El gobernador de Misuri, imputado por fotografiar sin permiso a su amante desnuda

Una infidelidad y un presunto chantaje con fotografías desnudas sacuden la política de Misuri. Un jurado popular imputó este jueves al gobernador de Misuri, el republicano Eric Greitens, por un delito de invasión de privacidad al supuestamente tomar sin consentimiento una fotografía de una mujer en “estado de desnudo parcial o total”. Greitens ha reconocido que tuvo en 2015 una aventura con una mujer, que era su peluquera en San Luis, pero niega la principal acusación que le hace ella: que la amenazó con divulgar la imagen si revelaba la infidelidad. Tampoco ha confirmado que él tomara la fotografía.

La imputación, sin embargo, alimenta el culebrón político para Greitens, de 43 años y que lleva un año como gobernador de ese Estado de seis millones de habitantes en el Medio Oeste de EE UU.

La fiscal del circuito judicial de San Luis Kim Gardner inició en enero una investigación sobre las acusaciones de invasiones de privacidad después de que el político reconociera haber mantenido una relación extramatrimonial antes de llegar al poder. Greitens, que acabó con ocho años de gobierno demócrata en Misuri, ha hecho caso omiso a las voces que le han pedido que dimita y ha insistido en que no ha cometido ninguna ilegalidad.

La polémica tiene su origen en una información de una televisión local que difundió una grabación de una mujer que asegura que Greitens la invitó a su casa, tomó fotografías de ella desnuda y luego la amenazó con usarlas si revelaba la relación. El caso tiene otro giro inesperado: esa grabación provendría de una conversación que mantuvo la mujer con su marido y que fue grabada en secreto por él.

La imputación de la Fiscalía recuerda que es un delito transmitir sin permiso una imagen “de manera que permita acceso a esa imagen mediante un ordenador”. “Es esencial que los residentes de la ciudad de San Luis y de nuestro Estado tengan confianza en sus líderes”, dijo la fiscal Gardner en un comunicado. Y prometió que el gobernador deberá “rendir cuentas” como cualquier otro ciudadano y que ambas partes se merecen una investigación profunda de los hechos.