El Gobierno de Trump favorece a las grandes empresas petroleras a costa de protecciones medioambientales

El Gobierno de Estados Unidos vuelve a ser un aliado del contaminante negocio de las empresas petroleras y de gas. A lo largo de los últimos meses, la Administración de Donald Trump, que en junio se retiró del Acuerdo de París, ha cumplido con numerosas peticiones del sector energético para eliminar importantes leyes destinadas a limitar la polución del agua y el aire. El giro del republicano en este asunto con respecto a Barack Obama se cristalizó en junio, cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, y está personificado por el líder de esa Agencia, Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático.

El Instituto de Petróleo Americano, el lobby de referencia para la industria del gas y el petróleo, envió en mayo a la Agencia para la Protección del Medioambiente de Estados Unidos una lista de leyes que consideran indeseables para sus negocios. En concreto, destacaron ocho regulaciones. Siete meses después, la Administración de Trump ha eliminado o retrasado seis de ellas.

La influencia es clara. Junto a la lista de leyes incómodas para el sector, un alto ejecutivo del Instituto de Petróleo Americano envió una carta pidiendo al Gobierno que alterara las regulaciones para “promover el acceso al petróleo y gas natural a nivel nacional, facilitando el proceso con normativas que sean rentables”. Entre otras cosas, el lobby —que representa a más de 625 empresas de la industria— solicitaba la suspensión de regulaciones en torno a las consecuencias de las fugas de petróleo en operaciones de perforación o la eliminación de medidas que limitan las emisiones de metano y otros gases.

El responsable es el director de la agencia medioambiental, Scott Pruit, un escéptico del cambio climático que durante su posición anterior, como fiscal general de Oklahoma, favoreció los intereses del sector energético y llegó a presentar hasta 14 demandas contra la agencia que ahora dirige. Tal y como hizo en su Estado, Pruitt aboga por reducir y descentralizar la agencia, concediendo más autonomía a cada gobierno estatal para establecer las regulaciones que afectan a la contaminación y las actividades empresariales. En 2011, una investigación de The New York Times reveló que enviaba cartas críticas contra el Gobierno de Barack Obama a petición de grandes petroleras como Devon Energy.

Entre otras de las peticiones que ha cumplido Pruitt se encuentran el retraso de regulaciones para mejorar la seguridad en plantas químicas o la reevaluación de medidas que limitan la contaminación del aire en las plantas energéticas, según un estudio de The Guardian. “Es evidente que para ellos el petróleo, el gas y la industria del carbón van por encima del pueblo americano, de la salud ciudadana y las organizaciones medioambientales”, afirmó Liz Gannon, exdirectora de comunicaciones de la Agencia.

Más allá de la Agencia medioambiental, la simpatía hacia el sector energético radica directamente del Despacho Oval. Trump ha retirado a EE UU del pacto mundial contra el cambio climático y firmado una orden ejecutiva para eliminar las protecciones de contaminación en ríos y fuentes de agua natural. A principios de este mes, el presidente ordenó la mayor reducción de reservas naturales en la historia del país, abriendo la puerta a la explotación de actividades como la extracción del gas y petróleo, la minería o la tala en tierras históricamente protegidas.