“O se firmaba la paz en Colombia o seguía la maquinaria de terror”

Rodrigo Rivera (Pereira, 1963) es el responsable de la gestión del posconflicto con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Designado como alto comisionado para la Paz el pasado verano, en sustitución de Sergio Jaramillo, tiene la misión de pilotar la transición a la vida civil de la guerrilla más antigua de América, que hace hoy un año firmó con el Gobierno de Juan Manuel Santos el acuerdo que llevó al desarme a más de 7.000 guerrilleros.

Pregunta. Las FARC entregaron las armas, pero Colombia tiene un serio problema de polarización social. ¿Lo comprende?

Respuesta. Era previsible que sucediera. El acuerdo se firmó a poco más de un año de las elecciones. La fase inicial de la implementación iba a coincidir con esta fase electoral y entraña retos aún mayores a los que de por sí tiene un proceso de paz de este tipo. Eso obliga al Gobierno a tener serenidad y a estar enfocado en la gestión del acuerdo, en la sincronización de las instituciones y en un ejercicio muy demandante de interlocución con las FARC, la sociedad colombiana y actores internacionales.

P. ¿Ha empeorado la percepción que la sociedad tenía de estos acuerdos?

R. Hay de todo. Hay hechos muy poderosos que están desarmando prevenciones que tenían algunos sectores de la sociedad: la entrega de alrededor de 9.000 armas en buen estado por unos 7.000 exguerrilleros, algo más de 70 toneladas de material de guerra, ver a las FARC convertirse en partido político, verlos ejerciendo política sin armas… Son hechos muy poderosos, algunos caen mejor que otros. Por supuesto, a la sociedad le cae mejor verlos entregar las armas que verlos haciendo política.

P. ¿Influirá este clima en las elecciones de 2018?

R. La dinámica electoral genera una tentación muy grande a los actores políticos de ser cautelosos en la defensa de un proceso que despierta muchas heridas a sectores que fueron profundamente afligidos por la violencia. Es un filón político muy rentable electoralmente. Hay que ser extremadamente responsable como candidato o líder político para no apelar a este recurso. Creo que la sociedad colombiana es madura. La mayor parte de los ciudadanos van a respaldar un proceso que desactivó una máquina infernal de violencia y terror.

El proceso de paz despierta muchas heridas. Es un filón rentable electoralmente

P. Echando la vista atrás, ¿ese acuerdo era mejorable?

R. Este era un debate pertinente el año pasado, antes de firmar el acuerdo. Este proceso de paz pudo haber fracasado. Después de los 14 años de Gobiernos más fuertes y determinados contra las FARC, el saldo fue que les dimos golpes muy duros, pero no fueron derrotadas. Hubo unos sapos grandes que tragar, como que las FARC participaran en política de manera inmediata mientras simultáneamente tienen que ir a la Justicia Especial de Paz (JEP). La decisión fue que o se firmaba pagando ese precio o seguía la maquinaria de terror que no conseguimos derrotar.

P. Ahora están en el sistema y, por ejemplo, rechazan las modificaciones de la Corte Constitucional sobre el sistema de justicia del posconflicto. Por ejemplo, los civiles solo ingresarán en esa jurisdicción de forma voluntaria.

R. Discrepo de esta opinión. Es difícil encontrar una institución más comprometida con el acuerdo de paz que la Corte Constitucional. Hace un mes tomó la decisión histórica de considerar el acuerdo de paz como política de Estado, que tendrán que defender los tres próximos Gobiernos. A las FARC tenemos que decirles: “Bienvenidos al Estado de derecho”. Cuando hay discrepancias, quien resuelve es la Corte y a veces produce decisiones que gustan y otras no. No puede hacer carrera la versión de que el acuerdo se ha modificado. La Corte ha ajustado la interpretación de algunas cláusulas del acuerdo a la Constitución, sin afectar lo esencial. La participación política no es un derecho absoluto. Para ejercerla deben comprometerse a ir a la Justicia Especial de Paz y que se cumpla con la verdad y la reparación de las víctimas. Esto no rompe el acuerdo.

P. ¿Cree que la protesta de las FARC es una escenificación?

R. Han criticado que servidores públicos distintos a los militares y terceros, ciudadanos, no tengan que ir a la JEP. Que esto es impunidad. Olvidan decir que los militares sí están obligados a ir a la JEP cuando estén comprometidos en delitos graves. Si los terceros y servidores públicos son juzgados por la justicia ordinaria, las penas pueden llegar a los 60 años de cárcel. Las penas en la JEP son de máximo 20. Hay muchos incentivos para que estos actores vayan a la JEP porque les va a tratar con más benevolencia. No podemos graduar a la Corte como enemiga del acuerdo, va a ser la gran garante.

