Claves de la factura del Brexit: presupuestos, pensiones y préstamos
Londres acepta casi todas las demandas europeas pero logra que la estimación quede en los 45.000 millones que prometió
La factura del Brexit contiene casi todo lo que la UE reclamaba a Reino Unido por pagos que quedarán pendientes en el momento de abandonar la familia europea. Inicialmente, Bruselas estimaba un saldo de 60.000 millones de euros. La cifra convenida este viernes, sin embargo, calca la horquilla que la primera ministra Theresa May sugirió que accedería a pagar: entre 40.000 y 45.000 millones de euros. Para conciliar esas dos posturas, los negociadores del Brexit han aplicado buenas dosis de creatividad que permiten a Reino Unido diferir algunos desembolsos y evitar que exista nunca un ajuste oficial de cuentas asociado al divorcio británico. Con este encaje, May traslada a su audiencia que no gastará ni un euro más de lo prometido, aunque el acuerdo garantiza a la UE que cualquier desfase inesperado en las cuentas será convenientemente saldado.
En la práctica, el desembolso de un máximo de 45.000 millones de euros es una mera orientación. La Comisión Europea siempre ha defendido que resultaba imposible acordar un número porque las cantidades pueden evolucionar en el tiempo. Pero el portavoz de May dio por bueno en Londres el tope de 45.000. Y Bruselas prefirió asumirlo —extraoficialmente— para no incurrir en contradicciones que pudieran debilitar el delicado acuerdo alcanzado este viernes.
El negociador europeo, Michel Barnier, ofreció una buena pista de a quién favorece —a la UE o a Reino Unido— la fórmula financiera pactada. Preguntado si podía citar un capítulo en el que Bruselas hubiera cedido, Barnier respondió. “Sí, hay aspectos en los que me he aproximado al lado británico. No he insistido, por ejemplo, en incluir los gastos derivados de la mudanza de las dos agencias europeas”, precisó el negociador de la UE, en referencia al cambio de sede que experimentarán la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Bancaria Europea, ahora ubicadas en Londres. Se trata de un detalle insignificante dentro de una factura millonaria. Y además el Gobierno británico se ha comprometido a cooperar en ese traslado.
Ajuste de cuentas
El ajuste de cuentas perfilado entre Londres y Bruselas incluye tres elementos. En primer lugar, las aportaciones que Reino Unido seguirá haciendo al presupuesto comunitario hasta 2020, fecha en que vence el actual marco financiero de la UE. Son entre 17.000 y 18.000 millones de euros. A continuación figura la parte más voluminosa, una especie de bolsa con compromisos adquiridos en anteriores presupuestos y aún pendientes de pago. La cuota correspondiente a Londres está entre 21.000 y 23.000 millones, aunque solo los irá abonando a medida que se materialicen, lo que hace el pago más llevadero. Finalmente está el capítulo de pasivos, principalmente la aportación a las pensiones de funcionarios británicos que se retirarán en el futuro. Son entre 9.000 y 10.000 millones de euros, aunque si se resta la parte respaldada con activos, la cantidad reclamable se queda en 2.000 o 4.000 millones.
Lejos de resultar definitivo, el tope de 45.000 millones que deriva de estas partidas supone, para los negociadores europeos, una estimación razonable que no incluye escenarios maximalistas. Estos pueden derivar de la obligación que adquiere Reino Unido de asumir los llamados pasivos contingentes, de futuro incierto. Como ejemplo figuran los préstamos millonarios concedidos a Ucrania en 2014 para evitar la quiebra. Si Kiev no restituyera los créditos recibidos, el presupuesto comunitario tendría que hacer frente. Y como el compromiso de financiar a Ucrania se adquirió antes de la salida británica, Londres asumiría su parte. El pacto financiero puede suponer, por tanto, una caja de sorpresas que arrastre pagos británicos hasta un horizonte temporal muy lejano. Pero para entonces —previsiblemente— el foco de atención sobre quién paga el Brexit habrá desaparecido. O al menos eso espera Londres.
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