El presidente de Polonia ratifica la polémica ley sobre el Holocausto

Sugerir que "la nación polaca" fue cómplice de los crímenes del Holocausto será un delito que puede llevar a la cárcel hasta tres años. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha ratificado la controvertida ley, desafiando así las críticas de Estados Unidos, Israel y de un nutrido número de expertos y académicos internacionales que consideran que la norma abre la puerta peligrosamente al negacionismo. No obstante, tras el escándalo internacional desatado por la nueva ley, que castiga entre otras cosas el uso de la expresión "campos de concentración polacos" para referirse a los centros de exterminio de judíos que los nazis construyeron en la Polonia ocupada, Duda ha querido dejar abierto un pequeño resquicio a algunos cambios y ha declarado que, aunque tras firmar la ley, pedirá al Tribunal Constitucional algunas aclaraciones.

Israel, junto con EE UU uno de los más valiosos aliados del Ejecutivo nacionalista polaco —y más ahora en un momento en el que Varsovia tiene serios conflictos con las instituciones comunitarias por sus continuos ataques al Estado de derecho—, se ha mostrado hoy esperanzado con que la ley sea enmendada en el Tribunal Constitucional.  "Esperamos que, dentro del tiempo asignado hasta que concluyan las deliberaciones en el Tribunal, podamos acordar cambios y correcciones", ha declarado un portavoz de Ministerio de Exteriores de Israel.

Es una reacción tibia en comparación a la firme condena del primer ministro Benjamín Netanyahu y de miembros de su Gabinete en los últimos días, que puede significar que el asunto no está cerrado. Y eso, pese a que tras otra controvertida reforma legal, el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) controla el Tribunal Constitucional. Israel y Estados Unidos sostienen que la medida frenará la libertad de expresión y, aunque recoge excepciones legales para la investigación o el arte, puede dificultar cualquier discusión sobre hechos históricos básicos y sobre el papel que algunos polacos desempeñaron en los crímenes nazis.

La ley, ha dicho el presidente Duda en un discurso televisado, "preserva los intereses de Polonia, nuestra dignidad y la verdad histórica para que los juicios contra nosotros en todo el mundo sean honestos y para que nos abstengamos de difamarnos a nosotros mismos, como Estado y como nación". Un argumento similar al del Gobierno, que mantiene que la ley es necesaria para proteger la reputación de sus ciudadanos y asegurarse de que son reconocidos como víctimas y no como actores de la agresión nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Polonia tenía la mayor población judía antes de la II Guerra Mundial: tres millones de los seis millones de judíos aniquilados por los nazis en la “solución final” fueron asesinados en campos de concentración ubicados en la Polonia ocupada (1939-1945) por los nazis, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Sólo 380.000 de los tres millones de judíos polacos sobrevivieron al exterminio. Y no sólo los judíos sufrieron las atrocidades del régimen nazi durante la ocupación alemana, cientos de miles de polacos católicos fueron deportados y asesinados también. Los polacos ni organizaron ni construyeron los campos de exterminio, algo que la historia no cuestiona. Tampoco el Gobierno polaco en el exilio colaboró jamás con los nazis. Y entre los polacos fueron un nutrido número quienes ayudaron a los judíos y opusieron tremenda resistencia al régimen del Tercer Reich. Sin embargo, como en todos los países ocupados hubo ciudadanos que colaboraron con el régimen nazi.

Negar esa realidad, han alertado los académicos y activistas, puede alentar un aumento del antisemitismo en un momento, además, en el que la ultraderecha y las posturas xenófobas están aumentando en Polonia. El antisemitismo en el Gigante del Este (unos 38 millones de habitantes) y actualmente uno de los países más unitarios étnica y religiosamente, se ha incrementado, según el último informe de 2017 del Gobierno israelí, que cada año sondea las actitudes de distintos países. Una conclusión que se repite en otros estudios, como uno de la Universidad de Varsovia u otro del Pew Research Center, que revela que un 18% de los ciudadanos retiraría la nacionalidad a los judíos.