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El juicio contra activistas de Alhucemas avanza entre acusaciones de farsa

54 personas que encabezaron las protestas en la región marroquí del Rif se sientan en el banquillo. La mitad están acusadas de conspirar contra la seguridad del Estado

Francisco Peregil
Decenas de rifeños se manifiestan en Alhucemas, en julio de 2017.
Decenas de rifeños se manifiestan en Alhucemas, en julio de 2017.NurPhoto

Fouad Saidi solía hacer fotos en las protestas del Rif, que comenzaron en noviembre de 2016. Este martes 20 de febrero fue interrogado por el juez de la sala 7 del Tribunal de Apelaciones de Casablanca. En dos pantallas de vídeo gigantes se proyectaban mensajes de Facebook y fotos donde aparecía Saidi. El juez quería saber por qué el joven escribió en Facebook algún comentario de supuesta crítica a la labor de las fuerzas de seguridad o por qué se le veía en varias fotos con la bandera de la República del Rif, el Estado que proclamó Abdelkrim el Jatabi entre 1921 y 1926 en el norte de Marruecos. Saidi respondía punto por punto, de forma serena.

Desde septiembre de 2017 se celebra en Casablanca un macrojuicio contra 54 detenidos en las protestas de Alhucemas. Entre esos 54 se encuentran los principales líderes del Movimiento de protestas (Hirak, en árabe), actualmente encarcelados en la prisión de Oukacha, en Casablanca. Sus comparecencias ante el juez y el fiscal comenzaron a finales de enero. Un total de 34 inculpados están siendo juzgados por la comisión de delitos (como incitación a participar en manifestación no autorizada) cuyas penas son inferiores a cinco años. Los otros 20 han sido acusados con cargos de crímenes como conspiración contra la integridad del Estado. En algunos de estos últimos casos las condenas podrían superar los 20 años de cárcel.

Saida Rouisi, una letrada defensora indicó a este diario: “Aquí parece que se está juzgando a Abdelkrim el Jatabi [1882-1963] en vez de a unos jóvenes. Se les pregunta por qué pusieron en Facebook frases de El Jatabi”. Khadija Rouggany, otra abogada, añadió: “Este juicio no tiene nada que ver con la ley, es un juicio político. No hay ninguna prueba sólida contra los acusados”.

Las manifestaciones del Rif, con el desempleado Nasser Zafzafi a la cabeza, comenzaron tras la muerte de un vendedor de pescado que murió triturado en un camión de basura cuando intentaba que no le confiscasen la mercancía. Los jóvenes que iniciaron las protestas pedían mejoras sociales y económicas en la zona. Desde el Gobierno se les acusó de separatistas. Ellos, sin embargo, declararon en numerosas ocasiones no ser ni separatistas ni independentistas.

Si son tan fuertes las acusaciones hay que traer pruebas para sostenerlas, no frases de Facebook Abdelilá, hermano del detenido Mohamed Hakimi,

Las protestas se prolongaron durante siete meses hasta que la Justicia comenzó a acusar a cientos de jóvenes rifeños. Decenas de ellos decidieron salir del país, otros tantos están siendo juzgados en Alhucemas. Y 54 activistas responden ante el Tribunal de Apelaciones de Casablanca. Allí compareció este martes 20 de febrero Fouad Saidi. Los otros detenidos, incluido el líder Nasser Zafzafi, se encontraban en la misma sala, dentro de un cubículo de vidrio, separados de familiares, abogados y periodistas por una vitrina opaca. El 20 de febrero no es una fecha cualquiera en Marruecos. Ese día de hace siete años nació la primavera árabe en el país; y ese día murieron cinco jóvenes calcinados en una oficina bancaria de Alhucemas, en circunstancias nunca aclaradas.

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En las paredes de la sala hay dos pantallas de vídeo de casi tres metros de ancho donde se reproducen las fotos, los comentarios en Facebook y las conversaciones telefónicas grabadas a Saidi cuando estaba en libertad. El juez recuerda a Saidi que está acusado de mantener relaciones con asociaciones extranjeras que atentan contra la integridad nacional. En los proyectores se reproduce la conversación que mantuvo el 26 de abril de 2017 con un tal El-Husein El-Idrissi. Su interlocutor le decía que el Frente Polisario ha ofrecido al Movimiento de las protestas (Hirak, en árabe) una ayuda de 50 dírhams (cinco euros). Saidi solicita que se reproduzca la llamada de forma íntegra para poder percibir el tono irónico de la charla.

