Israel se consagra como “Estado nación judío” y desata la protesta de la minoría árabe por discriminación
La polémica ley reserva solo al pueblo judío el derecho de autodeterminación y deja el hebreo como única lengua oficial
El Parlamento israelí —Knesset— ha aprobado la madrugada del jueves la controvertida Ley del Estado-Nación, que define oficialmente Israel como el “Estado Nación del pueblo judío”, reserva el derecho a la autodeterminación a este colectivo y establece que el hebreo sea la única lengua oficial. Un proyecto abanderado por la coalición de Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tras aprobar el texto —con 62 diputados a favor y 55 en contra—, aseguró que se trata de “un momento fundamental en la historia del sionismo”, porque “establece por ley el principio básico de nuestra existencia“. Los diputados de la Lista Conjunta Árabe abandonaron el plenario al grito de “apartheid” y uno de ellos, el palestino con nacionalidad israelí Ayman Odeh, enarboló una bandera negra para simbolizar “la muerte” de la democracia israelí.
En las filas del partido de Netanyahu, el Likud, tan sólo se escuchó una voz discordante, la del diputado Benny Begin, quien advirtió que esta ley podría aumentar las tensiones sociales y alentar el nacionalismo extremo en Israel. “Es una ley racista que fomenta el nacionalismo envilecido”, dijo Shelly Yarcimovich, la laborista líder de la Unión Sionista. Para Avi Dichter, el parlamentario que propuso la ley en el 2011, su aprobación es “la respuesta a quienes piensan que la presencia judía en Israel es temporal”.
La ley, tras pasar la semana pasada la primera lectura en la Cámara, fue objeto de un intenso debate en los últimos días y negociaciones de última hora para modificarla y lograr que saliera adelante. Fuentes consultadas en la Knesset aseguran que Netanyahu sacrificó la ley de subrogación —que iba a permitir a los hombres en Israel tener hijos por ese método— a cambio del apoyo a la conocida como ley de nacionalidad por parte de los partidos religiosos judíos.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, el Fiscal General Avichai Mandelblit y los abogados del Parlamento habían recomendado modificar el texto y buscar alternativas a la exclusión categórica de ciudadanos propuesta inicialmente y que abría la puerta al rechazo de individuos por su condición social, raza, religión, sexo o cualquier otra característica. La cláusula 7b, que permitía la creación de “comunidades separadas” y que fue criticada por Rivlin por considerarla "discriminatoria", fue sustituida por otra redacción que reconoce que "el Estado considera el desarrollo del establecimiento de los judíos como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y su consolidación".
La redacción del nuevo texto no ha estado exenta de crítica. De hecho, fue aprobado por la mínima —ocho votos a favor y siete en contra— en la comisión parlamentaria encargada de preparar el borrador para su aprobación definitiva. Además de recoger en sus principios básicos que “el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío” reconoce el derecho de autodeterminación, pero sólo de una parte de la población. “El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”, reza la nueva ley.
Esta polémica ley no será una más del ordenamiento jurídico israelí, sino pasará a formar parte de las llamadas leyes básicas, las que rigen el sistema legal a modo de Constitución —que Israel no tiene— y que son más difíciles de derogar una vez aprobadas, modificables solo por otra norma del mismo rango. Con esta nueva ley, ya son 12 las leyes básicas del Estado hebreo.
Algunos de los parlamentarios contrarios a su aprobación inciden en que en el texto no se mencionan ni la palabra democracia, ni la palabra igualdad, y que además la norma discrimina a las minorías no judías de Israel. Entre ellas, el casi 20% de población árabe que tiene el país. “Es un crimen de odio contra las minorías y contra la democracia. Esto es una etnocracia. Que se considere un valor nacional que los judíos se establezcan en esta tierra significa que seguirán demoliendo casas árabes y que no desarrollarán nuestras infraestructuras”, ha asegurado a EL PAÍS Ahmad Tibi, diputado árabe de la Knesset.
Quienes están en contra de la ley, la consideran discriminatoria no sólo por arrogar el derecho de autodeterminación solamente a los judíos, sino porque también reconoce el hebreo como la única lengua oficial del país y el árabe a un segundo plano al dejar de considerarlo lengua cooficial del Estado y concederle un “estatus especial”, aún por desarrollar en una legislación posterior.
En otro punto, la ley recoge que la capital de Israel es “Jerusalén completa y unida”, algo que contradice los acuerdos firmados hasta ahora con la Autoridad Nacional Palestina en los que se contempla que el estatus de la ciudad será acordado por las partes en negociaciones futuras. “Es una decisión en la línea de la doctrina Trump. No hay un plan de paz público del presidente norteamericano, pero el traslado de la embajada a Jerusalén, el recorte de fondos de ayuda a los palestinos y su falta de crítica hacia los asentamientos refuerzan la política de hechos consumados de Netanyahu”, asegura Nabil Shaat, asesor en política exterior del Presidente palestino, Mahmud Abbas. “El mundo puede ver ahora a Israel como es en realidad, no como una democracia, sino como un sistema de apartheid, primero implantado de facto y ahora de iure”, añade.
El texto reconoce también como símbolos del Estado la bandera blanca con dos franjas azules cerca de los bordes y la estrella de David azul en el centro; el escudo o emblema, la menorá (candelabro judío) de siete brazos con hojas de olivo en ambos lados y la palabra Israel debajo, y el himno, Hatikváh (adaptado de un poema judío, sobre el retorno del pueblo a Israel).
Tras la primera lectura en el Parlamento, miles de ciudadanos —entre 3.500 y 5.000, según la fuente— se manifestaron en Tel Aviv. Unas protestas que, según los opositores, se repetirán el próximo fin de semana.
Los clavos en el ataúd de la democracia israelí
La ley del Estado Nación es una más de las polémicas normas patrocinadas por el ejecutivo de Benjamín Netanyahu, aprobadas contra reloj por el Parlamento hebreo antes del receso veraniego y consideradas un clavo más en el ataúd de la democracia israelí.
Esta misma semana la Knesset daba luz verde a una ley que resta competencias al Tribunal Supremo, que ya no se encargará de los procedimientos legales de los palestinos que litigan —generalmente contra los colonos judíos— por la posesión de la tierra en Cisjordania. A partir de ahora este tipo de litigios dependerán de la Corte de Jerusalén, lo que para algunos expertos es un paso más en el camino de la anexión del territorio palestino ocupado por Israel en 1967. “Hoy termina el festival de peticiones a la Corte Suprema por parte de los palestinos y de grupos de izquierda contrarios a Israel”, dijo la Ministra de Justicia hebrea, Ayelet Shaked, cuando se aprobó la ley el pasado martes.
La noche anterior, la Knesset aprobó ley conocida como "Breaking the Silence" —Rompiendo el Silencio, en inglés—, una normativa por la que se impide a las ONG llevar a cabo charlas en los centros educativos israelíes que fomenten una visión negativa del Ejército y que critiquen la ocupación. La norma fue propuesta por el Ministro de Educación, Naftali Bennet, y en la práctica abre la puerta a la persecución legal de las organizaciones como Peace Now o Breaking the Silence (BtS), que habitualmente denuncian abusos cometidos por Israel en los territorios ocupados palestinos y organizan actividades para fomentar el debate sobre la ocupación.
En el tintero queda aún por aprobar la llamada "ley mordaza", un borrador cuyo preámbulo ya ha recibido el visto bueno de la comisión parlamentaria encargada de su redacción y que prevé penas de hasta 10 años de cárcel para quienes graben o fotografíen a los soldados israelíes de servicio.
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