Ricardo Anaya se la juega en un todo o nada contra Peña Nieto

La ofensiva de Ricardo Anaya es total. El candidato presidencial de Por México al Frente ha respondido a las críticas contra él por corrupción con ataques hacia el mandatario, Enrique Peña Nieto, al que acusa de interferir en las elecciones. El objetivo es tratar de capitalizar el voto opositor, en la medida en que Andrés Manuel López Obrador ha suavizado sus críticas al presidente mexicano. El riesgo no es pequeño: los gobernadores panistas temen represalias y se cuidan de defender a su candidato. En el Frente admiten que si esta estrategia no da resultados a corto plazo, la candidatura se verá seriamente dañada.

La apuesta de Anaya se ha incrementado en la última semana, al compás de los ataques que han arreciado contra él por un supuesto caso de corrupción. La decisión, no obstante, es algo que lleva pergeñándose en el núcleo duro del Frente desde principios de año, según al menos cuatro fuentes próximas al candidato, tanto de su partido, del PRD —socios de la coalición junto a Movimiento Ciudadano—, como personas conocedoras de la estrategia que no militan en ninguna de las formaciones. El grupo que concibió el Frente está convencido de que Anaya debe capitalizar el voto anti Peña Nieto, el más poderoso, dicen, si se tiene en cuenta que casi un 70% de los mexicanos desaprueba su gestión, según una encuesta reciente. Además, el círculo más próximo al expresidente panista considera que en la medida en que López Obrador ha suavizado sus ataques contra Peña Nieto, el nicho electoral que se le abre es mucho mayor.

Se trata de una suerte de todo o nada, coinciden en apuntar las mismas fuentes, en la medida que la ofensiva entraña muchos riesgos y costos políticos. Si bien en el Frente están convencidos, los gobernadores panistas ven con recelo el ataque frontal al presidente, porque temen que el Gobierno tome represalias contra ellos. "Somos la parte más vulnerable", resume un gobernador del PAN, en sintonía con otros dos dirigentes, que también hablan bajo condición de anonimato. Los tres recuerdan el caso de Javier Corral en Chihuahua, que denunció que el Gobierno frenó una transferencia de más de 35 millones de dólares al Estado después de iniciar una investigación por una presunta trama de corrupción. Corral acusaba que se habrían desviado 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a través de gobiernos locales para triangularlos a campañas del PRI en 2016.

La evidencia más clara del temor a esas represalias es que, salvo Corral, ningún gobernador panista ha hecho una defensa a ultranza de Anaya y ha avivado las dudas sobre los apoyos con los que cuenta el candidato dentro de su propio partido. "Si la estrategia de ir contra el presidente funciona a corto plazo, la presión interna va a disminuir considerablemente", asegura un dirigente del Frente, quien, no obstante, admite: "Si no sube en las encuestas, sí se le van a venir encima". Un sondeo de Parametría publicado este miércoles —el primero serio tras las acusaciones de corrupción— señala que Anaya ha bajado dos puntos en intención de voto (del 23% al 21%), los mismos que el candidato del PRI, José Antonio Meade (del 18% al 16%), mientras que López Obrador crece un punto (pasa del 34% al 35%).

La falta de apoyos rotundos entre los gobernadores panistas se une a las críticas del sector del PAN próximo al expresidente Felipe Calderón y su esposa, la candidata independiente Margarita Zavala, ruidosas y amplificadas desde hace meses, pero que no se han traducido en una pérdida de intención de voto. Otro frente interno que trata de apaciguar Anaya es el que se ha abierto con uno de sus socios en el Frente, Miguel Ángel Mancera. Después de acceder a que el PAN lo postulase al Senado, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que no milita en ningún partido, vio cómo un sector del panismo logró impugnar la nominación. De prosperar, su puesto lo ocuparía un dirigente conservador.

Otro de los reclamos que subyace en el seno del Frente es la urgencia de concretar la estrategia de campaña y el reparto de responsabilidades. La necesidad de Anaya de tener todo bajo su control, hasta el más mínimo detalle, roza lo obsesivo, según su círculo más próximo. Si hace unos meses le reclamaban que abriese la toma de decisiones del Frente a un mayor número de personas, de un tiempo a esta parte le piden que empiece a distribuir cometidos por todo el país para que los dirigentes locales se sienten implicados. Al menos tres personas que lo tratan constantemente admiten que él se debate entre su convicción de querer acaparar todo el poder y la consciencia de que, llegados a este punto, no es posible si quiere avanzar acompañado.

Con los ataques contra Peña Nieto Anaya busca también espantar la sombra de la corrupción que sobrevuela sobre él desde hace dos semanas por la venta de una nave industrial, propiedad de su familia, en Querétaro, por 54 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Según la investigación que avanza la Procuraduría General de la República (PGR), para la compra se habrían usado recursos provenientes de una red encargada de lavado de dinero, orquestada por el empresario Manuel Barreiro, al que se vincula con Anaya.

El candidato del Frente acudió el pasado 25 de febrero a la PGR para exigir que aclare si lo están investigando, mientras que la Fiscalía mexicana, por su parte, aseguró que el dirigente panista rechazó rendir declaración, aunque se le invitó a hacerlo. La difusión de un vídeo por parte de la PGR, con la intención de desprestigiar al candidato, desató una oleada de críticas por la intromisión en la campaña del órgano judicial, que en México depende del Gobierno.

"Son instituciones que deberían estar al servicio de la República y no del PRI [el partido en el Gobierno]", aseguró Anaya el pasado domingo en un mensaje en el que no aceptó preguntas y que empleó como un dardo contra Peña Nieto. "Le digo, con respeto, serenidad y firmeza: 'Así no'. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad", insistió Anaya, quien se ha comprometido a crear una comisión de la verdad para investigar los señalamientos de corrupción del Gobierno de Peña Nieto.