La ‘casa del horror’ de los Andes

Una vieja casa colonial en una ciudad de la cordillera colombiana de los Andes. Una fundación, Peces Vivos, de reciente creación y supuestamente dedicada a la atención de niños y adolescentes con “discapacidad psicosocial”. Diez trabajadores, entre ellos la directora del centro, detenidos con la acusación de torturas y vejaciones. Y 11 víctimas de tratos “inhumanos”, según la fiscalía. Es la historia escalofriante, aún rodeada de incógnitas, del que ya se conoce en Colombia como el internado de los horrores de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en el centrooccidente del país.

Desde la operación que llevó a la detención de los presuntos responsables, el pasado 19 de octubre, se han multiplicado las versiones sobre lo que sucedía en esa institución, que trabajaba a puerta cerrada y no permitía el acceso a ningún desconocido. Los vecinos del barrio de La Pola, cerca de la alcaldía, hilaron relatos aterradores a los periodistas locales, hablaron de gritos de ayuda y lamentos, a menudo sin querer dar su nombre a los medios. La descripción más precisa de lo que ocurrió queda, en cualquier caso, reflejada en las palabras de Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia contra los niños.

Los internos, explicó al dar los primeros detalles de la investigación, “fueron durante mucho tiempo amarrados a sus camas, se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina”. “Fueron sometidos a doctrinas militares ante cualquier circunstancia como no comer o como comerse las uñas. Fueron castigados con ocasión de actos que se consideran criminales que deben ser absolutamente rechazados porque se cometieron contra niños en situación de discapacidad”, continúa su relato. Mañana la juez encargada decidirá si confirma las medidas cautelares para esas diez personas, cuyos abogados rechazaron las acusaciones en la audiencia privada celebrada el pasado lunes. Uno de los letrados, David Palacios, alega que no existía intencionalidad y que su defendido, auxiliar de enfermería, no tenía la formación adecuada para trabajar en un instituto psiquiátrico.

Testigo clave

La investigación partió del testimonio de un exempleado de la Fundación Peces Vivos, que tenía capacidad para alojar hasta 40 niños y niñas. “Los amarraban, los obligaban a hacer sus necesidades fisiológicas bajo los amarres, vivían o convivían con ello bajo tortura”, afirmó Gómez. Esa institución, constituida en Bogotá el 24 de agosto de 2013, obtuvo los primeros permisos seis meses más tarde y estuvo vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el organismo público encargado de velar por la protección de los menores. “Examinados cuidadosamente los estatutos, se reconoce la existencia de actividades relacionadas con la protección preventiva y especial de los niños, niñas y adolescentes, la garantía y protección de sus derechos considerados propios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, observándose que se ajustan a la Constitución Política y a la ley”, se lee en la resolución publicada por el Diario Oficial.

El municipio de Ibagué emitió hace un año una orden de cierre del internado aduciendo que la casa colonial que ocupaba era de interés histórico, aunque, según manifestó públicamente el alcalde, Guillermo Alonso Jaramillo, esa resolución nunca se llegó a ejecutar por el recurso presentado por la fundación. La ciudad, de alrededor de 500.000 habitantes, es una de las más antiguas de Colombia y fue fundada a mediados del siglo XVI por el capitán español Andrés López de Galarza. Esta historia ha conmocionado a sus vecinos, que ayudaron a las autoridades en las investigaciones. Además de la confesión del testigo, las 300 pruebas documentales que aportó la fiscalía se basan en denuncias y también en algún vídeo de vejaciones por parte de los extrabajadores.

“Prestaban supuestos servicios de atención y protección a un número importante de niños en situación de discapacidad [...] que fueron objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, insiste la fiscalía. Los cargos que les imputan son los de “tortura, destrucción de material probatorio y concierto para delinquir”. La justicia investiga también a algunos representantes de la Defensoría de la Familia por “no obrar aparentemente con la diligencia adecuada”.