La fiscalía aumenta a cinco delitos la investigación contra Salvini
El fiscal de Agrigento ve indicios de secuestro con el objetivo de coaccionar a la UE y abuso de poder
La investigación contra Matteo Salvini por su gestión del caso Diciotti —el barco bloqueado durante 10 días con 177 inmigrantes a bordo— se agrava. El fiscal de Agrigento ve indicios de cinco delitos, entre ellos secuestro con el objetivo de coaccionar a la Unión Europea y abuso de poder, en la actuación del ministro de Interior y líder de la ultraderechista Liga. Luigi Patronaggio entregó este viernes en el Tribunal de Palermo el sumario que recoge sus pesquisas para continuar con el proceso.
El fiscal ha trabajado sobre las hipótesis de delito de secuestro con objetivo de coacción a la Unión Europea, ya que según su reconstrucción, el ministro mantuvo retenidos a los inmigrantes para forzar a la UE a su redistribución. De secuestro de personas, por haberlos mantenido encerrados durante 10 días —cinco de navegación a la espera de puerto y cinco atracados en Catania— en la patrullera italiana, “sin ninguna razón”. De arresto ilegal, porque considera que estuvieron detenidos sin ningún motivo autorizado. De omisión de actos de oficio, por no haber indicado a la Guardia Costera, que lo había pedido, un puerto seguro para el desembarco. A efectos prácticos, la escala en Catania se consideró una escala técnica. Y de abuso de poder, porque el ministro pudo haber violado hasta ocho directivas nacionales e internacionales. Como suprimir el derecho a solicitar protección internacional, regulado por el Convenio de Dublín, o la tutela para mujeres víctimas de violencia —Tratado de Estambul—.
Mientras tanto, el líder de la Liga continúa haciendo de la inmigración su batalla personal contra Europa. “Cada denuncia es una medalla”, ha dicho desafiante. “El chantaje a la UE no existe como delito, pero lo reivindico”, lanzó en su habitual estilo provocador, a quien lo acusa, como su predecesor, el exministro de Interior Marco Minniti, del Partido Democrático, de haber creado una situación “sin precedentes y sin justificación”. “¿Arriesgo 30 años de cárcel por haber defendido el derecho a la seguridad de los italianos? Sonrío, trabajo y aún más sigo adelante”, escribió el jueves en Twitter.
Ahora, el próximo paso legal depende del fiscal jefe de Palermo, Francesco Lo Voi, que tiene un máximo de 15 días para evaluar el sumario y resolver si confirmarlo o redimensionarlo. Después el caso pasará oficialmente al Tribunal de Ministros, que deberá decidir en 90 días —-prorrogables por otros 60— si hay elementos suficientes para llevar adelante el proceso. En caso afirmativo, la fiscalía deberá pedir autorización al Senado para continuar, que es la Cámara a la que pertenece el investigado —Salvini es senador por Calabria—.
El líder de la Liga ha dicho que si la investigación llega a este punto, tiene la intención de rechazar su inmunidad parlamentaria y que no pedirá a la Cámara que bloquee la petición del fiscal. El Movimiento 5 Estrellas, el socio de la Liga en el Gobierno de coalición, deberá estudiar con cautela cómo proceder en esta votación. Si Salvini realmente tiene la intención de renunciar a sus privilegios como ministro y aunque el Senado rechazara la investigación, podría ser procesado igualmente, si lo pide, según ha confirmado el presidente del tribunal de Palermo, Salvatore Di Vitale.
El sumario se entregó en el tribunal dos días después de lo previsto porque el fiscal pidió a la policía que identificara a todos los inmigrantes que quedaron atrapados en el barco, al considerarlos víctimas que tienen derecho a establecerse como acusación particular. Por el momento se desconoce si alguno decidirá proceder de esa manera.
Cuando el pasado sábado por la noche Salvini autorizó el desembarco, en la nave quedaban 138 personas —27 menores habían desembarcado el miércoles y el mismo sábado habían bajado 12 personas que necesitaban atención médica urgente— . Todos fueron trasladados a un centro de acogida en Mesina. De ahí, 100 pasaron a un centro gestionado por la Iglesia católica en Rocca di Papa, cerca de Roma y próximamente serán distribuidos a diferentes diócesis que han mostrado su disposición. De todos modos, permanecerán en territorio italiano, aunque los gastos derivados de su manutención correrán a cargo de diferentes instituciones religiosas como Cáritas. Pero presentarán solicitud de asilo, quien decida hacerlo, en Italia.
Según anunció el Gobierno italiano, países como Irlanda y Albania se ofrecieron a acoger a otra parte de los inmigrantes. El caso de Albania es particular, puesto que este país no pertenece a la Unión Europea y dado que actualmente se encuentran en territorio de la Unión, no podrán ser trasladados salvo que lo pidan de forma expresa. El vacío legal es controvertido, ya que la Convención de Dublín solo toma como referente al primer país de llegada.
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