El Gobierno palestino reprime un movimiento popular en favor de Gaza

Un movimiento ciudadano surgido en las redes sociales en solidaridad con los habitantes de la franja de Gaza ha sido reprimido con dureza por el Gobierno palestino. Policías antidisturbios, apoyados por agentes de paisano y jóvenes encuadrados en Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, impidieron este miércoles una marcha de protesta que había sido convocada en Ramala para pedir el fin de las sanciones impuestas a la Franja. El recorte en los pagos a los funcionarios acordado por Abbas ha precipitado el deterioro de la economía del enclave.

Centenares de palestinos, jóvenes en su mayoría, comenzaron a manifestarse el pasado domingo en el centro de Ramala, sede administrativa del Gobierno. Secundaban la iniciativa bautizada “Las sanciones contra Gaza son un crimen”, promovida a través de Facebook por un grupo de activistas. Antes de que pudiera cobrar entidad el movimiento ciudadano, aparentemente inspirado en la ola de protestas sociales registrada a comienzos de mes en la vecina Jordania, las autoridades decidieron cortarlo de cuajo.

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Tras una nueva marcha de protesta celebrada el martes, quedaron vetadas todas las concentraciones públicas ante la terminación del ayuno durante el mes de Ramadán y el comienzo de las festividades musulmanas del Eid el Fitr, este viernes. La veterana dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina Hanan Ashrawui tachó de “inaceptable” la medida al considerar que “viola la libertades de expresión y reunión pacífica”.

Quienes se atrevieron a desafiar la prohibición el miércoles por la noche fueron recibidos con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y porrazos, según informa el diario israelí Haaretz. Cerca de 80 manifestantes fueron arrestados durante varias horas y una decena de ellos tuvieron que ser atendidos en un hospital. Policías de paisano y un grupo de jóvenes que portaban gorras con el distintivo del partido nacionalista Fatah participaron en el desalojo forzoso de los manifestantes.

También se requisaron cámaras y teléfonos móviles para impedir que fuera grabada la actuación policial, y se bloqueaó el trabajo de la prensa local e internacional. Reporteros de la agencia Efe fueron obligados a eliminar las imágenes que habían registrado de los hechos. La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) ha condenado la conducta de las fuerzas de seguridad palestinas: "Al menos un periodista denunció haber sido golpeado. Otros fueron detenidos y forzados a borrar fotografías". La FPA ha reclamado a las autoridades que abran una investigación.

El Gobierno palestino recortó a partir de abril de 2017 los sueldos de sus funcionarios en la franja de Gaza en un 30%. Con una tasa de desempleo del 44%, los ingresos de los 60.000 empleados públicos del enclave son vitales para sostener la economía, arruinada por el bloqueo de sus fronteras y por tres guerras con Israel en la última década. La Autoridad Palestina había suspendido por completo desde marzo las transferencias salariales, que solo se han reanudado al 50% el pasado día 5. Las restricciones en el envío de medicamentos a los hospitales y en el pago del suministro eléctrico procedente de Israel han sido otras de las medidas punitivas adoptadas por Abbas para intentar forzar al movimiento islamista Hamás a entregar el poder en Gaza.