Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
ABRIENDO TROCHA

Jueces ‘rockstar’

Los ciudadanos sienten que el sistema actúa ante la corrupción

que ha estallado

Qué bueno es ver que los jueces y la justicia mejoren en sus índices de aprobación. Percibida en muchos países latinoamericanos como poco eficiente, la justicia no suele merecer aprobación muy alta. Incluso en una encuesta aplicada por Transparencia Internacional en 2013 sobre 95 países, la justicia ocupó el poco honroso segundo lugar —después de la policía— como la institución “más corrupta”. Algo está cambiando en las percepciones y en la realidad. Dos ejemplos ilustran esto.

Uno: la última encuesta nacional sobre percepción a instituciones fundamentales del Estado en el Perú le otorga un 27% de aprobación al sistema judicial. No es una proporción muy alta, pero sí es superior a los niveles clásicos (situados generalmente por debajo del 15% o el 18%) y, lo que es notorio: está por encima de los índices de aprobación del Ejecutivo y el Legislativo.

Dos: la simpatía social por algunos jueces. Por ejemplo, la figuración del expresidente del Tribunal Supremo de Brasil, Joaquim Barbosa, con un sorprendente 9% de los apoyos para ser candidato a la presidencia. Barbosa se retiró como juez hace más de tres años, antes que empezaran los procesos de la Operación Lava Jato, de manera que su proyección actual no sale de estos. Barbosa, además, no había dado señales de candidatura alguna.

¿Qué explica este mejoramiento de la legitimidad social —y política— de jueces y justicia? La respuesta es evidente: ante la macrocorrupción que ha estallado en tiempos recientes, al sistema de justicia se le percibe actuando. El impacto de ello es evidente en países como Brasil y Perú. Jaqueados ambos por la misma estructura de corrupción, se viene dando allí el espacio latinoamericano más activo de colaboración internacional entre fiscalías para investigar e interrogar a sindicados por corrupción.

Se ha avanzado en la región en independencia judicial y en profesionalismo. Con tropiezos, marchas y contramarchas, pero hoy no sería justo decir que los procesos o decisiones judiciales están dictadas por el poder político. Tampoco por el económico, pues muchos de estos procesos han golpeado a importantes personajes del empresariado. Algunos cuestionan, sí, cierta “selectividad” en hacer avanzar unos procesos y no otros, pero es prematuro sacar conclusiones en medio de una enorme complejidad de casos y procesos.

Hay, sin embargo, otros riesgos y tentaciones que podrían estar apareciendo. Uno de ellos es el de un exagerado protagonismo judicial mediático que podría derivar en un peligroso e impredecible “populismo judicial”. Buscar ser rockstar es una resbaladiza tentación. Esa ruta peligrosa puede acabar debilitando la propia lucha anticorrupción y la independencia judicial por una ruta distinta de la clásica que ha sido la de la interferencia en la justicia por el poder político (no estoy aludiendo a Joaquim Barbosa, que ha estado más bien silente en los últimos tiempos). El eventual culto a la imagen “popular” o mediática puede ir afectando el rigor de decisiones judiciales pensadas, eventualmente, más en función de su dinámica o impacto mediático que de lo que debería fluir de los procesos para llegar a un resultado judicial certero y equilibrado. En el “populismo judicial” los titulares de los medios de comunicación se imponen: pueden acabar siendo el objetivo de algunos, sacrificando la justicia, la legalidad, el principio de no selectividad y el debido proceso.

Eso puede derivar, por ejemplo, en decisiones de gran impacto mediático, pero eventualmente contrarias al debido proceso. Es el caso del uso abusivo en Perú, por algunos jueces, de detenciones preventivas socialmente bienvenidas. Importantes grupos de juristas critican en Brasil, por ejemplo, que el juez estrella en la Lava Jato, Sérgio Moro, haya divulgado hace algunos meses conversaciones telefónicas entre Lula y Dilma Rousseff. Exhiben los críticos serias objeciones jurídicas: la interceptación de la que salió la grabación no había sido autorizada judicialmente, era una pieza del proceso recién incluida y su validez —por ser un monitoreo impropio— no había podido aún ser discutida cuando el juez dispuso divulgarla a los pocos minutos de haber recibido las grabaciones.

El peligro de la confusión entre la función jurisdiccional y la promoción protagónica puede ir más allá de gustos y valoraciones. Puede acabar erosionando el sentido de la justicia, de la imparcialidad y del debido proceso. Cuidado con eso.