Mauricio Macri reduce el control civil sobre las Fuerzas Armadas

Un día después de celebrar el Día del Ejército con la promesa de “dejar atrás enfrentamientos y divisiones”, el presidente Mauricio Macri sorprendió con un decreto que restituye a los militares la autonomía perdida en 1984. En febrero de aquel año, dos meses después del regreso a la democracia, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) transfirió al Ministerio de Defensa, en manos de civiles, la potestad de nombramientos, ascensos y pases a retiros en las Fuerzas Armadas, entre otras muchas atribuciones que los uniformados habían heredado de la dictadura iniciada en 1976. El decreto 721 firmado por Macri, que anula la decisión de Alfonsín, se publicó sin aviso en el Boletín Oficial el 31 de mayo, y no mereció desde la Casa Rosada anuncio alguno. El texto justifica la medida presidencial por la necesidad de “ordenar y actualizar el régimen de delegación de facultades en el Ministerio de Defensa y en los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas”. Para los críticos se ha tratado de un golpe sin precedentes contra el control civil sobre los militares.

El ex ministro de Defensa de Cristina Fernández de Kichner y actual diputado del Parlasur, Agustin Rossi, ha dicho que el decreto es “un retroceso enorme, el primero importante desde la recuperación de la democracia en cuanto a la cesión de poder desde un gobierno civil hacia las Fuerzas Armadas”. “Macri modificó un decreto de Alfonsín que delega al ministro de Defensa parte de las facultades constitucionales que tiene el Presidente sobre los militares. Lo que hace el decreto de Macri es delegar una porción de esas facultades al ministro de Defensa y otra porción al jefe de cada una de las Fuerzas”, explica Rossi.

Desde el Ministerio de Defensa que conduce Julio Martínez han dicho que el presidente Macri sólo ha realizado cambios administrativos. “No existe una retirada del control civil del Ministerio, sino que se trata de un reordenamiento de tareas”, dijo el director de Asuntos Jurídicos, Pablo Tosco, consultado por Página 12. Rossi, en cambio, no encontró motivos que justificasen la decisión de Macri, en parte porque durante su gestión como ministro “no hubo demandas de ningún tipo en este sentido”. “A mi no me lo pidieron y no percibí que fuese una demanda. Ahora bien, si se le pregunta a una corporación de 200 años como el Ejército si quiere tener más autonomía, es obvio que va a decir que sí”. El problema de fondo, dice el exministro, ha sido “presuponer que la cuestión militar tiene sólo aspectos administrativos y no políticos. Eso es una ingenuidad”.

De hecho, uno de los puntos más controvertidos de la derogación es el que limita la facultad de del ministro de Defensa a la elección de los cargos de la “conducción superior” de las Fuerzas Armadas, sin que el nuevo decreto defina a partir de que rango. Hasta el momento esa escala se iniciaba en el grado de coronel o equivalente. Los Jefes sólo podían disponer los nombramientos del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente. El poder político también ha perdido la facultad de disponer los cambios de destino.

La relación entre civiles y militares argentinos ha atravesado distintas etapas desde el regreso a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, siempre marcadas por la presión más o menos explícita de los uniformados. Alfonsín abrió un camino con el Juicio a las Juntas, que en 1984 condenó a los jerarcas de la dictadura por delitos de lesa humanidad. Distintos levantamiento militares obligaron finalmente al Presidente a dictar las llamadas Leyes del Perdón, que limitaron los juicios a los altos cargos, una amnistía encubierta a los subalternos que actuaron, según esas leyes, obligados por la “obediencia debida". El presidente Carlos Menem (1989-1999) fue un paso más allá y decidió indultar a los jefes presos, entre ellos el exdictador Jorge Videla. Con la llegada al poder de Néstor y Cristina Kirchner, los juicios se reactivaron y decenas de militares volvieron a la cárcel. Macri ha decidido revisar esa política, aunque sin afectar los procesos judiciales en curso. Durante el Día del Ejército, dijo que “las Fuerzas Armadas vienen de años en los cuales el Estado los ignoró los abandonó y eso trajo problemas de presupuesto, de equipamiento, de infraestructura". Y prometió una “nueva etapa” en la Argentina “que impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones”. Un día después anuló el decreto fundacional de la democracia argentina.