El laberinto interminable del ‘caso Cassez Vallarta’

Uno de los casos más esperpénticos y escandalosos en la historia reciente de México mantuvo al país durante años en el foco mediático internacional, inspiró decenas de libros periodísticos y hasta una obra literaria, la reciente ganadora del premio Alfaguara, Una novela criminal de Jorge Volpi. En 2005, la detención amañada y televisada en directo, como en un reality show, de una pareja de supuestos secuestradores, Florence Cassez e Israel Vallarta, fue tan solo la puerta de entrada a un laberinto kafkiano: primero, una investigación plagada de contradicciones e irregularidades. Y después, un conflicto diplomático París–México que se saldó en 2013 con la liberación de Cassez, ciudadana francesa, por defectos de forma en el proceso judicial. Del resto de protagonistas, el jefe policial que urdió el montaje, Genaro García Luna, fue ascendido a secretario de Seguridad Pública y hoy vive un plácido retiro en Miami; mientras que Vallarta, 13 años después, continúa encarcelado y sin sentencia.

El 9 de diciembre 2005, la policía federal detenía a Vallarta y Cassez, 35 y 29 años, cuando salían en una furgoneta del rancho Las Chinitas, a una hora de la capital. Según el parte policial, los agentes entraron a continuación al rancho y en una de las habitaciones encontraron a tres personas que llevaban meses secuestradas. El operativo fue retransmitido en directo por las dos principales cadenas mexicanas. Un reportero de Televisa tuvo incluso tiempo y permiso para entrevistar in situ a Vallarta, inmovilizado por un policía que le tenía agarrado del cogote: “¿Usted participó en el secuestro?” “¿Cuánto le pagaron?” “¿Quiénes son las personas que tiene aquí?”

Semanas después se demostró que en realidad la pareja fue detenida un día antes y todo había sido un montaje. La farsa mediático-policial no impidió que ambos entraran en prisión. Vallarta se auto inculpó y confesó ser miembro de una banda de secuestradores, una declaración impugnada por un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que certificaba que fue torturado con golpes y descargas eléctricas. Por su parte, Cassez fue condenada a 60 años de prisión por secuestro, posesión de armas y delincuencia organizada.

Genaro García dirige varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos ex cargos del FBI, la CIA o la DEA

Habían sido novios. Tras romper, Cassez intentó la vuelta a Francia, pero decidió regresar a México. Mientras rehacía su vida –había empezado a trabajar en un hotel–, Vallarta le había dado cobijo en el rancho. “Desde su primera declaración, Florence negó los hechos–, explica su abogado, Agustín Acosta–, negó saber que había secuestrados en el rancho y que su novio participaba en actividades ilícitas. Pero la confesión de Israel dificultó mucho la defensa porque si ella vivía ahí era muy difícil aceptar que no supiera nada”. Los ocho años que pasó en la cárcel le dieron tiempo para escribir un libro y leer a diario el famoso caso Dreyfus, el militar francés de siglo XIX que fue injustamente encarcelando en una ola de antisemitismo.

Además de la confesión de Vallarta, la acusación se basó en los testimonios de las tres víctimas. Las tres cambiaron repentinamente su parecer tras asegurar durante la primera rueda de reconocimiento que no conocían a Cassez. Dos de ellos –el tercero era un menor–, también fueron torturados durante su declaración, según los partes médicos de la CNDH. Ya en 2010, en un vídeo filtrado por la policía, un tercer detenido, supuesto miembro de la banda, acusó a Cassez de ser la líder del grupo criminal. Meses después, en su declaración ante el juez, se retractó de todo lo dicho y denunció haber recibido golpes y descargas eléctricas.

El caso abrió otra guerra mediática en las trincheras del nacionalismo. En la cárcel, a Cassez le tocó escuchar, “pinche francesa, por qué viniste a chingar a mí país”, según contó en una entrevista con este diario en 2012. En Francia, la prensa sensacionalista llegó a compararla con Ingrid Betancuort, secuestrada por las FARC. Amparado en el Tratado de Estrasburgo, Nicolas Sarkozy intentó desde 2009 llevarse a Francia a su conciudadana para que cumpliera allí el castigo, abriendo una escalada de tensión diplomática que provocó en 2011 la cancelación de las actividades del Año de México en Francia, que para Sarkozy pasó a ser el año Cassez: “cada acto –dijo en unas declaraciones a principios de aquel año– en el que participe un miembro del Estado francés, dedicará su intervención a recordar su problema. Yo mismo lo haré. Inauguraré ese año hablando sobre Cassez".

Tras una rebaja de la pena en segunda instancia de 93 a 60 años, la Suprema Corte mexicana, el alto tribunal del país, ordenó en 2013 la liberación inmediata de la ciudadana francesa por “el efecto corruptor de un montaje televisivo que se realizó durante la detención” que “violentó, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia”. La justicia entendió que no tuvo un juicio justo. “No tuvo –enumera su abogado– asistencia consular, fue retenida en un montaje que viola cualquier presunción de inocencia, cualquier protocolo de actuación judicial y existieron contradicciones en los testimonios de los testigos”.

Si la Suprema Corte ya ha acreditado las irregularidades del proceso, ¿por qué Israel Vallarta sigue preso, sin haber sido siquiera juzgado todavía? “13 años después, la instrucción aún no se ha cerrado por la gran cantidad de amparos y recursos que ha ido presentando la defensa. Lamentablemente existen muchos casos dilatados hasta el infinito en México, pero con la jurisprudencia de la Corte Suprema, y la constancia de tortura será difícil que el juez condene a Israel”, explica Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. “El centro del problema, en todo caso, es la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad, un sistema que para que siga operando necesita fabricar culpables ante la demanda de justicia de la sociedad”.

En 2006, en otro capítulo mediático del caso, Cassez había entrado por teléfono a un programa de la televisión para desmentir en vivo al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, quien había dirigido la detención y que a la postre acabaría reconociendo el bochornoso montaje. En noviembre de ese mismo año, García sería premiado por el presidente Felipe Calderón ascendiéndole a secretario (ministro) de Seguridad Pública, la cabeza de la cruenta guerra contra el narco recién iniciada, una estrategia militar que sólo en el sexenio de Calderón dejó un saldo de más de 100.000 muertos. Hoy, desde un plácido retiro en Miami, García dirige varias compañías de consultoría sobre seguridad junto a antiguos excargos del FBI, la CIA o la DEA.