Un caso de corrupción desata una crisis judicial en Costa Rica

El Poder Judicial de Costa Rica vive un terremoto inédito en su vida republicana. Un caso de corrupción destapado en 2017 ha salpicado a altas autoridades judiciales y activado pesquisas internas aún en curso, que han provocado la caída de dos miembros de la Corte Suprema —que engloba a todos los miembros de la justicia, desde fiscales a magistrados—. Esta semana anunció su salida su presidente, Carlos Chinchilla, seis meses después de la destitución del magistrado Celso Gamboa, un mediático político y abogado investigado por su relación con un empresario que cumple ya seis meses en prisión preventiva.

Distintos partidos e instituciones públicas se han visto involucrados en el llamado caso Cementazo, una trama de influencias en torno a un aparente negocio millonario de importación de cemento de China. El Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) apoyó la importación de cemento bajo el pretexto de romper el duopolio de las trasnacionales Cemex y Holcim. El empresario Juan Carlos Bolaños recibió —tras varios cambios en la legislación que lo permitieron— créditos de entidades estatales por valor de hasta 45 millones de dólares, pese a que en un primer momento el Banco Central de Costa Rica había desaconsejado el préstamo por falta de garantías.

La Justicia costarricense recibió varias denuncias de movimientos sospechosos de dinero en las cuentas de Bolaños, pero las desoyó. El pasado 12 de julio, la Corte Plena, formada por los 22 magistrados que integran la cúpula del Poder Judicial, amonestó a cuatro de sus miembros por desestimar en 2017 una causa por tráfico de influencias contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth en el marco del caso Cementazo. Los señalados por esta “falta grave” son Carlos Chinchilla; Jesús Ramírez, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés.

Cuatro días después de su amonestación, el pasado lunes, Chinchilla anunció su jubilación. A sus 55 años, el magistrado activa así su pensión especial —que puede superar los 15.000 dólares mensuales— y escapa de un cargo que ejerció 14 meses, periodo durante el que cayeron Celso Gamboa y el fiscal general, Jorge Chavarría.

El pasado abril, la Asamblea Legislativa cesó a Gamboa, sospechoso de haber intentado usar su posición en el Poder Judicial para obtener información del caso contra su amigo Bolaños. Por su parte, el fiscal Chavarría es investigado por displicencia ante las denuncias penales contra Bolaños y varios diputados.

Un informe dirigido por el magistrado Román Solís consideró que Chinchilla, Gamboa y otros tres miembros de la Sala Penal —encargada de decidir si se da curso a investigaciones contra diputados o miembros del poder Ejecutivo— ignoraron pruebas valiosas. Otros 14 de los 22 miembros de la Corte Plena validaron el texto y votaron en secreto para suspender dos meses a sus compañeros. Un hecho que refleja parte de los problemas que señalan expertos y críticos: opacidad, concentración de potestades en la Corte Plena y rencillas entre los magistrados.

Ahora hay crisis, admiten los propios magistrados. “Quizá [esto] haga que los compañeros piensen que todos somos mortales”, expresa Solís sobre la idea generalizada de que la Corte Plena es una burbuja intocable de altos jueces que se regulan —o no— entre sí y que deciden sus propias condiciones de trabajo, pese a ser nombrados por la Asamblea Legislativa por períodos de ocho años. Un informe del Estado de la Justicia defiende sin embargo que todavía hay independencia judicial en Costa Rica y coloca al Poder Judicial tico entre los mejores de América Latina, junto al de Chile y Uruguay.

“Este momento muestra las complicaciones de tener esa cúspide con tanto poder en tantas áreas. Lamentablemente se pone en riesgo la independencia de las investigaciones contra los magistrados, porque en la práctica estos son jefes de quienes ahora están investigando”, explica Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe. Para el presidente, Carlos Alvarado, esta crisis abre “la oportunidad de hacer reformas importantes en el Poder Judicial”.

Sin culminar las pesquisas internas y sin resolverse el futuro de otros altos jueces ni los detalles del Cementazo, abundan propuestas de magistrados, académicos y gremios judiciales para impulsar reformas al Poder Judicial. En contra, juega el escepticismo popular ante las voluntades y capacidades de la Asamblea Legislativa, fragmentada y de mayoría conservadora, que se ocupa además de nombrar a siete de los 22 cupos de la Corte Plena.