El ‘ombudsman’ mexicano señala al Ejército por un nuevo caso de tortura, ejecución y desaparición forzada

El 27 de enero de 2016, a eso de las nueve de la noche, un convoy militar irrumpió en una casa de Tepatitlan, en Jalisco, unos kilómetros a las afueras de Guadalajara. Allá estaban varios muchachos, todos en torno a los 20 años. Según el relato de uno de ellos, los militares le agarraron a él primero y le empezaron a "golpear a tablazos en las nalgas". Le bajaron los pantalones a las rodillas y le dieron toques eléctricos en todo su cuerpo, y más tarde le echaron "agua, sal y cloro en los ojos". Luego fueron por los demás.

Es el inicio de un relato de terror que acabó con la muerte de dos jóvenes y lesiones de por vida para un tercero. Las repetidas denuncias de sus familiares motivaron una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que este martes ha presentado su informe en México.

El ombudsman prueba que integrantes del Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas llegaron aquella noche a la casa de uno de los jóvenes. Al parecer, pensaban que formaban parte de un grupo delictivo. Buscaban armas y drogas. Trataron de sacarles confesiones.

La divulgación del informe ocurre en un momento clave en la regulación del papel de las Fuerzas Armadas en México. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior que, entre otras cosas, perpetúa el uso policial de soldados y marinos en todo el país. Tanto Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de decenas de organizaciones sociales de todo México rechazan la ley, pues argumentan que promueve la violencia, ya de por sí desbocada en el país. La ley llega ahora al Senado para su discusión.

De acuerdo a la cuenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, este es el informe número 197 que emite la CNDH por violaciones de este tipo, cometidas por militares o marinos desde 2006.

En el caso de Tepatitlan, la CNDH concluye que los militares son culpables de la detención arbitraria de los jóvenes, la desaparición forzada, y la comisión de tortura y violencia sexual contra tres de ellos, además de la ejecución arbitraria de dos.

Aunque el texto de la CNDH confiere oficialidad a lo ocurrido, familiares de los jóvenes han denunciado desde hace casi dos años los abusos de los militares. En junio del año pasado, la revista Proceso contaba la historia de Abraham Rodríguez, padre de Abraham Rodríguez Martín, uno de los muertos: "La noche del pasado 27 de enero, cuando llegaba a su casa, le avisaron que "unos guachos" (soldados) habían entrado a la casa de su hijo y que los estaban golpeando a todos. El hombre llegó pero no pudo entrar a la vivienda, de dos plantas, pues varios soldados le cerraron el paso. Desde donde se quedó parado, escuchó que desde el primer piso salían los gritos de su hijo y los demás muchachos, sometidos a golpes por los militares".

El señor Abraham explicaba entonces que dos días después, el 29 de enero, la fiscalía del Estado de Jalisco le avisó de que habían encontrado dos cuerpos en una carretera cercana. Uno era el de su hijo y otro el de su sobrino, Luís Enrique Machuca. Las autoridades encontraron a un tercer joven, aún con vida. Traía el cuerpo lleno de golpes, moretones e hinchazones. Los médicos tuvieron que ponerle una sonda para orinar. Después de varios estudios le diagnosticaron rabdomiolisis, trastorno provocado por la descomposición de las fibras musculares. Literalmente, lo deshicieron a golpes.

En su informe, la CNDH recomienda a la Secretaría de la Defensa que "se imparta un curso de capacitación y concienciación en materia de Derechos Humanos a los servidores públicos de la secretaría, dirigido a prevenir y proscribir la desaparición forzada de personas, así como la realización de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".