La hija de Berta Cáceres demanda al Banco Holandés de Desarrollo

“El Banco Holandés de Desarrollo sabía que había episodios de violencia en torno a la construcción de la presa Agua Zarca, en el río Gualcarque, antes de firmar el contrato. Pero siguieron adelante. Por eso les consideramos corresponsables de la muerte de mi madre. Por negligencia”. Así justifica Berta Isabel Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, la demanda que está a punto de interponer contra la entidad bancaria. Berta Isabel va de gira por Europa para reforzar un pleito fundado en “la falta de respeto por los derechos humanos de las comunidades indígenas, y la negligencia de haber ignorado los avisos de mi madre”. El escrito está listo, solo falta afinar los últimos flecos legales y espera presentarlo en breve.

El Banco Holandés de Desarrollo (FMO, en sus siglas en neerlandés), el Banco Finlandés de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, acordaron en 2014 con la firma hondureña Desarrollo Energéticos (DESA), financiar la construcción y gestión de la central hidroeléctrica. En 2016, el primero anunció que suspendía sus actividades “preocupado por la violencia continuada en Honduras”. Este jueves, FMO ha colgado un comunicado en su página de web mostrando sus “respetos y simpatía hacia Berta Cáceres, una respetada defensora de los derechos humanos, cuya muerte es una tragedia”. La nota hace también un llamamiento a las autoridades hondureñas “para que lleven ante la justicia a todos los responsables de tan terrible crimen”. Y concluye señalando su compromiso “en la construcción de un mundo mejor a través de la ayuda a empresarios, a veces en las circunstancias más difíciles; respetamos profundamente los derechos humanos en todos nuestros proyectos”. La hija de la activista muerta apunta que esas palabras llegan tarde. “Ahora que estamos aquí, se pronuncian. Pero tras la muerte de mi madre, tardaron un año en hablar. Y lo hicieron después de que hubiera presión internacional por lo ocurrido”. En la demanda holandesa participa el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Un grupo activista fundado por la propia Cáceres.

La presa de Agua Zarca es un proyecto hidroeléctrico que debía ubicarse a lo largo del curso fluvial del Gualcarque, un lugar sagrado para la cultura lenca. Berta Cáceres lideró la oposición a las obras durante una década, y consiguió que la constructora china Sinohydro abandonara. La contratación pasó a manos de DESA. Ella fue tiroteada por un grupo de hombres armados que asaltaron su domicilio en La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa, y el pasado 3 de marzo, la policía detuvo a Roberto David Castillo Mejía. Era presidente de la compañía en el momento del crimen, y la fiscalía considera que “se encargó de ayudar a uno de los presuntos autores materiales del crimen”. Entre el resto de los sospechosos figuran empleados de la propia DESA, miembros de Ejército y sicarios.

Pensando que el Estado hondureño pondría pegas a la investigación, la familia de Cáceres y el Copinh formaron, junto con varias organizaciones internacionales, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). Su informe concluyó que “en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato, habían participado numerosos trabajadores del Estado, entre policías, militares y funcionarios, además de directores y empleados de DESA”. Para la Asociación Hondureña de Energía Renovable, sin embargo, el móvil del crimen pudo ser económico: iban en busca de los 170.000 dólares recibidos con el premio Goldman al Medio Ambiente, el Nobel verde, recibido por Cáceres en 2016. Berta Isabel, que ha pasado por Bruselas, seguirá junto con sus colaboradores camino de Suiza, España y Alemania.