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Temer tira la toalla con la reforma de las pensiones, incapaz de lograr apoyo político

La intervención militar en Rio sirve al presidente brasileño de coartada para no sufrir una derrota en el Congreso en uno de sus principales proyectos económicos

Michel Temer, en un acto el pasado 27 de febrero.
Michel Temer, en un acto el pasado 27 de febrero. EFE

El programa de reformas económicas del presidente brasileño, Michel Temer, ha embarrancado tras fracasar la más pregonada y la más polémica de todas, la del sistema de pensiones. Temer venía insistiendo en ella desde hace meses, hasta el punto de situarla como el gran -y casi único- objetivo político de su último año de mandato, una especie de culminación a un programa liberal que incluyó también el establecimiento de un techo para los gastos públicos y una reforma laboral. Pero el presidente ha arrojado la toalla tras perder el pulso con una parte de sus aliados políticos en el Congreso, reacios a aprobar una reforma muy impopular a pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.

Si hay una virtud que ni sus más acérrimos adversarios niegan al presidente brasileño es su astucia para el regate corto. Y la ha vuelto a demostrar. Con una hábil maniobra, Temer ha logrado que el debate público en Brasil haya arrinconado de la noche a la mañana el asunto que lo monopolizaba hasta el hastío. Desde hace meses, los medios casi no hablaban de otra cosa que de los intentos desesperados del Gobierno, así como de las constantes presiones de inversores internacionales y de la gran empresa nacional, para aprobar una reforma que obligaba a un cambio de la Constitución y, como tal, requería el apoyo de dos tercios del Congreso. En vista de que el tiempo se agotaba y cada vez estaba más claro que los esfuerzos de Temer iban a fracasar, el presidente solo tenía dos opciones, ambas muy embarazosas: o retirar el proyecto o exponerse a una sonora derrota en el Congreso. Hasta que se sacó de la chistera una ingeniosa escapatoria.

La pasada semana, el Gobierno sorprendió al país con una medida inédita desde el fin de la dictadura, en 1985: la llamada al Ejército para entregarle todas las competencias sobre seguridad pública en el Estado de Río de Janeiro, sacudido por la violencia de las bandas de narcotraficantes que se han hecho dueñas de las favelas. La aparatosa decisión no solo cambiaba el foco del debate público, sino que traía consigo un efecto secundario que brindaba a Temer la disculpa perfecta para enterrar el controvertido proyecto. La Constitución brasileña prohibe realizar ningún cambio en su texto mientras persistan las medidas excepcionales de intervención en algún Estado. Y la decisión del Gobierno de entregar a los militares el control de la seguridad en Río estará vigente hasta final de año, justo cuando acaba el mandato de Temer. 

La primera reacción negativa para el presidente vino el pasado viernes de la agencia de calificación Fitch que, como había hecho en enero Standard&Poor's, rebajó la nota de la deuda brasileña debido a sus "persistentes y amplios déficits" unidos al "fracaso para legislar reformas que mejoren los resultados de sus finanzas públicas". Pese a todo, ese mismo día la Bolsa de São Paulo cerraba la semana en máximos históricos. Y la legión de economistas y comentaristas de los medios que vaticinaba un apocalipsis si la reforma no se se aprobaba de inmediato ha rebajado notablemente el tono.

"Este es un país acostumbrado a posponer sus soluciones y, por eso, ironiza diciendo que es el país del futuro", lamenta, en declaraciones a este diario, Gustavo Franco, uno de los economistas más prestigiosos del país y arquitecto del llamado Plan Real, que en los años noventa alumbró una nueva moneda y estabilizó su economía. "Siempre se deja todo para más adelante mientras aplazamos el momento de tomar la medicación. Ahora perdemos más tiempo. Aunque era optimista suponer que se podría aprobar esta legislatura". 

La reforma, según todas las encuestas, suscitaba un amplio rechazo popular, sobre todo entre la izquierda que, el pasado abril protagonizó una huelga general contra ese proyecto y el que modificó las normas del mercado laboral. Con todo, el debate abierto en las últimas semanas ha servido para poner de manifiesto los abusos de un sistema que concede enormes privilegios a algunos colectivos, sobre todo entre los niveles más altos de los empleados públicos. El propio Temer clamó, en la reciente cumbre de Davos, contra esos privilegios, aunque le faltó explicar que él mismo es uno de los ejemplos más claros. El actual presidente, que tenía una plaza de fiscal,  pudo jubilarse con solo 58 años (la edada media está en 55) y percibe una pensión mensual de 22.100 reales (6.805 dólares). Tampoco ha ayudado mucho a la campaña del Gobierno que del proyecto se excluyesen colectivos como el de los militares.

Brasil gasta aproximidamente un 12% del PIB en su sistema de pensiones, aunque, según algunos cálculos, de persistir el actual envejecimiento de la población, la cifra podría crecer hasta diez puntos porcentuales en las próximas cuatro décadas. El Gobierno pretendía ahorrar 480.000 millones de reales (148.000 millones de dólares) en diez años estableciendo la edad mínima de jubilación en 65 años para los hombres y en 62 para las mujeres. Los detractores del proyecto argumentan que esas edades, habituales en los países desarrollados, perjudicarían a los sectores más pobres de la población, con una baja esperanza de vida. La frustrada propuesta había renunciado a aumentar a 25 años el tiempo mínimo de cotización. Lo dejaba así solo para los funcionarios públicos y en 15 para el sector privado. Los críticos venían argumentando desde tiempo atrás que muchos trabajadores condenados a pasar casi toda su vida laboral con empleos informales tendrían muy difícil completar los 25 años.

El economista Gustavo Franco se encuentra entre los defensores de la reforma ya que entiende que el sistema actual permite que "un grupo de jubilados privilegiados explote a una mayoría de trabajadores jóvenes que pagan sus cotizaciones". Franco, con todo, es optimista ya que cree que, tras el debate de los últimos meses, "la mentalidad del país sobre este tema ha cambiado" y "la solución surgirá en 2019" tras la elección de un nuevo presidente y un nuevo Congreso.

 

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