusación, que ha provocado un enfrentamiento inédito entre el poder legislativo y el judicial, que considera que está en juego "la vigencia del Estado de Derecho" y la autonomía de los magistrados. La votación se celebrará el próximo viernes y se dividirá en dos partes. Primero se revisará si la acusación cumple con los requisitos que establece la Constitución. De pasar esa etapa, para lo que la oposición necesita una mayoría simple, los diputados deberán votar si la declaran admisible. Posteriormente, pasaría al Senado, que tendrá la última palabra.

Los jueces no desconocen la facultad del Parlamento para acusarlos constitucionalmente y buscar su destitución en caso de notable abandono de deberes. Hay un precedente: hace 16 años, el juez Hernán Cereceda —operador de Pinochet en la Corte Suprema se convirtió en el único magistrado destituido desde la llegada de la democracia, dos años antes. Pero creen que, en este caso, lo que los parlamentarios buscan es cuestionar los fundamentos del fallo. "El ejercicio de la jurisdicción fue confiado de manera exclusiva y excluyente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones", señaló el magistrado Sergio Muñoz, presidente subrogante de la Corte Suprema, que en 2005 pidió el desafuero de Pinochet en el marco de la investigación por las cuentas secretas del dictador en el Banco Riggs.

Los parlamentarios que promueven la acusación constitucional a los jueces pertenecen al Frente Amplio de izquierda y la Nueva Mayoría de centroizquierda, el disuelto conglomerado de Michelle Bachelet que abarcaba de democristianos a comunistas. Consideran que el fallo de la Corte Suprema que permitió la libertad condicional a violadores de los derechos humanos es "aberrante" y que los jueces de la Sala Penal obviaron las normas de la comunidad internacional.

"La jurisprudencia internacional, a la que le ley chilena está subordinada, establece claramente los estándares para dar beneficios carcelarios a genocidas, criminales de guerra o de lesa humanidad", explica la diputada Carmen Hertz, portavoz del grupo de parlamentarios que presentó la acusación. "En primer lugar, que la pena sea proporcional a la gravedad del delito de cometieron, lo que en estos sujetos no se da. Apenas un puñado de criminales de lesa humanidad en Chile tienen una pena proporcional a las brutalidades que cometieron. En segundo lugar, que hayan cumplido dos tercios de la pena. En tercer lugar, que hayan cooperado desde sus inicios y en forma continuada con la acción de la Justicia". Según el Estatuto de Roma, añade Hertz, deben entregar antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron. "Y ese requisito ninguno de estos siete violadores de los derechos lo cumple".

Para la Corte Suprema, el citado Estatuto solo hace mención a la rebaja de las condenas respecto de las sanciones impuestas por la propia Corte Penal Internacional. Y, argumenta, si Chile quisiera negar las libertades condicionales a los violadores de los derechos humanos, debería adecuar su propia legislación.

Los jueces que podrían ser destituidos son Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, todos ellos integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema que otorgó los beneficios hace poco más de un mes. La decisión del máximo tribunal del país se produjo pese a la resolución previa de un equipo especializado —la comisión de libertad condicional, que había considerado que los informes psicológicos no acreditaban ni corrección ni rehabilitación.

Entre los beneficiados por la libertad condicional está Gamaliel Soto, suboficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado en 1974 de Eduardo González, de 31 años, director del hospital de Cunco (sur de Chile). También Moisés Retamal, ex coronel del Ejército, condenado a seis años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos en 1973. La comisión especialista le había negado el beneficio porque Retamal, según el informe de Gendarmería, tiene "insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado (...) validando o justificando conductas delictuales, entre otros aspectos negativos de su personalidad". Otro de los beneficiados es el exbrigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que recorrió el país en helicóptero Puma y que asesinó a 90 personas en diferentes ciudades.

Todos ellos estaban encarcelados en los penales de Colina 1 y Punta Peuco, la cárcel destinada a violadores de los derechos humanos en dictadura que tanto activistas como familiares de víctimas piden cerrar por considerar que ofrece condiciones especiales respecto a las que reciben los presos comunes. Bachelet -hoy alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU- había asumido el compromiso de clausurarlo, pero no llegó a concretarlo antes de dejar el poder en marzo pasado.

El Gobierno del conservador Sebastián Piñera no ha sido indiferente al enfrentamiento entre parte de la oposición y la judicatura. "Una mayoría política no puede invadir la esfera de acción de los tribunales de Justicia", señaló el ministro de Justicia, Hernán Larraín, antes de que Piñera recibiera en La Moneda a los líderes de la Corte Suprema de Justicia en una clara señal de respaldo.

En pleno debate, importantes penalistas y académicos se han manifestado públicamente a favor de una y otra posición. La controversia ha tenido incluso algunos capítulos surrealistas, como el intento frustrado del partido oficialista UDI de inhabilitar a la diputada Hertz por ser viuda de un ejecutado político. "Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen un conflicto de interés en materias derechos humanos. Ahora sí lo hemos visto todo...", los criticó el analista político Max Colodro.

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