¿Qué está en juego en las elecciones regionales de Venezuela?

Los comicios regionales del 15 de octubre en Venezuela son una cita relevante para medir las fuerzas del chavismo y de la oposición, pero no suponen una concesión a los partidos críticos con el régimen de Nicolás Maduro –hubieran tenido que celebrarse en 2016- ni coinciden con la principal demanda de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y de la mayor parte de las instancias internacionales. Esto es, la celebración de elecciones generales. ¿Por qué? Porque la configuración administrativa del país consagrada en la Constitución de 1999, el texto impulsado por el expresidente Hugo Chávez vigente hasta que la Asamblea Nacional Constituyente termine una nueva redacción, hace de la contienda del domingo una convocatoria sobre todo simbólica.

Los casi 20 millones de venezolanos inscritos en el censo están llamados a elegir por un período de cuatro años a los nuevos gobernadores de los 23 estados. No obstante, los Gobiernos regionales carecen de atribuciones importantes con algunas excepciones. El llamado Poder Nacional mantiene, de facto, el control final sobre todas las Administraciones públicas.

El caso de Henrique Capriles, uno de los más significados líderes opositores, es emblemático. El dirigente del partido Primero Justicia es uno de los tres gobernadores de la MUD, desde 2008 está al frente del Estado Miranda, que abarca parte del distrito metropolitano de Caracas, pero su margen de acción frente al Gobierno siempre ha sido escaso. Y el pasado abril la Contraloría General de la República, un organismo de vigilancia que de facto está al servicio del oficialismo, le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Capriles sigue siendo una de las figuras destacadas de la oposición a Maduro, aunque a pesar del apoyo popular que obtuvo su poder no es real.

Hay otro precedente que demuestra que los aparatos del régimen pueden, si se ven amenazados, actuar libremente contra las demás instituciones. Se trata de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, adoptada a finales de marzo, de despojar de todas sus funciones al Parlamento. Ese fallo fue la mecha que desencadenó las protestas que duraron hasta la elección de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio, una nueva Cámara íntegramente chavista y no reconocida por las fuerzas opositoras. Los enfrentamientos con los manifestantes y la represión policial dejaron un saldo de más de 120 muertos. Pero esas movilizaciones remitieron a principios de agosto. Beatrice Rangel, que fue ministra de la Presidencia durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez en los noventa, lo atribuye en conversación con EL PAÍS al cansancio de la población y de sus referentes después de cuatro meses de máxima tensión.

Ahora la oposición intenta recuperar el pulso y, aunque no se conforma con la celebración de estas elecciones, decidió participar mayoritariamente para ponerse a prueba. Mientras tanto, el régimen busca oxígeno con lo que pretende presentar como una concesión a la democracia, cuando en realidad podrá mantener las riendas, directa o indirectamente, de todas las Administraciones del Estado.