El movimiento contra la discriminación avanza en Israel

La imposición de una reforma de calado constitucional con una ajustada mayoría política suele acarrear descontento. Las voces de la oposición y de las minorías étnicas y religiosas se han alzado en Israel contra la aprobación de la ley del Estado nación, una norma que establece el carácter judío del país, declara el hebreo como única lengua oficial y es vista como una consagración de la discriminación por árabes de origen palestino (un 20% de los 8,7 millones israelíes), drusos (2%) y cristianos (2%). Con el ajustado voto a favor de 62 de los 120 escaños, la Kneset (Parlamento) sancionó hace 12 días que el derecho a la autodeterminación en Israel pasa a estar reservado en exclusiva al pueblo judío. El reconocimiento de la igualdad entre todos los ciudadanos proclamada en la declaración de independencia de 1948 no está ahora recogido en la nueva ley fundamental del Estado.

Los miembros de la Lista Conjunta árabe boicotearon el pleno durante la votación del pasado día 19 de julio. Otro parlamentario de ascendencia palestina integrado en el laborismo renunció después al acta para expresar su queja. Tres diputados drusos han recurrido ahora ante el Tribunal Supremo la norma por considerarla inconstitucional. Lo mismo han hecho los del partido Meretz (izquierda pacifista). Dos oficiales del Ejército, también de la minoría drusa, han presentado la dimisión ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Decenas de altos mandos retirados del Ejército y la Policía han alertado en una carta conjunta del riesgo de que la controvertida normativa abra una fractura en la ciudadanía. La sociedad civil ha convocado una gran marcha de protesta en Tel Aviv este sábado contra una legislación acusada de avalar la discriminación. La oposición en bloque ha forzado un debate sobre la ley del Estado nación la semana próxima en la Cámara, pese al receso parlamentario de verano. Incluso el presidente de Israel, el conservador moderado Reuven Rivlin, ha anunciado que solo promulgará la ley con su firma en caracteres árabes en señal de disgusto.

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El movimiento contra la discriminación que encarna la ley del Estado nación judío parece estar cobrando una magnitud con escasos precedentes en Israel desde la movilización de los jóvenes indignados en 2011 contra la carestía de la vida. “Hemos sufrido un retroceso de nuestros derechos por una decisión de un Gobierno racista”, denunciaba este martes en una comparecencia ante la prensa en Jerusalén el diputado druso de Unión Sionista (alianza de centro-izquierda encabezada por el laborismo) Saleh Saad.

Los drusos constituyen una minoría étnica y religiosa que se extiende por Israel, Líbano y Siria. Se caracterizan por su lealtad al país en el que se asientan y por el secretismo de sus ritos de culto basados en la reencarnación. Los más de 130.000 israelíes de esta comunidad se han venido declarando integrados en el Estado durante los últimos 70 años. La gran mayoría de los hombres cumple el servicio militar obligatorio y muchos de ellos se alistan después como profesionales en las fuerzas de seguridad. “Serví durante 12 años en el Ejército”, asegura Saad, “y ahora me enfrento a esta ley injusta que excluye a los árabes y a minorías como los drusos, los beduinos, los cristianos o los circasianos [musulmanes de origen caucásico]”. En la reclamación que ha dirigido al Supremo exige que el carácter cooficial del árabe (la lengua materna de su comunidad) sea restablecido, la dotación de infraestructuras y viviendas para los pueblos de las minorías, generalmente relegados por la Administración y una declaración expresa de la igualad de todos los ciudadanos en la nueva ley básica o constitucional.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, proclamó el pasado domingo en la reunión semanal del Consejo de Ministros que “Israel es el Estado nación del pueblo judío, con igualdad de plenos derechos para todos sus ciudadanos”. El líder de Likud —que encabeza una coalición de seis partidos conservadores, nacionalistas, de extrema derecha y ultraortodoxos judíos, considerada como la más derechista en la historia de Israel— ha intentado justificar la aprobación de la ley del Estado nación alegando que la igualdad ya estaba legalmente garantizada en el Estado hebreo mientras que “nunca se habían recogido los derechos nacionales del pueblo judío en una ley básica”.

Netanyahu ya ha advertido de que no reformará la nueva norma pese a la creciente ola de críticas en la sociedad. Pero ha intentado tender puentes con la minoría drusa —con estratégica importancia en las fuerzas de seguridad por su dominio del árabe— y se ha reunido con sus dirigentes para tratar de aplacar su inquietud. El líder espiritual druso, jeque Muwafaq Tarif, le ha exigido en un comunicado que enmiende la polémica ley para recoger expresamente los derechos de todas las minorías. La dimisión de dos oficiales de este grupo étnico ha llevado a intervenir al jefe del Estado Mayor, general Gadi Eisenkot, para evitar nuevas renuncias en cadena.

El Patriarcado Latino de Jerusalén, cabeza de la Iglesia católica en Tierra Santa, ha asegurado a su vez que la ley del Estado nación es "discriminatoria" y "viola tanto la legislación israelí como el derecho internacional". En un comunicado citado por el portal digital Times of Israel, el Patriarcado llama a los cristianos a sumarse a las protestas convocadas contra la norma de rango constitucional. “La ley no contempla garantías para preservar los derechos del pueblo indígena [en alusión a los ciudadanos de origen árabe] ni de otras minorías que viven en el país. Los ciudadanos palestinos de Israel representan una quinta parte de la población y han sido flagrantemente excluidos del ámbito de la ley”. La Iglesia católica sostiene que la norma infringe la resolución 181 de Naciones Unidas que estableció en 1947 el Estado de Israel tras la partición de la Palestina bajo mandato británico y la propia declaración de independencia, de 1948, que garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos de Israel al margen de su origen nacional, etnia o credo.

Maniobras ante las urnas

Amparado en la bonanza económica de Israel —con una tasa de desempleo situada por debajo de 5% y el PIB creciendo a un ritmo anual superior al 3%—, y en sus buenas relaciones con Estados Unidos y Rusia —estrechas con el presidente Donald Trump, fluidas con Vladímir Putin—, a Netanyahu le sonríen las encuestas electorales. A pesar de las investigaciones por varios casos de corrupción que pesan sobre el primer ministro israelí, el conservador partido Likud que lidera volvería a ganar las elecciones con más de una cuarta parte de los escaños, en una fragmentada Kneset cada vez más escorada a la derecha.

Un sondeo de la consultoría demoscópica Panels para el diario digital Walla! refleja que el 58% de los israelíes apoya la controvertida ley del Estado nación, y la encuesta mensual Peace Index del Instituto de la Democracia en Israel constata también que el 52,3% de los ciudadanos respaldaba la oportunidad de la norma. En este clima político Netanyahu parece dispuesto a adelantar las legislativas —previstas en principio para el otoño de 2019— con el objetivo de rentabilizar en las urnas los buenos augurios de los sondeos.

“Frente a una legislación que alienta el tribalismo en lugar de la identidad nacional del Estado (…) Netanyahu ya ha pedido a sus correligionarios políticos que dejen de pedir disculpas por la aprobación de la ley del Estado nación”, sostenía el columnista Nahum Barnea en el diario Yedioth Ahoronoth haciéndose eco de la opinión de muchos israelíes. “Los sondeos le hacen creer que las protestas van a ser débiles y fragmentadas. Habrá que demostrarle que está equivocado. Cuando se da un vuelco a la escala de valores no queda más remedio que salir a la calle”.