May promete más poder al Parlamento en el Brexit para evitar una grave derrota

Theresa May logró este martes salvar a última hora lo que habría sido una gravísima derrota parlamentaria, a cambio de un compromiso de conceder al Parlamento un voto significativo sobre el acuerdo que se alcance con Bruselas en otoño. Los diputados apoyaron al Gobierno, por 324 contra 298 votos, y rechazaron una enmienda a la gran ley del Brexit que les habría entregado las riendas de las negociaciones en el caso de que rechazaran el acuerdo final. A cambio, reciben la palabra de May de que ese eventual rechazo de los términos acordados con los Veintisiete no significaría necesariamente abandonar la UE sin acuerdo alguno.

Ha sido la de este martes una de esas frenéticas jornadas donde se despliega en toda su plenitud la riqueza de la mecánica parlamentaria británica. Y se ha puesto una vez más en evidencia la debilidad de la primera ministra: ella misma y sus jefes de disciplina han negociado hasta el último minuto con los rebeldes, hasta que estos han logrado, si no hacerse con las riendas de las negociaciones, al menos sí el compromiso de poder evitar un Brexit sin acuerdo.

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Se trataba de una de las enmiendas claves de la quincena introducida por la cámara alta en la gran ley de salida de la UE. El proyecto de ley ha vuelto a la Cámara de los Comunes para continuar su tramitación, que se prolongará durante la jornada del miércoles. La enmienda finalmente rechazada habría supuesto para el Parlamento hacerse de facto con el control de las negociaciones del Brexit: si el acuerdo con Bruselas no convencía a los diputados, estos podían rechazarlo y volver a mandar a la primera ministra a la mesa negociadora. Lo que hasta hoy ofrecía el Ejecutivo era una decisión envenenada: los diputados podían rechazar el acuerdo, sí, pero si lo hacían Reino Unido se iría de la UE lanzándose por el precipicio. El Gobierno considera que, sin la amenaza de un portazo, pierde peso negociador en Bruselas.

Ahora, al haber rechazado los diputados la enmienda de los lores, el texto irá de nuevo a la cámara alta y volverá a regresar a la Cámara de los Comunes, donde será reformulada de acuerdo con los compromisos dados ayer por el Gobierno, en un juego parlamentario que se conoce como el ping-pong. La propuesta del Gobierno, que será detallada en reuniones conjuntas en los próximos días, significaría que si el Parlamento rechaza al acuerdo alcanzado con Bruselas, los ministros tendrían siete días para plantear un enfoque nuevo y dispondrían de un plazo hasta el 30 de noviembre para tratar de firmar un nuevo acuerdo.

Los rebeldes, encabezados por el diputado y ex fiscal general Dominic Grieve, ya han advertido de que han votado con el Gobierno solo porque confían en que respetará sus compromisos. En caso de que la nueva propuesta no sea satisfactoria, han dicho, votarán en contra cuando la ley vuelva a la cámara baja.

"El ministro del Brexit ha establecido tres pruebas que deberá reunir cualquier nueva enmienda: no perjudicar las negociaciones, no cambiar el papel constitucional del Parlamento y del Gobierno en la negociación de tratados internacionales y respetar el resultado del referéndum", ha dicho un portavoz del Ministerio del Brexit. "No hemos acordado, ni acordaremos, que la Cámara de los Comunes ate las manos del Gobierno en las negociaciones", ha advertido.

La crucial jornada difícilmente podía haber empezado peor para la primera ministra. Por la mañana, poco antes de empezar el debate, un miembro de su Gobierno dimitía para poder oponerse a la postura oficial. Philip Lee, secretario de Estado de Justicia, calificó de "irresponsable" la estrategia de su Gobierno en el Brexit y denunció sus intentos de "querer limitar el papel del Parlamento" en el proceso de salida.

Al final la primera ministra salva los muebles pero, de nuevo, lo hace dando una patada a la lata hacia delante. El problema es que dispone de cada vez menos carretera por delante y cada vez se acumulan más latas en ese tramo final. Las guerras internas en su Gobierno y su frágil mayoría parlamentaria impiden a Theresa May avanzar en las negociaciones del Brexit, hasta el punto de que, a apenas cuatro meses de que expire el plazo para alcanzar un acuerdo, ni siquiera ha sido capaz de consensuar una postura en su Gobierno en los asuntos más fundamentales.

Cada vez parece más probable que Reino Unido llegue al otoño con una factura de cerca de 45.000 millones de euros a pagar a Bruselas y un conjunto de vagas directrices sobre la relación futura con la UE, a detallar en el periodo de transición de dos años que empezaría el 29 de marzo de 2019. Un poco alentador escenario que supondría un verdadero dilema para muchos diputados, la mayoría de los cuales votó por la permanencia en el referéndum, cuando dicho acuerdo se someta a votación en el Parlamento.

La tramitación de las enmiendas continuará el miércoles, pero el Gobierno parece haber alcanzado acuerdos para neutralizar también otras posibles rebeliones, de nuevo desplazando los problemas un poco más adelante en el recorrido. Se debatirán el miércoles, entre otras, la enmienda que pide al Gobierno dar pasos hacia una unión aduanera con la UE, y otra más que obligará a los diputados a pronunciarse sobre si apoyan que Reino Unido sea miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), como Noruega, aunque en esta el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha pedido a sus diputados que se abstengan.