-Aquí hay una acusación contra mí de dos kilómetros de largo por una subvención de 50 dírhams (5 euros)- esgrime el acusado.

Después le preguntan sobre la bandera de la República del Rif. “Es un símbolo de la resistencia y de la lucha contra el colonialismo”, alega Saidi. “El Rey ha dicho que cada zona tiene sus propios símbolos. Este símbolo tiene que ser una fuente de orgullo en Marruecos".

El abogado representante de la parte civil, Mohamed Al-Hosseini, quien defiende los intereses de los policías heridos en disturbios, pregunta:

-¿Y por qué no lleváis la bandera nacional o una foto del rey?

Un letrado defensor objeta:

-¿Qué artículo de qué código establece que sea obligatorio portar una bandera del Estado?

El abogado defensor Mustafa Hanine indicó a este diario: “Este juicio es una farsa, una mala obra de teatro. En realidad, la sentencia ya está escrita. A estos chicos les van a caer condenas muy duras, nada de libertad provisional ni dos años de cárcel. Esto es un juicio político. Lo único que podrá evitarles pasar buena parte de sus vidas en la cárcel sería una gracia del rey”.

Por su parte, el fiscal general del Tribunal de Apelaciones Casablanca, Najim Bensami, subrayó: “Esto es un juicio de derecho común con todas las garantías. Hay 70 abogados defensores que desde el comienzo del juicio, en septiembre, han realizado 1.800 visitas a los acusados. Los médicos han comprobado que no hay rastros de torturas en ninguno de ellos. Las audiencias son abiertas. Pueden acceder la prensa local, la internacional y los representantes del Consejo Nacional de Derechos del Hombre. Los acusados dicen todo lo que quieren, se expresan libremente. Y sus abogados, también. Y finalmente, será el juez el que dicte sentencia”.

El abogado defensor de los policías heridos, Mohamed Al-Hosseini, se pronunció en el mismo sentido que el fiscal general de Casablanca: “Las pruebas contra los acusados son contundentes. Hay escuchas telefónicas, testimonios de testigos y hay vídeos que no han sido grabados por la policía, sino por los propios inculpados, que los grabaron y los difundieron. Las acusaciones contra ellos son graves porque los daños que han hecho han sido graves. Han incendiado un edificio donde se alojaban policías, han bloqueado carreteras y han lesionado a varios policías. Cuando lesionan a un agente que no puede trabajar durante uno o dos meses, esos gastos debe pagarlos el Estado”.

Durante un receso del juicio, Abdelilá, hermano del detenido Mohamed Hakimi, indicó a este diario: “Si son tan fuertes las acusaciones hay que traer pruebas para sostenerlas, no frases de Facebook. Parece que el único sentido de todo esto es que los chicos pierdan la fuerza, alargar el juicio hasta cansar a los abogados y a la sociedad”.

Cuando hablaba con este diario un policía impidió que siguiera la entrevista dentro de los juzgados y conminó a que se realizase fuera.

Abdelilá indicó a este periodista: “Tienes que contar esto”.

En medio de un receso los familiares aprovechan para acercarse a la cabina donde están sentados los otros acusados. Zafzafi toma la palabra. Sigue siendo el líder y luce un aspecto saludable.

-Hoy es 20 de febrero -advierte-, tenemos que acordarnos de nuestros mártires, los que murieron aquel día, queremos justicia para ellos.

Los presos se despiden de los abogados y de los familiares con los dedos en V de victoria. Y se marchan con los mismos cánticos que coreaban en las calles de Alhucemas cuando estaban en libertad: "Queremos al que mató a los mártires".

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Sobre la firma

Francisco Peregil
Redactor de la sección Internacional. Comenzó en El País en 1989 y ha desempeñado coberturas en países como Venezuela, Haití, Libia, Irak y Afganistán. Ha sido corresponsal en Buenos Aires para Sudamérica y corresponsal para el Magreb. Es autor de las novelas 'Era tan bella', –mención especial del jurado del Premio Nadal en 2000– y 'Manuela'.

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