Israel aprueba una ley que frena el efecto de las investigaciones por corrupción

Después de 48 horas ininterrumpidas de filibusterismo, la Knesset (el Parlamento israelí) aprobó en la madrugada del jueves por 59 votos a favor frente a 54 en contra una ley que frena los efectos de las investigaciones policiales por corrupción de cargos públicos en Israel. Con su prolongado esfuerzo por obstruir el debate parlamentario, la oposición ha pretendido denunciar la que considera una norma hecha a la medida del primer ministro Benjamín Netanyahu. La brigada antifraude ya no podrá hacer públicas unas recomendaciones de imputación a la fiscalía que acarreaban hasta ahora la dimisión automática de los sospechosos.

Netanyahu se curó en salud antes de la ratificación parlamentaria de la ley cuando, a comienzos de mes, ordenó a la mayoría que sostiene su Gobierno que dejara sin efectos retroactivos la llamada “ley de recomendaciones”. Los dos casos abiertos en su contra por el Lahav 433, la división anticorrupción y contra el crimen organizado de la policía de Israel, no se verán así afectados por la nueva legislación. La prensa israelí sostiene que ambas investigaciones están prácticamente concluidas y que los detectives prevén presentar sus conclusiones a la fiscalía a comienzos de 2018.

Decenas de miles de ciudadanos se habían manifestado por el centro de Tel Aviv para protestar contra la corrupción en la vida pública pocas horas antes de que Netanyahu diera un giro radical al proyecto legal. El jefe del Gobierno ha sido interrogado este año siete veces por la brigada anticorrupción. En primer lugar, en el llamado Caso 1.000, bajo la sospecha de haber recibido regalos de alto valor —como puros habanos Cohiba y champán rosado francés — de su amigo Arnon Milchan, un empresario multimillonario, a cambio de supuestas ventajas oficiales. Y también en el Caso 2.000, abierto tras una grabación que revelaba supuestas negociaciones encubiertas con el propietario de un periódico para obtener una cobertura informativa favorable a sus intereses.

Algunos de los colaboradores más cercanos del primer ministro están siendo además investigados además en el denominado Caso 3.000, por el presunto cobro de comisiones en la compra de tres submarinos alemanes para la Armada por más de mil millones de dólares. Los analistas políticos israelíes sostienen que el objetivo de la “ley de recomendaciones” es precisamente protegerle de la onda expansiva política que pueda tener una indagación policial en su contra —y la posterior propuesta de imputación ante la fiscalía— como sospechoso de cohecho en la licitación de los sumergibles. Después de encadenar tres mandatos consecutivos desde 2009 al frente del Gobierno, el impacto del escándalo de los submarinos bajo su línea de flotación política amenaza con arruinar su sueño de convertirse en el jefe de Gobierno que más tiempo ha ocupado el poder en el Estado judío.

En un país que encarceló durante cinco años a un presidente —Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales— y que mantuvo entre rejas más de 14 meses a un jefe de Gobierno —Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción por sentencia firme en 2016—, ni las más altas magistraturas del Estado parecían hallarse a salvo de las pesquisas policiales.

A los 68 años, Netanyahu niega toda implicación en todos los casos que están siendo indagados. “No habrá nada [al final de las investigaciones] porque no hay nada”, suele argumentar en su defensa. El Likud, su partido, recuerda que seis de cada diez recomendaciones de la policía no suelen prosperar cuando llegan al Ministerio Público. La oposición replica que la norma recién aprobada ha sido diseñada para tapar los escándalos de corrupción pública, que representan memos del 1% de las investigaciones policiales abiertas.

El líder laborista, Avi Gabbay, proclamaba que Israel había vivido ayer “un día negro en Israel en la lucha contra la corrupción”. Yair Lapid, jefe de filas del partido centrista Yes Atid, ordenaba poco después la presentación de un recurso contra la nueva legislación ante el Tribunal Supremo, que ejerce la revisión de legalidad constitucional en Israel. Ambos, que han sido ministros en sus últimos Gabinetes, aspiran a apear del poder a Netanyahu.