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Entresijos de los juicios contra el ISIS en Irak

La ONU dará apoyo a los tribunales que encausan a yihadistas, además de reclutar a expertos que recogen pruebas

Isabel Ferrer
El juez iraquí Raid al Mosleh, en Holanda.
El juez iraquí Raid al Mosleh, en Holanda. Embajada de Irak en Holanda

El juez iraquí Raid al Mosleh abre su ordenador portátil y aparece el vídeo de una niña yazidí de nueve años, comprada por un emir de 60. Fue detenida en 2017 junto a un grupo de mujeres extranjeras unidas en diversas etapas al Estado Islámico (ISIS). Quiso ocultar su identidad porque pensó que la tratarían mejor, pero al final explicó su historia. Al Mosleh, presidente la Corte Penal de Nínive, dentro de la actual Mosul, y experto en la lucha antiterrorista, se ocupó del caso hasta que la chica regresó a su hogar. “Sus padres murieron, y encontramos a un tío con el que pudo volver, pero hay todavía 2.500 mujeres de su comunidad desaparecidas”. Otro clic al teclado, y se ve una ejecución en masa. Tras las ráfagas de pistola y con las víctimas ensangrentadas en la pantalla, el jurista califica a los verdugos de “máquinas de matar imposibles de rehabilitar”. Por eso justifica la pena de muerte, contemplada en las leyes islámicas de su país. 

Los juicios contra los yihadistas suponen un reto para Naciones Unidas, ya que no todos sus miembros aprueban el castigo capital, y el derecho internacional es laico. De momento, la organización ha nombrado al penalista británico Karim Khan como asesor especial del equipo de investigación que apoyará a la justicia iraquí. Sin un tribunal especial para los crímenes perpetrados por el Estado Islámico, y en ausencia de acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU para remitirlos a la Corte Penal Internacional, Irak quiere dar buena impresión. Espera demostrar que está a la altura, y de ahí que su embajador en Holanda, Hisham al-Alawi, subraye “la eficacia de nuestro sistema legal”.

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“Los tribunales de Bagdad y Mosul se ocupan de estos casos, y la colaboración con el equipo de investigación demostrará que todo responde a estándares internacionales. Los sospechosos extranjeros de Daesh (Estado Islámico) serán llevados a Bagdad: las embajadas están en la capital y hay detenidos de unos 80 países. Las mujeres y los menores de edad no iraquíes que no hayan cometido delitos serán devueltos a sus países. No creo que haya problemas. Pero es esencial que la colaboración respete la integridad legal de Irak; incluida la pena de muerte”, explica. 

Al Mosleh y Khan han participado en La Haya en una conferencia internacional para jueces iraquíes dedicada a la cooperación necesaria en estos procesos, y el juez iraquí admite la oposición de la UE a la pena capital. También repite que “la ley no puede ser tolerante con gente así”. “No son seres humanos. No tienen sentimientos, y las penas de muerte oscilan entre el 10% y el 13%”. Para él, las mujeres yazidíes son un grupo especial. “Son las mayores víctimas de crímenes contra el honor. Eran tratadas como prostitutas por los yihadistas, y las niñas separadas de su familia cuando tenían uno o dos años ya no les recuerdan. La única manera de reunirlos es con pruebas de ADN. Son situaciones horribles y hay un consejo especial en Irak para ellas”. 

Karim Khan tomará posesión de su cargo, creado a instancias del Consejo de Seguridad, a finales de este mes. Debe buscar expertos que contribuyan a la recogida, conservación y almacenamiento de pruebas, porque de ello pueden derivarse delitos de genocidio o crímenes contra la humanidad. “El mandato de la ONU se centra en investigar la responsabilidad de lo ocurrido. El Estado Islámico ha cometido barbaridades que no se veían desde la Edad Media, y eso ocurría cuando somos capaces de mandar lanzaderas a Marte. Es un reto que afrontaremos respetando la soberanía de Irak y la independencia de sus cortes. Por eso veré a las víctimas, de distintos grupos étnicos y religiosos, para aprender de sus necesidades”, asegura. 

Nínive y el sangriento legado del yihadismo

Una decena de jueces penales llevan en Nínive los procesos contra los yihadistas. Según datos de su presidente, Raid al Mosleh, desde julio de 2017 han sido detenidos 13.133 sospechosos de yihadismo. De estos, 686 eran menores de edad, 636 mujeres extranjeras y 127 mujeres iraquíes. Hubo 2.054 envíos a juicio por causas penales y 2.226 liberados por falta de pruebas. En los 1.373 procesos concluidos hay condenas diversas, desde 10 años para un cocinero del Estado Islámico, a la ejecución de dos mujeres. Al Mosleh resalta la compasión de los tribunales de menores de su tierra, que han enviado a juicio a 232, investigan a 454 y tienen a 163 en centros de rehabilitación.

El otro desafío de los múltiples procesos yihadistas que se avecinan es forense. Una ciencia que avanza muy de prisa y obliga a los tribunales a ponerse al día. La apertura de fosas comunes en Irak requerirá pruebas y a veces autopsias, no siempre fáciles por motivos religiosos. Según un experto que trabaja para la justicia internacional y prefiere no desvelar su identidad, “las necropsias virtuales ganan terreno”. “Aplican la tomografía por ordenador y la resonancia magnética, entre otras, sin abrir la bolsa mortuoria ni cortar el cuerpo”. “El ADN se obtiene sin técnicas invasivas, pero lo importante es que podamos presentar a jueces con la preparación adecuada todas las pruebas. Incluido el reconocimiento aéreo, o de voz”, dice, mientras aboga por un cuerpo de normas forenses comunes a escala internacional. 

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