P. ¿A qué atribuye esta reacción de la dirigencia de la FARC?

R. Es natural que las FARC y el Gobierno hubieran preferido que la Corte hubiera avalado el acuerdo inicial. No ocurrió así. A juicio del Gobierno, no se rompe el corazón del acuerdo. El Gobierno y las FARC no están por encima de la Constitución ni el poder constitucional.

Hay líderes encopetados que siguen llamando a estos exguerrilleros narcoterroristas,

P. A pesar de su desmovilización, Colombia aún no ha resuelto el problema de la violencia.

R. Ha habido un descenso sustancial de la violencia derivada del conflicto con las FARC. Las cifras de instituciones que están haciendo seguimiento de la dinámica de violencia dicen que si en los últimos 18 meses el país hubiera seguido con esa clase de confrontación hubiera tenido 2.700 muertos más. También hay que recordar que las FARC eran la estructura más importante, pero no la única. Está el Ejército de Liberación Nacional, que es mucho más reducido, pero es significativo, con el que ahora tenemos un cese el fuego bilateral que ha generado alivios muy sensibles. Y luego están estructuras narcotraficantes y criminales como el Clan del Golfo.

P. Grupos que luchan por el control de la coca.

Hay muchos incentivos para que estos actores [los civiles] vayan a la JEP, porque les va a tratar con más benevolencia

R. Las FARC están cumpliendo y el hecho de que estén cumpliendo ha dejado vacíos en las zonas que ofrecen rentas ilícitas, fundamentalmente cultivo de coca y amapola, y minería ilegal. Y esa disputa ha probado ser letal, particularmente, para los eslabones más débiles de la cadena como los líderes sociales. Hay un esfuerzo grande del Estado en protegerlos, pero es imposible dársela a todos, especialmente a personas que no habían denunciado.

P. ¿Y qué pueden hacer?

R.Esta nueva dinámica tiene que estar más pendiente de cosas como estas, reconciliación, actos de pedagogía, crear ambiente de convivencia. Cuando usted mira que aún líderes muy importantes, encopetados, importantes de la sociedad colombiana, siguen llamando a estos exguerrilleros narcoterroristas, allí hay un principio de generar riesgos muy fuertes para la seguridad personal de estos excombatientes. La UE ya los sacó de la lista de terroristas.

P. ¿Es posible la reconciliación de los colombianos?

R.Colombia en 207 años de historia ha tenido sucesivos ciclos de violencia, los hemos cerrado con exitosos acuerdos de paz, pero no hemos logrado una reconciliación. Somos ignorantes en eso, tenemos que aprender mucho de los europeos, que lograron la reconciliación después de la II Guerra Mundial. Parecía imposible entre franceses y alemanes, o entre el pueblo alemán y el pueblo de Israel. Fue posible. A nosotros nos sirve de espejo.

P. ¿Nos puede concretar algunas cifras de la reincorporación? Las FARC dicen que no tienen dinero para proyectos productivos.

R. Más de 10.000 ya han recibido los dos millones de pesos (unos 670 dólares) de la normalización y han recibido ya tres pagos mensuales de sostenimiento. Les hemos abierto cuentas bancarias a casi la totalidad. Hay algunos que no porque están en la lista Clinton. Los pagos mensuales de sostenimiento son por dos años, el periodo que se requiere para prepararlos y reinsertarlos productivamente de manera sostenible. La mayor parte no sabe ni leer ni escribir. Los estamos alfabetizando. Están reclamando los proyectos productivos. Ya. Pero si se entrega el dinero antes de que estén preparados, se gastan el dinero en cosas que no están necesariamente relacionadas con los proyectos productivos.

P. ¿Es viable una ampliación del alto el fuego con el ELN, que termina el 9 de enero?

R. Había habido diálogo, pero este es el primer acuerdo que hemos alcanzado con el ELN. El ambiente general de paz ofrece una oportunidad quizá incomparable, quizá irrepetible para un avance mucho mayor, pero no depende solo de nosotros.

R. Al ELN lo que le estamos diciendo es que hay que tener un sentido de la oportunidad histórica. No sabemos cómo va a ser la campaña presidencial, es posible que la dinámica de la campaña le imponga al próximo presidente umbrales de negociación que el presidente Santos no tiene. Nosotros somos moderadamente optimistas.