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El revuelo de las imágenes y audios filtrados del maltrato y separación de niños y progenitores en Estados Unidos dio visibilidad a un tema que ya tiene tiempo y es desgarrador. Se calcula que uno de cada 70 niños en el mundo es migrante. El 43% de los movimientos de migración forzada y de asilo en el mundo corresponde a niños menores de 17 años. La mitad de ellos radican en 15 países, encabezados por Estados Unidos, que alberga 3,7 millones de niños migrantes. Asimismo, en la última década más de dos millones de niños han muerto en conflictos armados, seis millones han quedado heridos o mutilados, un millón huérfanos y más de trescientos mil se han visto obligados a convertirse en soldados o esclavos sexuales.

La crisis humanitaria detonada desde 2014 por niños viajando solos, conocidos como menores no acompañados, ha generado sufrimiento y violaciones importantes a los derechos humanos de estos pequeños, tanto en México como en Estados Unidos. Desde entonces, más de 150.000 niños se han visto obligados a salir de Centroamérica y en menor parte de nuestro país por riesgos y amenazas de muerte en sus países de origen. El 97% proviene de tres países: Honduras (27,4%), Guatemala (49,6%) y El Salvador (20,5%). La mayoría de ellos, adolescentes de entre 12 y 17 años. Alrededor de 50.000 repatriaciones de menores mexicanos se han dado en los últimos años. De ellos, el 84% (9.841) viajaban sin la compañía de un adulto.

Los niños y niñas que cruzan la frontera sin compañía sufren graves violaciones a su integridad física y a sus derechos fundamentales. Corren graves riesgos, desde accidentes (asfixia, deshidratación, heridas) hasta ser enganchados por redes del crimen organizado, explotación sexual o laboral, maltrato institucional en el momento de la repatriación e incluso la muerte al momento del tránsito y cruce. Las vulnerabilidades de estos menores se acentúan al no poder obtener documentos de identidad, registros, dificultad para localizar a su familia y limitado acceso a sistemas de tutela o asesoría jurídica.

Otro fenómeno poco documentado pero de alta gravedad es el de menores de circuito denominados de esta forma dada su reincidencia en los registros de repatriación como consecuencia de su participación cíclica en los procesos de cruce fronterizo. Redes de tráfico aprovechan sus vulnerabilidades y edad para cruzar mercancías y personas sin poder ser detenidos en Estados Unidos. Estos pequeños van y vienen, principalmente por el área de Chihuahua y Tamaulipas, ganan entre 200 y 300 dólares por vuelta y ocupan labores conocidas como halcón, liebre, burrero o pollero.

También, el efecto de las deportaciones impacta en el desarraigo y separación familiar. Desde 2016 a la fecha, más de 35.000 padres de niños nacidos en Estados Unidos fueron deportados, lo que significa que la misma cantidad de menores, y probablemente más, han sido separados de al menos uno de sus padres, quedando bajo la tutela de familiares o en hogares sustitutos destinados por el Estado.

Ante este contexto, es importante no minimizar el problema y entender que el fenómeno afecta a más de los casi dos mil casos que se dieron a conocer y mucho más allá de los 21 casos de niños mexicanos que la cancillería menciona. La firma de la acción ejecutiva de Trump para evitar la separación familiar es solo un pequeño paso, el problema es mucho más grande. Trabajar en la restitución de los derechos y generar factores de protección para estos niños es urgente. Además, debemos hacerlo por tipo de problema y vulnerabilidades, con los pequeños de circuito, con los menores no acompañados, con los que migran y con los que retornan con sus familias. Hoy que el gobierno xenófobo de Estados Unidos ha hecho visible lo que parecía invisible debemos aprovechar para que los niños ocupen el más alto nivel de prioridad en la agenda humanitaria internacional.