Bachelet busca levantar el secreto sobre los torturados

El primer Gobierno democrático tras la dictadura, el de Patricio Aylwin (1990-1994), formó la Comisión Rettig, una instancia que investigó por primera vez la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el régimen militar (1973-1990). Pero los detenidos y torturados no habían tenido un reconocimiento del Estado. Fue apenas en 2003, cuando se cumplieron los 30 años del derrocamiento militar del Gobierno de Salvador Allende, cuando el presidente Lagos anunció la creación de la Comisión Nacional de Política y Tortura, liderada por el sacerdote Sergio Valech. Esta comisión recolectó miles de testimonios de víctimas y sus familiares y estableció que 28.459 personas habían sufrido prisión política y torturas en la dictadura.

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Lagos había explicado mediante el ejemplo de una víctima que fue a verlo a la sede del Gobierno las razones para establecer 50 años de silencio y no 30, como se pensaba en un comienzo. "Presidente, usted ve que soy todavía joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo. Ocurre, presidente, que yo espero estar viva todavía cuando tenga 80 años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela; 30 años para mí son insuficientes y por eso le pido a usted que pueda extender la privacidad de mi declaración durante 50 años", le dijo la mujer a Lagos.

Varios sectores sospechan que lo que hubo fue una especie de acuerdo entre el Gobierno de la época y las Fuerzas Armadas. Las supuestas negociaciones secretas —negadas enfáticamente por Lagos— son esbozadas por determinados dirigentes de izquierda. El diputado comunista Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos y el principal impulsor del proyecto de ley, ha señalado: "No se entiende por qué se puso secreto por 50 años si no es para otorgar impunidad a los que torturaron". El primer Gobierno de Bachelet formó una nueva comisión, conocida como Valech 2, que estableció la existencia de 9.795 nuevas víctimas de prisión política y tortura en la dictadura. Tanto la información recogida en esta instancia como la contenida en el Informe Rettig están a disposición de los tribunales, a diferencia de la Comisión Valech de la Administración de Lagos.

Privacidad de las víctimas

El Gobierno de Bachelet, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, ha explicado que no se vulnerará la privacidad de las víctimas. "Con esta medida lo que estamos haciendo es nada más que entregarle la posibilidad a los tribunales de justicia que cuenten con información que además no sabemos si les va a ser útil o no, pero hay que hacer el intento".

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, indicó que "con la comisión de crímenes de lesa humanidad, el ofendido es la humanidad toda y existe, por lo tanto, un bien superior y un derecho de la comunidad a conocer la verdad con todos sus detalles". Hace tres años, sin embargo, el propio Gobierno de Bachelet defendió el secreto del Informe Valech ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una denuncia realizada por víctimas de prisión política.

La actual iniciativa de Bachelet, a menos de seis meses de dejar del poder, en marzo, genera rechazo en sectores del propio oficialismo por vulnerar un compromiso realizado por el Estado ante las víctimas que entregaron su testimonio y porque no es claro el verdadero aporte de los antecedentes incluidos en el informe.