Macri reformará las Fuerzas Armadas para que colaboren en seguridad interior

En Argentina la función de las Fuerzas Armadas se limita a repeler ataques militares de un Estado extranjero. Fueron apartadas de la seguridad interior después de la dictadura que encabezaron entre 1976 y 1983, en la que se denunciaron 30.000 desaparecidos y por la que más de 2.000 militares han sido acusados de crímenes de lesa humanidad. Después, sucesivos gobiernos las desfinanciaron cada vez más. Mauricio Macri ha anunciado un golpe de timón que prevé modernizar las Fuerzas Armadas para que puedan enfrentarse a "los desafíos del siglo XXI", como el narcotráfico y el terrorismo. La oposición y organismos de derechos humanos critican la decisión.

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El plan, que se detallará en la publicación de un decreto esta semana, contempla que los militares custodien objetivos estratégicos y brinden apoyo logístico en las fronteras. Supondrá la colaboración de las Fuerzas Armadas con la seguridad interior, una decisión que genera polémica por el recuerdo que persiste en la sociedad argentina sobre las atrocidades perpetradas por el régimen militar.

"Los argentinos vivimos en una zona de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo donde amenazas, riesgos y desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una eficiente. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI", dijo Macri en Campo de Mayo, una de las mayores guarniciones militares de Argentina, donde hace cuatro décadas también funcionó uno de los centros clandestinos de la dictadura.

Las leyes de defensa (1988), seguridad interior (1991) e inteligencia (2001) prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Mientras Colombia, México y Brasil envían a sus tropas para combatir al narcotráfico, en Argentina mandan a las fuerzas policiales. Las leyes sí que permiten que los militares brinden apoyo logístico, pero en Néstor Kirchner restringió aún más su actividad por decreto y la limitó a repeler ataques de un Estado extranjero. Esa limitación se levantará esta semana, pero una mayor ampliación de funciones requeriría un cambio normativo en el Congreso, donde Macri está en minoría en las dos cámaras.

La oposición y los organismos de derechos humanos recelan sobre la colaboración de los militares con las fuerzas policiales y plantean su posible ilegalidad. "Es un problema el despliegue de las Fuerzas Armadas hacia las fronteras. ¿Cómo se va a hacer? Si es patrullaje ya no es apoyo logístico, si es intervención con Gendarmería eso ya no es apoyo logístico. Para nosotros se va a interpretar qué es apoyo logístico en forma ilegal", dice por teléfono Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ya bajo la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), los uniformados comenzaron a colaborar con la vigilancia del espacio aéreo y de las fronteras del norte de Argentina con Bolivia, Paraguay y Brasil. En 2016, Macri aprobó la conocida como ley de derribo que autorizaba a la Fuerza Aérea a intimidar y hacer uso de la fuerza ante la presencia de aeronaves no identificadas que intenten entrar en territorio argentino. Pero la decisión anunciada hoy va más allá por la gran envergadura de la reforma.

Otra de las dudas del anuncio presidencial es qué será definido como objetivo estratégico por el Gobierno y de qué forma se custodiará. "¿Los van a definir como zona militar? Pq si no no podrían intervenir. Un problema práctico: ¿cómo se van a definir las agresiones o los problemas en protestas sociales que estén orientados a objetivos estratégicos?", continúa Litvachky. De declararse objetivo estratégico, por ejemplo, la reserva de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, falta por ver qué rol tendrían los militares frente a reclamos de tierras de comunidades indígenas o protestas ecologistas contra el fracking.

La relación de Macri y los militares atravesó una crisis el año pasado tras la desaparición del buque de la Armada ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo y volvió a sufrir un contratiempo semanas atrás, cuando los uniformados expresaron su disconformidad ante una subida salarial del 8%, muy por debajo de la inflación prevista para este año, cercana al 30%. El Gobierno dio marcha atrás y elevó la subida al 20%. Hoy anunció que la modernización incluirá también formación y la compra de equipamiento, financiada en gran parte con la venta de terrenos públicos. "Lo poco que tenemos es bastante viejo, pero hoy la defensa en el mundo aparece con nueva aparatología y está previsto un reequipamiento de las fuerzas armadas con nuevas tecnologías", declaró a radio Mitre el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Las Fuerzas Armadas argentinas tienen hoy unos 40.000 integrantes, menos de la mitad que cuando entregaron el poder en 1983. Con la reconversión anunciada con Macri, Argentina rompe el rol marginal que han tenido desde la recuperación de la democracia.