Uribe: el poder contra la institucionalidad

Cuando el expresidente Álvaro Uribe renunció a su puesto de senador de la República de Colombia por una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia, la dimisión fue mucho más comentada que la que podría considerarse como la verdadera noticia: la propia indagatoria. Uribe, probablemente, sabía que esto iba a pasar, pues es consciente de su poder para mover opinión pública a favor y en contra. La renuncia puede entenderse así como una estrategia global de defensa que funciona en dos planos.

En el plano jurídico, le podría sacar el caso de la Corte Suprema al perder su condición de aforado, y ponérselo en un ámbito más manejable. Sin embargo, es la CSJ quien tendría la última palabra: en el pasado, esta institución ha decidido retener ciertos casos a pesar de la renuncia de aforados entendiendo que la acción punible estaba directamente relacionada con el cargo, y que la dimisión iba precisamente encaminada a esquivar a la alta instancia. Parece probable que el caso de los testigos falsos por el que se investiga a Uribe no caiga en esta categoría, y por tanto efectivamente pase a manos de la Fiscalía y de un tribunal ordinario. Pero incluso en el caso de que la Corte decidiese retenerlo, el expresidente tendría el argumento de la supuesta politización del tribunal: la reciente retahíla de tweets del ya exsenador criticando a la CSJ, algo que no es ni la primera ni la segunda vez que hace, no es casualidad.

En el plano político, dejar el Senado le permite construir más fácilmente un argumento de defensa basado en la polarización en torno a su persona, sin condicionar con ello toda la maniobra de su bancada.

En definitiva, Uribe hace lo que siempre ha hecho: poner su poder más allá del alcance de las instituciones.

A los politólogos nos encanta hablar de diseños institucionales y de cómo estos delimitan las acciones posibles de los individuos que las ocupan. Las reglas, los incentivos, los hábitos incluso que construyen sistemas funcionales o disfuncionales. Pero la realidad es que las instituciones sólo tienen sentido en tanto que canales para el ejercicio del poder, que se detenta tanto como se elige. Si Álvaro Uribe decide ahora retar al sistema judicial colombiano lo hace no sólo porque puede, también porque quiere. La voluntad de quien detenta capacidad de influencia y de movilización puede, perfectamente, dotar de sentido a instituciones bien diseñadas. O deteriorarlas sin remedio.

Así que el verdadero límite para una voluntad poderosa no es una norma, escrita o no. Sino otra voluntad que le pueda hacer frente. La garantía de una democracia estable es la división del poder. Hay instituciones que favorecen este pluralismo, sin duda, mientras otras lo entorpecen. Pero ninguna lo garantiza por completo si existe un frente lo suficientemente amplio y poderoso que desea pasar por encima de ellas.

Por resumir, y también por simplificar, podríamos decir que hay dos tipos extremos de personas ocupando la élite política de cualquier país. Quienes colocan su poder al servicio de las instituciones, y quienes intentan colocar estas al servicio de su poder. Uribe lleva dos décadas establecido en la ambigüedad entre ambas, en la duda que existe entre desafiar por completo a las instituciones y respetarlas a ojo cerrado. Ni ha tratado de dar jamás un golpe de Estado, ni se puede considerar su trayectoria política como favorecedora del pluralismo y de la solidez institucional, precisamente. Esta es una fase más en ese proceso ambiguo. Una en la que se embarca, por ahora, jugando al gato y al ratón con la Corte Suprema antes que enfrentando la acusación de manera nítida y desde el respeto jurídico. A ese mismo punto ha arrastrado, por cierto, a todo su partido. El Centro Democrático y varios de sus integrantes parecen mantener una idéntica relación ambigua, o más bien selectiva, con las instituciones: quizá conscientes de que detentan cierto poder, pueden lanzarles ciertos desafíos. Pero, cuando así les conviene o cuando el desafío no es posible porque la voluntad que ocupa la posición institucional es más poderosa, entonces se retraen. En esto son herederos de una larga tradición en Colombia, antes que innovadores. Pero no cabe duda de que han perfeccionado la ambigüedad selectiva al máximo.

La pregunta que le resta al futuro de Colombia es, por tanto, sencilla: en su relación con el poder y con la institucionalidad, ¿qué tipo de persona será Iván Duque, futuro ocupante de la institución más poderosa de la República?