Los costos democráticos de la estabilidad mexicana

"Revolución institucionalizada", ese oxímoron fue la mayor promesa cumplida del sistema de partido hegemónico del PRI. La construcción de instituciones sofisticadísimas de gobernanza autocrática: mecanismos de sobrevivencia política que combinaban provisiones de bienes privados (clientelismo); movilización política y acceso a puestos de Gobierno (corporativismo); y provisión de bienes públicos y políticas industriales que, hay que decirlo, hicieron de México una de las economías de mayor crecimiento por cuatro décadas y modificaron sustancialmente todos los indicadores de desarrollo.

Los Gobiernos de la autocracia se ufanaban de la estabilidad mexicana en contraste con la inestabilidad que caracterizó al resto de Latinoamérica. Aquí cada seis años estrenábamos presidente en una coreografía precisa de vítores y besa manos. Aquí el régimen llenaba plazas y movilizaba estratégicamente sectores sociales. Aquí dábamos asilo a los perseguidos políticos del sur (mientras discretamente perseguíamos y desaparecíamos a activistas).

El régimen autocrático hizo de las instituciones en México monolitos que adorar y proteger. Monumentos intocables.

Con el fin del milagro mexicano y las subsecuentes crisis económicas, la presión por un sistema electoral competitivo que abriera paso a la alternancia; es decir, por la democracia, creció. Modificamos las reglas electorales y ciudadanizamos las elecciones. Cuatro años después, el PRI perdió la presidencia de la República. Fieles a nuestra costumbre y en contraste con varios procesos en la región, la nuestra fue una transición suave, gradual... estable.

Por ello, la mayoría de las instituciones de la autocracia sobrevivieron intocadas en un sistema electoralmente competitivo. Pasamos de una autocracia institucionalizada a una democracia procedimental atrofiada justamente por la sobrevivencia de esos arreglos de gobernanza autocrática. Lejos de dar posibilidad a un sistema de disensos y deliberaciones, conflictivo e inestable, en el mejor sentido democrático; terminamos con una democracia consensual, con altísimas barreras de entrada, y en el que todas las fuerzas políticas terminaron por replicar las mismas formas de gobernanza y movilización electoral: clientelismo, corporativismo, y la sustitución de lo público por lo político.

En contraste, las nuevas democracias latinoamericanas se vieron forzadas a enfrentar sus terribles pasados de represión e inestabilidad con procesos de verdad y justicia que implicaron una reconfiguración de sus instituciones de representación, procuración de justicia y seguridad. Nadie puede desear pasados terribles para construir futuros posibles, pero creo que en estos procesos hay lecciones importantes para México. En democracia hemos reformado 295 veces la Constitución mexicana, pero difícilmente podríamos concluir que nos hemos acercado sustancialmente a ese tipo de instituciones democráticas.

Estamos lejos de una fiscalía como mecanismo de control judicial, del voto como un mecanismo efectivo de control político, y de un sistema de pesos y contrapesos que inhiba abusos, entre ellos, la corrupción y violaciones de derechos humanos. Inventamos nuevas autoridades para que hagan el trabajo de autoridades ya existentes y bajo las mismas reglas. La balanza de poder entre Gobierno y ciudadanos ha permanecido intocada.

Creo que la atención de los principales contendientes a la presidencia en el proceso 2018 hacia lo anterior ha sido superficial o intermitente. Creo también que estamos en una coyuntura exacta para repensar las instituciones de nuestra democracia a partir de nuestras propias tragedias.

En 12 años hemos acumulado más de 240.000 víctimas de homicidio y más de 33.000 personas desaparecidas. Sacamos a las fuerzas armadas a las calles, y junto con estas víctimas hemos acumulado también condenas por la violación reiterada de derechos humanos; implacables informes de organismos nacionales e internacionales; y repetidos rechazos del Gobierno de México a ambos. Peor aún, optamos apenas por un reforzamiento de la misma estrategia con la aprobación de la ley de seguridad interior. Hemos visto incluso recientemente cómo Sedena ha decidido volverse un actor político en el proceso electoral como respuesta a críticas sobre su papel en tareas de seguridad pública.

No son fenómenos separados. La viabilidad de la democracia mexicana pasa por la reconfiguración de sus instituciones de representación, justicia, seguridad y gobernanza. Sí, pero creo que ese proceso ocurrirá sólo de la mano de un proceso paralelo de memoria y paz, que nos obligue a enfrentar nuestro pasado reciente y abra el paso a mecanismos de rendición de cuentas políticos y criminales. Esa me parece la lección que las democracias latinoamericanas, con sus terribles pasados e inestabilidades, nos ofrecen.

José Merino es politólogo mexicano.